VALÈNCIA. El nombramiento de directivos en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) está en entredicho después de que la sección sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT-APV) llevara a los tribunales tres casos en los que consideró que se había hecho una suerte de 'traje a medida' dirigido a determinados perfiles, que acabaron ganando las respectivas plazas.
Uno de ellos fue el puesto de subdirección de Infraestructuras Instalaciones y Conservación, que el organismo, presidido por Mar Chao, sacó a concurso a finales de abril del pasado año por un sistema de concurso por méritos y entrevista. La plaza, fuera de convenio, fue finalmente adjudicada a Manuela Gras. Ahora, el juzgado de Social número 12 de Valencia, en el que ha recaído esta demanda, ya ha fijado fecha para el juicio, según ha podido confirmar este diario: se ha señalado para el 1 de octubre de 2026. Preguntadas fuentes oficiales de la Autoridad Portuaria por este diario, confirmaron que tienen "información del recurso", negándose a entrar en más detalles sobre el desarrollo del proceso de selección.
La vencedora obtuvo la puntuación más alta (71 puntos frente a 67 de su principal competidor) tras quedar segunda en la fase de méritos (46 puntos frente a 50) y obtener la mejor valoración en la fase de entrevista (25 puntos frente a 17). Entre las funciones que se asignaba esta plaza se encontraba "supervisar la correcta ejecución de las obras, así como de los trabajos de conservación ulteriores, poniendo especial énfasis en el entorno puerto-ciudad, habida cuenta la inminente liquidación del Consorcio Valencia 2007 y las actuaciones previstas en los ámbitos próximos a las ciudades de Valencia, Sagunto y Gandía". Se da la circunstancia de que Gras había ejercido ya como jefa de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Servicios del mencionado consorcio, que se disolvió el año pasado
Precisamente esta y otra plaza directiva, la de jefatura de Gestión Económico-financiera, habían generado suspicacias tanto dentro y fuera del Puerto pues había quien consideraba que estaban teledirigidas. Tanto es así que tres semanas antes de que se acabara el plazo para presentarse al concurso, se registró ante notario un documento donde se dejaba constancia de que existía "el firme convencimiento" de que iban a ganarlas Manuela Gras y Alicia Gimeno, como así acabó siendo.
Antes de materializarse las adjudicaciones, la sección sindical de UGT registró varias reclamaciones previas ante la Autoridad Portuaria exigiendo la anulación de las bases de estos procesos selectivos. Tras ello, y ante "la falta de respuesta y el silencio administrativo del organismo demandado", señalaron en el sindicato, finalmente recurrieron a la vía judicial.
Así, el sindicato anunció tres demandas para impugnar sendos procesos de selección por una supuesta "falta de cumplimiento de principios fundamentales como el mérito, la capacidad y la igualdad". Además de los dos mencionados, también recurrió la subdirección de Gestión de Dominio, Belén Fernández. Según la denuncia, los procesos de selección se han llevado a cabo "con criterios que favorecen a determinados perfiles, dejando de lado a otros aspirantes que podrían cumplir con los requisitos necesarios como el propio personal que trabaja" en el Puerto.
Con ello, el sindicato busca no solo la anulación de las bases impugnadas, sino también asegurar que los procesos de selección en la Autoridad Portuaria de Valencia se realicen "de manera justa y transparente, garantizando así la igualdad de oportunidades para todas las personas que se quieran presentar como futuros candidatos/as", según explicó el sindicato, que reiteró su "compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras", enfatizando "la importancia de que los futuros procedimientos se realicen con total transparencia y equidad".
