VALÈNCIA. La defensa de Jorge Bellver ha presentado un nuevo recurso de reforma en el caso Azud en el que pide el aplazamiento de su declaración como investigado el próximo lunes. El escrito sostiene que mantener la declaración del actual director general de Relaciones con Las Cortes de la Generalitat Valenciana en estas condiciones le generaría una “total y absoluta indefensión”, debido al tiempo “manifiestamente insuficiente” del que ha dispuesto para examinar una causa que supera los 122 tomos y más de 24.000 folios.

La impugnación llega después de que el jueza rechazara otro recurso previo, ratificara su condición de investigado y negara que se hubieran vulnerado sus derechos. Ahora, el recurso busca al menos que se posterge la declaración que tiene fijada el próximo lunes por la mañana.

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, alega que, tras su personación, la defensa acudió a la oficina judicial para obtener copia digital del sumario, pero esta “llegaba hasta el tomo 121” y no incluía la providencia que acordaba su investigación. La parte afirma que no tuvo constancia de ese documento hasta que el juzgado le indicó que la documentación faltante estaba disponible únicamente en soporte papel, que obtuvo al día siguiente. Desde entonces, sostiene, solo ha contado con “unos pocos días hábiles” para revisar íntegramente la causa. “Presumir que en ese escaso período de tiempo se cumple con las garantías mínimas de examen de las actuaciones se convierte en una pura entelequia”, señala el recurso.

La defensa rebate también el fundamento utilizado por el juez para denegar la suspensión, que se basaba en que Bellver habría sido notificado como investigado en mayo de 2022. Pero sostiene que no fue así porque lo que se le notificó fue un auto del año anterior que concluía que “en este momento procesal no hay indicios suficientes o principio de prueba que permitiera la elevación de una exposición razonada” al TSJ. Cabe recordar que, entonces, Bellver era diptuado y, por tanto, aforado. “¿De aquí se puede concluir que se estaba acordando la investigación de nuestro representado?”, plantea el recurso, que asegura que la argumentación de la providencia “no se sostiene desde el punto de vista legal”.

El escrito añade que, incluso si existiera alguna resolución previa acordando la investigación -“extremo que no nos consta”, matiza la defensa-, esta sería “nula de pleno derecho” por haberse dictado cuando Bellver era diputado autonómico, por lo que la competencia para cualquier actuación de ese tipo correspondía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. “Durante ese período un Juzgado de Instrucción no podría haber adoptado esta decisión”, señala, recordando que nunca se elevó exposición razonada alguna.

La defensa invoca además un trato procesal desigual respecto a otros investigados a quienes, cuando se levantó el secreto en 2022, se les concedió un plazo mucho más amplio para estudiar la causa. “No entendemos en base a qué a esta parte no se le da el mismo trato”, sostiene el recurso, que recuerda que el principio de igualdad se vulnera cuando se produce una diferencia de trato “carente de justificación objetiva y razonable”.

En ese sentido, el recurso concluye solicitando que se deje sin efecto la providencia impugnada y que la declaración del exconcejal del Ayuntamiento de València se reprograme “cuando menos, un mes después del dictado de la resolución”, insistiendo en que, a su juicio, “en ningún caso debería ser llamado a la causa en tal condición”.

'Operación Colegios'

Bellver fue citado a declarar como investigado en el marco de la pieza principal del Caso Azud, la presunta trama de mordidas y regalos a cambio de beneficios urbanísticos y adjudicaciones en el Ayuntamiento de València al conglomerado empresarial de Jaime Febrer durante los mandatos de Rita Barberá, donde Bellver ejerció como concejal de Transportes y edil de Urbanismo hasta 2012.

Según la investigación, el exedil podría haber estado implicado en una de las principales operaciones urbanísticas bajo lupa, el conocido como 'operación Colegios', una permuta del Ayuntamiento de València para entregar varias parcelas a una compañía del presunto corruptor, el empresario Jaime Febrer, a cambio de que esta asumiera una deuda municipal. Pero el intercambio se realizó, según la instrucción, adjudicando a dedo los terrenos al empresario por un valor muy inferior al real, de forma opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia pública.

La maniobra habría resultado en beneficio económico para el promotor. Una funcionaria del área de Urbanismo que intervino en el expediente denunció ante la jueza que sus superiores -entre los que se encontraba el concejal del ramo- le ocultaron información relevante, lo que habría permitido que la operación siguiera adelante sin obstáculos.