VALÈNCIA (EP). La plataforma Junts per l'Habitatge, formada por una treintena de organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, ha protestado ante el Palau de la Generalitat para exigir poner freno a la especulación y a la subida del precio de los alquileres.

“Estamos en una situación límite. Ningún gobierno, sea del signo político que sea, puede apropiarse del derecho a la vivienda, que es sagrado”, han advertido representantes de los colectivos, que este lunes entregaron una serie de propuestas de vivienda por registro de entrada dirigidas al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Una de sus principales peticiones es que la Generalitat intervenga para evitar que fondos buitres compren viviendas que se podrían destinar a familias vulnerables, algo que la administración puede hacer con la compra mediante el derecho de tanteo y retracto.

Como “medida ineludible”, insisten en la necesidad de que el Consell aplique la Ley de Vivienda estatal para poder controlar los alquileres, que están actualmente en unos niveles absolutamente impagables.

En esta línea, proponen la puesta en marcha de un programa de alquiler solidario entre particulares, al considerar que “no todos los pequeños propietarios quieren subir el precio sin control”.

“Rechazamos el relato permanente de que el problema es que te van a okupar la vivienda, que está generando una tensión y una lucha entre particulares como si en el vecindario todos fuéramos salvajes”, ha manifestado el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, José Luis González, quien ha rechazado las nuevas oficinas antiokupación creadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de València.

Ciudades para los vecinos y sin desahucios

Otra de sus exigencias es "un planteamiento serio de defensa al derecho a la vivienda, con todo lo que supone", ya que de lo contrario "se está potenciando que esto sea el predominio salvaje del beneficio de la usura y del turismo". "Esta ciudad no puede ser una ciudad para el turismo, sino para los vecinos. Alguien tiene que poner límite. Nos tiran de nuestra casa y están haciendo de nuestra ciudad un escaparate", ha reivindicado el portavoz de la PAH.

Paralelamente, las asociaciones advierten que continúan los desahucios, de los que “actualmente el 70% son por demoras en el pago del alquiler”, y exigen a la Generalitat que ponga todos los medios a su alcance para evitarlos y que no "vacíe de contenido" a la oficina autonómica anti-desahucios. Según apuntan, en 2024 hubo 3.610 desahucios en la Comunitat Valenciana y en el primer trimestre de 2025 otros 794.

A la protesta ha asistido Carmen, una mujer a la que quieren desahuciar al haber comprado un fondo buitre su vivienda de protección oficial, a pesar de que tiene una hija de diez años con discapacidad y de que es viuda.

También ha participado Jéssica, una vecina del distrito de Algirós a la que su casero no quiere renovar el alquiler tras 14 años viviendo en el mismo piso, a pesar de que tiene dos hijos menores y de que padece Parkinson.

“¿Si a una persona como yo, que tiene discapacidad y dos hijos, no se le renueva el contrato y no tiene ninguna posibilidad para encontrar una vivienda, cuánta gente sin tantas necesidades está en la misma situación? ¿Si nos quitan la vivienda qué tenemos?”, se ha preguntado, y ha lamentado la larga lista de espera de solicitantes de vivienda pública.

No "regalar suelo público" en zona Dana

Por otro lado, desde la plataforma rechazan las medidas urbanísticas planteadas en la zona afectada por la Dana en la provincia de Valencia, al considerar que "lo que no se puede hacer de ninguna manera es regalar suelo publico para construir viviendas a través de la nueva fórmula de permuta que sustituye al derecho de superficie".

Estas asociaciones animan a la ciudadanía a participar en la concentración convocada el próximo 17 de julio ante la puerta de Les Corts Valencianes para exigir "unos presupuestos al servicio del pueblo".