VALÈNCIA (EP). El pleno del Consell ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), impulsado por la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que tiene como objetivo "adaptar la legislación vigente a las realidades sociales actuales", con un enfoque "centrado en la dignidad, la inclusión activa y la equidad".

La vicepresidenta primera y portavoz, Susana Camarero, ha destacado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que esta norma se encuentra en un "momento clave" de revisión tras años de implementación y ha resaltado que ha sido "una herramienta importante para combatir la pobreza y la exclusión social".

Sin embargo, ha considerado que los "cambios sociales y económicos requieren su actualización" con el fin de "responder mejor a las necesidades actuales, simplificando su acceso, garantizando derechos y fortaleciendo su papel como herramienta de inclusión social, atajando verdaderamente las causas generadoras de la pobreza".

La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión, que actualmente regula esta prestación, ha cumplido más de seis años desde su aprobación. Durante este tiempo, argumenta el Consell, se ha constatado "la necesidad de una revisión que corrija las deficiencias del modelo anterior y ofrezca una respuesta más efectiva y adaptada a las necesidades de la ciudadanía valenciana".

A través de esta actualización, el Consell "garantiza el compromiso con el derecho a una prestación económica y a la inclusión social" y también "asegura que ninguna unidad de convivencia carezca de los recursos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas". En el proceso de elaboración de la ley, destacan desde el gobierno valenciano, han participado colegios profesionales, servicios sociales municipales, ONG, así como personas en situación de vulnerabilidad.

"Simplificación normativa"

Uno de los ejes de este anteproyecto de ley es la "simplificación normativa" y de acceso a la prestación, que facilitará que más personas puedan beneficiarse de la RVI. En este sentido, se amplía el perfil de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que compatibilicen la RVI con otros subsidios.

Otro cambio importante que contempla la nueva ley es la revalorización del papel de los profesionales de los servicios sociales municipales. Ahora se les liberará de la carga burocrática de la instrucción de expedientes, permitiéndoles centrar su labor exclusiva y únicamente en la intervención social y el acompañamiento a las personas. Esta instrucción, que antes recaía en los servicios municipales, será asumida ahora por la Dirección General de Inclusión y Cooperación, que centralizará y agilizará los trámites.

Además, la nueva ley refuerza el papel de los itinerarios de inclusión social, que se configuran como una vía clave para que la Renta Valenciana de Inclusión no sea solo una ayuda económica en exclusiva, sino también una herramienta eficaz para la efectiva inclusión de la persona. Para ello, se impulsa su incorporación a los itinerarios de manera progresiva y adaptada a las circunstancias de cada persona beneficiaria. Asimismo, se fomenta la solicitud y tramitación electrónica, garantizando al mismo tiempo la atención presencial para quienes lo requieran.

Compatibilidad con el empleo e incentivos

Una de las actualizaciones "más destacadas" es la compatibilidad de la prestación de RVI con los rendimientos de trabajo. Esta medida busca "eliminar barreras y fomentar activamente la inserción laboral", permitiendo que las personas beneficiarias puedan complementar sus ingresos de la RVI con un empleo. Con ese propósito, se introduce el incentivo al empleo y la imposibilidad de renunciar a ofertas de trabajo adecuadas, lo que subraya "el compromiso de la ley con la activación laboral de los perceptores".

Además, la RVI será compatible con rendimientos procedentes de cualquier prestación de carácter público o privado, incluyendo expresamente las prestaciones por desempleo y otros subsidios, ofreciendo una red de seguridad más amplia y flexible.

Familias y colectivos vulnerables

La reforma de la RVI incluye también medidas concretas para proteger a los colectivos más vulnerables: se establece una priorización en la cobertura para las familias con menores y a las familias monoparentales y se presta especial atención a las personas con problemas de salud mental en situación de pobreza, en sintonía con las iniciativas del Plan Salud Mental.

Otra novedad relevante es la creación del complemento para la infancia, destinado a aquellas familias con hijos que se encuentren en situación de pobreza. Este complemento podrá alcanzar hasta 180 euros al mes por familia, representando un apoyo económico vital para los hogares con menores. Adicionalmente, se crea el complemento de emergencias, que supondrá un aumento del 15% de la prestación en aquellas circunstancias de emergencias oficialmente declaradas.

Además, la nueva ley incorpora la posibilidad de efectuar el pago de la RVI mediante medios prepago con el objetivo de "reducir la brecha financiera" y facilitar el acceso a la inclusión a personas que tienen dificultades para operar con el sistema bancario tradicional.