VALÈNCIA. Otro pulso más de agricultores valencianos contra el acuerdo comercial con Mercosur. Valencia se ha visto este lunes invadida de nuevo por 200 manifestantes y hasta 115 tractores (según Delegación de Gobierno) que recorrieron la ciudad para protestar contra el tratado, que ahora mismo se encuentra en manos del Tribunal de Justicia de la UE tras la denuncia de una mayoría ajustada en el europarlamento.
"Es por la salud de todos, no es solo un problema del sector primario, sino de todos los consumidores", afirma uno de los productores, procedente de la comarca Utiel-Requena, en referencia al riesgo de que entren más productos tratados con sustancias que están prohibidas en el mercado comunitario pese a la promesa de la UE de incrementar un 50% las inspecciones en origen y un 30% en destino.
Esta nueva movilización ciudadana contra el acuerdo con Mercosur está convocada por Unaspi, Alive, Sepricas, asociaciones independientes que no se sienten representadas por las organizaciones principales del sector, las cuales han convocado otra manifestación para el próximo jueves, 29 de enero.
Pese a la división entre asociaciones, todas coinciden en que el acuerdo comercial supone una amenaza directa para la agricultura y la ganadería españolas al permitir la entrada de productos de terceros países sin las mismas exigencias sanitarias, laborales y medioambientales que se imponen en la Unión Europea. La consecuencia de esta asimetría comercial, según indican, es el de una competencia desleal al haber más productos y más económicos, por un lado, y un mayor riesgo de presencia de sustancias inadmitidas en la producción europea.
La movilización de este 26 de enero en Valencia arrancó con una marcha de tractores a las 8:30 de la mañana. El recorrido previsto ha discurrido por la avenida de Catalunya con el cruce de Doctor Vicente Zaragoza, visibilizando el malestar del campo valenciano y del conjunto del sector primario ante una situación que califican de insostenible.
Para quienes no han participado con vehículos agrícolas, la organización ha establecido un punto de encuentro a las 11 horas en la Estación del Norte, desde donde viandantes y simpatizantes se han sumado a la protesta. Bajo el lema 'No a Mercosur', los manifestantes reclaman medidas urgentes para proteger la producción local, garantizar precios justos y asegurar la supervivencia de agricultores y ganaderos. Los manifestantes alertan de que el acuerdo comercial con Mercosur simplemente ha retrasado su ratificación al tener que pasar por al tribunal de justicia europeo, por lo que, insisten, aún continúa el riesgo de que salga adelante. "No basta con posponerlo, queremos frenarlo", señalan los productores que se manifiestan este lunes.
Promesas y dudas
Ante la creciente presión de las organizaciones agrarias del Mediterráneo, la Comisión Europea se ha comprometido a un refuerzo histórico en la vigilancia fronteriza. La promesa es ambiciosa y consiste en incrementar un 50% las inspecciones en origen y un 30% adicional en los controles a la llegada a los puertos europeos. Pero, ¿es este despliegue suficiente para frenar la entrada de plagas o simplemente un bálsamo burocrático?
Bruselas ha sacado la artillería pesada para defender la reciprocidad del acuerdo. El plan para 2026 pasa por enviar misiones permanentes de auditores a las zonas productoras de São Paulo o Corrientes. El objetivo es garantizar que lo que viaja hacia Europa no solo cumpla con la normativa de seguridad alimentaria, sino que se ajuste a los estándares de sostenibilidad que la UE exige a sus propios agricultores, que a su vez denuncian el encarecimiento de los costes derivados de estas limitaciones.
El incremento del 50% en estas misiones se percibe como un avance, pero el sector agrario valenciano insiste en que la única garantía real sería la cláusula espejo pura. Es decir, que no entre nada que no haya sido producido exactamente bajo las mismas prohibiciones que sufre un agricultor de Alzira o Vila-real. En otras palabras, que no sólo se fiscalice el producto final sino el proceso. Con esto, los agricultores y ganaderos europeos no defienden simplemente la sanidad vegetal o seguridad alimentaria, sino que reclaman que los costes sean similares para todos sin que los productos de fuera puedan competir vía precio.
Las cifras de las cuotas siguen siendo el verdadero campo de batalla. Brasil, el gigante del zumo, podrá poner en el mercado europeo hasta 450.000 toneladas anuales con arancel reducido, mientras que el arroz de Uruguay y Argentina entrará con una franquicia de 60.000 toneladas a arancel cero. Esta cantidad de 60.000 toneladas de arroz equivale al 2% del consumo europeo y, según datos de comercio exterior, la Union Europea es deficitaria al producir sólo el 60% de lo que se consume.
Bruselas insiste en que las salvaguardas bilaterales están listas para activarse en un plazo de 21 días máximo si se detecta una perturbación grave del mercado. Pero la experiencia previa con los acuerdos con Sudáfrica o Egipto no invita al optimismo entre los productores. Con todo ello, la Comunitat Valenciana se enfrenta a un futuro de dos velocidades. Por un lado, la industria valenciana celebra las oportunidades que se le abren con el acuerdo comercial que pone fin a los aranceles y proyecta ahorros de hasta 100 millones de euros para las empresas valencianas que ya comercian con el bloque sudamericano. Por otro, un sector agrario que alerta de que el pacto comercial arruinará a los productores europeos y que pone en riesgo, según indican, la seguridad alimentaria de los consumidores.
