VALÈNCIA. La declaración del ex concejal del Ayuntamiento de València y actual alto cargo autonómico Jorge Bellver como investigado en el caso Azud se ha celebrado este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia por videoconferencia. Fuentes presenciales indican que Bellver se ha acogido a su derecho de no declarar.

Según dichas fuentes, la comparecencia se ha desarrollado sin que el juez instructor haya accedido a la última petición de la defensa de aplazar la declaración por “falta de tiempo” para estudiar la causa, tal como se había planteado previamente por Bellver. Así, el exedil se ha conectado a la sesión por videoconferencia -las declaraciones de la instrucción se están llevando a cabo en este formato-, y al iniciar su intervención, ha anunciado que no haría declaraciones en este momento, ejerciendo su derecho a guardar silencio.

La defensa de Bellver había alegado indefensión al considerar que no había tenido tiempo suficiente para examinar la causa y atender con garantías su comparecencia. Esta solicitud fue rechazada o, al menos, no ha sido acogida por el juez al menos en el momento de la videoconferencia.

'Operación colegios'

Bellver fue citado a declarar como investigado en el marco de la pieza principal del Caso Azud, la presunta trama de mordidas y regalos a cambio de beneficios urbanísticos y adjudicaciones en el Ayuntamiento de València al conglomerado empresarial de Jaime Febrer durante los mandatos de Rita Barberá, donde Bellver ejerció como concejal de Transportes y edil de Urbanismo hasta 2012.

Según la investigación, el exedil podría haber estado implicado en una de las principales operaciones urbanísticas bajo lupa, el conocido como 'operación Colegios', una permuta del Ayuntamiento de València para entregar varias parcelas a una compañía del presunto corruptor, el empresario Jaime Febrer, a cambio de que esta asumiera una deuda municipal. Pero el intercambio se realizó, según la instrucción, adjudicando a dedo los terrenos al empresario por un valor muy inferior al real, de forma opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia pública.

La maniobra habría resultado en beneficio económico para el promotor. Una funcionaria del área de Urbanismo que intervino en el expediente denunció ante la jueza que sus superiores -entre los que se encontraba el concejal del ramo- le ocultaron información relevante, lo que habría permitido que la operación siguiera adelante sin obstáculos.