VALÈNCIA. Nadie niega, un año después de la Dana, que se llegó tarde. Cuando sonó la alerta en los móviles de la provincia de Valencia, a las 20.11h, ya se habían producido buena parte de los fallecimientos. La tragedia ha supuesto un antes y un después en muchos aspectos. Al margen de las responsabilidades penales que puedan derivarse de las posibles negligencias que resultaron en la muerte de 229 personas, las administraciones han tomado conciencia de algunas deficiencias. Tanto a nivel de infraestructuras antinundaciones, cuyos proyectos estaban sin realizar por el Gobierno y se han reactivado, como en la propia gestión de la emergencia por parte de la Generalitat Valenciana.

La riada trágica ha obligado a revisar protocolos en materia de prevención pero también de respuesta en las horas claves de una catástrofe. La administración autonómica ha introducido algunos cambios en la manera de proceder y la anticipación, en este sentido, es uno de los ejes fundamentales, lo que revela por otra parte la principal carencia en la actuación del 29-O. Pero incluye otras novedades significativas como un mayor papel de los técnicos en las decisiones y el envío de una alerta temprana.

Más papel de los técnicos y mayor anticipación

El Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, elaborado por la Conselleria para la Recuperación de Francisco José Gan Pampols, fue aprobado por el Consell el pasado mes de septiembre y recoge precisamente esta reforma. Según el documento técnico, será el director técnico de la emergencia el que ha de valorar si se activa la fase de emergencia y recomendar al conseller del ramo -quien tiene la última decisión- cuál de los tres tipos de emergencias tipificados se debería declarar.

La idea es implementar un "refuerzo competencial" del director técnico de la emergencia, el que está justo por debajo del conseller, puesto que esa figura "concentra el mayor conocimiento técnico sobre el riesgo y los recursos disponibles". Con ello se buscan decisiones "más ágiles sin necesidad de recurrir constantemente a instancias superiores, especialmente en situaciones de rápida evolución".

El Plan subraya "el impacto directo" de la fase inicial "en la protección a la población y frente a la propia emergencia", por lo que establece el "despliegue anticipado de la estructura operativa e interoperable", concebido para acelerar la respuesta ante cualquier catástrofe. Así, la activación deberá producirse "incluso antes de la declaración formal de la emergencia", sobre todo si hay "indicios de agravamiento".

Pero quizá una de las revisiones más importantes tiene que ver con la alerta temprana a la población porque, según el Plan, ya en una primera fase de alerta y seguimiento, tras detectar un fenómeno adverso, el centro de coordinación de emergencias (CCE) ha de evaluar el riesgo y decidir, desde el principio, si se lanza una alerta oficial al resto de administraciones y a la ciudadanía. Un aviso que se produciría incluso antes de que el director técnico valore qué nivel de emergencia se ha de activar.

El documento plantea incluso la actualización de los umbrales de riesgo a la nueva realidad del cambio climático y añadir una alerta 'negra' "para situaciones excepcionales de riesgo extremo, cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático", además de una "vinculación automática entre nivel de alerta y medidas concretas" como la suspensión de actividades al aire libre o la restricción del tráfico, "evitando que estas dependan de decisiones o criterios subjetivos".

Una comisión política y un acta para el Cecopi

Además, el Plan otorga un papel concreto a quien ocupa la Presidencia de la Generalitat después de la cuestionada actuación de Carlos Mazón el pasado 29 de octubre. Así, se crea un "órgano político" nuevo, la llamada Comisión delegada, a través de la cual el Gobierno valenciano "podrá seguir la gestión de la emergencia". Estará dirigido por el president, que la podrá convocar "cuando considere que concurren circunstancias suficientes para declarar la existencia de una situación de crisis", y estará integrado por los consellers de Emergencias y Hacienda, además del miembro del Consell que actúe como secretario.

Las funciones del órgano serán "determinar las directrices de la acción del gobierno encaminadas al seguimiento y conducción de la crisis", "planificar y desarrollar las políticas necesarias para resolver la crisis" y "adoptar disposiciones de carácter general relacionadas con la gestión de la crisis y sus efectos", además de "aprobar planes y programas de actuaciones o infraestructuras dirigidos a recuperar y a garantizar la normalidad de la vida ciudadana en las áreas afectadas por la crisis".

Ahora bien, esto no quita que el Cecopi, encabezado por el conseller de Emergencias como mando único, siga siendo el "órgano superior de trabajo" para dirigir la emergencia. Y aquí el Plan también hace algunas observaciones: sus reuniones deberán ser "operativas y concisas, con foco en el estado de la situación", sus sesiones se han de convocar "con un intervalo mínimo de 10 horas, una por la mañana y otra por la tarde, de acuerdo con la emergencia", y tendrá acta, no como hasta ahora. El Plan dice que se han de "registrar los acuerdos y acciones" que se lleven a cabo en "una herramienta centralizada que funcione como diario de operaciones".

Autoprotección y cierre de colegios

Algunas de las medidas que se van a implementar tienen que ver con la formación y concienciación de la población en la cultura de la prevención. Por ejemplo en las aulas, donde se va a empezar un programa para sensibilizar al alumnado frente a inundaciones y otras emergencias y se va a formar al profesorado sobre prevención, sistemas de alerta, autoprotección y apoyo emocional. Pero también se ha disparado la cautela cuando hay alerta por lluvias.

En el caso particular de València ciudad, uno de los principales cambios ha sido la decisión de suspender la actividad docente en los centros educativos ubicados en zonas inundables (según el Patricova) y en las pedanías que se inundaron en la Dana cuando se decrete alerta naranja. Una medida adoptada precisamente siguiendo las recomendaciones que la Generalitat trasladó a los municipios en el marco del plan de recuperación de Gan Pampols. En alerta roja, se suspenden las clases en todos los colegios de la ciudad con independencia de su ubicación. 

Otra de las novedades surgidas tras la catástrofe de la Dana ha sido la implantación de la estrategia València+Segura. Una iniciativa para "promover la cultura de la autoprotección" con la que el Ayuntamiento junto con la Universitat de València está realizando cursos de formación en emergencias a la ciudadanía.