VALÈNCIA. Este jueves estaba señalada el juicio por un presunto caso de enchufismo en el seno del Puerto de Valencia. Una vista que, sin embargo, no se ha podido llevar a cabo al no haber acudido a la cita uno de los abogados alegando indisposición. El juzgado de lo Social número 8, el encargado del caso, tendrá que señalar nueva fecha, que por el momento se desconoce: dependerá del calendario que tenga previsto para los próximos meses.
El nombramiento de directivos en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), organismo que preside Mar Chao, está en entredicho después de que la sección sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT-APV) llevara a los tribunales tres casos en los que consideró que se había hecho una suerte de 'traje a medida' dirigido a determinados perfiles, que acabaron ganando las respectivas plazas.
El que se juzgaba este jueves era el nombramiento de la jefa de Gestión Económico-Financiera, Alicia Gimeno. Pero además, hay otras dos denuncias presentadas por la organización sindical: contra la selección de la actual subdirectora de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, Manuela Gras, cuya vista está fijada para el 1 de octubre como publicó este diario, y contra el nombramiento de la subdirectora de Gestión de Dominio, Belén Fernández, que ya ha abandonado su puesto, pero su juicio está por señalar.
La adjudicación de las plazas habían generado suspicacias tanto dentro y fuera del Puerto pues había quien consideraba que estaban teledirigidas. Tanto es así que tres semanas antes de que se acabara el plazo para presentarse al concurso, se registró ante notario un documento donde se dejaba constancia de que existía "el firme convencimiento" de que dos de las plazas iban a ganarlas Manuela Gras y Alicia Gimeno, como así acabó siendo.
Antes de materializarse las adjudicaciones, la sección sindical de UGT registró varias reclamaciones previas ante la Autoridad Portuaria exigiendo la anulación de las bases de estos procesos selectivos. Tras ello, y ante "la falta de respuesta y el silencio administrativo del organismo demandado", señalaron en el sindicato, finalmente recurrieron a la vía judicial.
Así, el sindicato anunció tres demandas para impugnar sendos procesos de selección por una supuesta "falta de cumplimiento de principios fundamentales como el mérito, la capacidad y la igualdad". Según la denuncia, los procesos de selección se han llevado a cabo "con criterios que favorecen a determinados perfiles, dejando de lado a otros aspirantes que podrían cumplir con los requisitos necesarios como el propio personal que trabaja" en el Puerto.
Con ello, el sindicato busca no solo la anulación de las bases impugnadas, sino también asegurar que los procesos de selección en la Autoridad Portuaria de Valencia se realicen "de manera justa y transparente, garantizando así la igualdad de oportunidades para todas las personas que se quieran presentar como futuros candidatos/as", según explicó el sindicato, que reiteró su "compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras", enfatizando "la importancia de que los futuros procedimientos se realicen con total transparencia y equidad".