VALÈNCIA. La gestión de los residuos sigue siendo una asignatura pendiente. La Comunitat Valenciana manda a vertedero el 50% de sus residuos domésticos, por encima del límite que exige la legislación europea. No solo es una cuestión de educación ambiental, sino que la región se enfrenta a multas por no cumplir con los hitos fijados. Para afrontar este desafío, se está explorando la valorización energética de ciertos residuos industriales a través de tecnologías como el biogás y el biometano, que permiten reducir la cantidad que termina en vertedero y aprovechar mejor los recursos disponibles.

De hecho, la Comisión Europea ha diseñado una estrategia, dentro del plan REPowerEU, con hitos concretos en cuanto a potencia y desarrollo del biogás para reducir la dependencia de los gases fósiles. En la misma línea, el Gobierno de España ha aprobado una Hoja de Ruta del Biogás que plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030. Sin embargo, el despliegue de estas instalaciones no está exento de polémica.

En los últimos meses han surgido plataformas vecinales y un creciente rechazo social que ha puesto en cuestión varios proyectos. Desde la Generalitat Valenciana defienden que se trata de infraestructuras seguras, sometidas a una estricta tramitación ambiental y necesarias para cumplir los objetivos europeos y avanzar hacia un modelo más sostenible. "Existe una corriente social negativa contra las plantas de biogás, pero no es por un tema técnico porque hoy en día la tecnología está más que probada y la legislación para autorizar estas instalaciones es muy exhaustiva", remarca Jorge Blanco, director general de Educación y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana.

-Usted ha reconocido que la Comunitat necesita impulsar la valorización de residuos para cumplir con los objetivos que marca la ley. ¿Cuál es la situación actual?

-La Comunitat Valenciana genera en torno a dos millones de toneladas de residuos y manda a vertedero cerca del 50%, cuando se exige que sea el 40%. En 2030 solo podremos llevar un 20%, 400.000 toneladas a vertedero y en 2035, apenas 200.000, es decir, el 10%. Por tanto, estamos en una buena situación, pero es cierto que la normativa europea es cada vez más exigente y fija objetivos muy concretos con plazos cerrados. Eso nos obliga a anticiparnos. Tenemos que empezar a trabajar ya para disponer de las instalaciones necesarias que nos permitan cumplir con los objetivos que vienen en los próximos años.

-¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué tipo de instalaciones hacen falta?

-Hay que diferenciar entre residuos domésticos o municipales y residuos industriales. Los industriales no tienen objetivos tan específicos, pero los domésticos sí. El objetivo más importante es la eliminación de los residuos, por lo que hay que tratar de generar menos por persona. El problema es que cada vez somos más habitantes, por lo que el cómputo total sigue creciendo. Es inevitable, pero debemos reutilizar más, valorizar más y reciclar más. No obstante, llega un momento en que hay fracciones que no se pueden aprovechar materialmente y deben eliminarse y, o bien se envían a vertedero o se valorizan energéticamente.

-¿Estamos en disposición de llegar a esas cifras a futuro?

-Si actuamos con diligencia y desarrollamos instalaciones de valorización energética, sí. En la jerarquía de residuos, la valorización energética está por delante del vertedero, y eso es precisamente lo que nos falta. Cuando no se puede hacer valorización material, se intenta la química, pero hay un punto en el que no existe tecnología y hay que eliminar de manera segura, pero aprovechando la energía.

Por tanto, en prevención y reciclaje estamos razonablemente bien, pero el problema está en la eliminación, ya que ahora mismo estamos llevando aproximadamente el 50% de los residuos domésticos al vertedero, es decir, un millón de toneladas cuando deberíamos estar en el 40%. El motivo es que algunas instalaciones se han quedado obsoletas. Las plantas nuevas, con tecnología actualizada, funcionan bien y cumplen objetivos, pero necesitamos modernizar parte del sistema.

-¿Qué ocurre si la Comunitat incumple los objetivos? ¿Hay penalizaciones?

-Sí, la Unión Europea impone sanciones. De hecho, al Ministerio han llegado dos procedimientos, de los que en uno nos hemos librado, pero del otro no. Ha sido una multa de unos 700.000 euros por incumplimientos en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es cierto que el Ministerio está intentando rechazar esa sanción o, minimizarla, pero la realidad es que van a llegar y la ciudadanía tiene que saberlo. Por eso, hay que incentivar que la gente acuda a los ecoparques para depositar residuos que nunca deberían acabar en el contenedor gris.

-En general, ¿qué residuos se reciclan menos?

-Actualmente, hay cinco contenedores en la calle. El más importante es el marrón, para materia orgánica, porque aproximadamente el 40% de nuestra bolsa de basura es orgánica. Hay muchos pequeños aparatos eléctricos y electrónicos —batidoras, móviles, ordenadores, pilas, bombillas— que acaban en el contenedor gris cuando no deberían. Hay que llevarlos al ecoparque. Además, hacerlo tiene bonificación: al año siguiente se paga un poco menos de tasa. Si esos residuos van al contenedor gris, el ayuntamiento paga por esas toneladas y, al final, paga el ciudadano. Y además se perjudica la correcta gestión del resto de residuos. Tampoco el textil debe ir al contenedor gris. Estamos hablando de entre un 10% y un 15% en peso. Si generamos dos millones de toneladas de fracción resto, un 10% son 200.000 toneladas que podrían gestionarse a través de los canales adecuados, como los contenedores de asociaciones. Es muy importante la recogida selectiva.

-Comentaba que existen residuos que no se pueden aprovechar materialmente pero sí energéticamente. Las plantas de biogás y biometano, que empiezan a proliferar, ¿pueden ser una solución?

-El biogás y el biometano están especialmente enfocados a residuos agropecuarios y agroalimentarios, aunque también la fracción orgánica de los domésticos se podría tratar. La Comunitat tiene granjas y actividades agroindustriales que generan estiércol y purines, que mediante procesos de digestión anaerobia se transforman en biogás o biometano. Por tanto, estas instalaciones son una solución para el sector ganadero porque la gestión de purines es un coste y en estas plantas se tratarían de forma gratuita y segura, generando energía y una pasta sólida, el digestato, que en determinadas condiciones puede utilizarse como fertilizante. Además, la Unión Europea ha apostado claramente por el biogás.

-¿Cuál es la situación de la Comunidad Valenciana en este ámbito?

-En la Comunitat Valenciana solo hay dos instalaciones, una en El Campello y otra en Alicante, que cuentan con digestores para biometanización dentro de su proceso. Por otro lado, existe una Ruta del Biogás, elaborada en la anterior legislatura, que hablaba de un potencial en la región de más de 100 instalaciones, unos 500 millones de euros de inversión y más de 6.000 empleos. Cada planta supone entre 20 y 30 millones de euros de inversión. Este potencial permitiría sustituir aproximadamente un 6,5% del consumo de gas por biogás o biometano. 

-En estos momentos, ¿cuántos proyectos hay en tramitación?

-Actualmente, tenemos 15 expedientes, de los que seis ya han sido autorizados, siete están en trámite de autorización ambiental integrada y dos han sido denegados por informes negativos, generalmente por incompatibilidad urbanística. Si un proyecto cumple todos los informes sectoriales favorables, la administración no puede denegarlo.

-En los últimos tiempos han surgido cierto rechazo social por estos proyectos. ¿Cuáles son las principales críticas?

-Hay muchas empresas interesadas en el desarrollo de estas instalaciones, pero existe una corriente social negativa. Ese es el problema. Por tanto, no es un tema técnico porque hoy en día la tecnología está más que probada y la legislación para autorizar estas instalaciones es muy exhaustiva. El permiso conlleva un montón de documentación técnica con varios condicionantes para su puesta en funcionamiento como son una declaración de impacto ambiental, informes de gestión de residuos, de emergencias, de la Confederación Hidrográfica, la EPSAR…

-¿El rechazo es generalizado o una cuestión puntual?

-Hay una gran desinformación que puede ser interesada o no. Este fenómeno ocurre en toda España. Todas las semanas aparece alguna plataforma en contra de una planta de este tipo en algún pueblo de España. Es cierto que algunas instalaciones han generado problemas por mala gestión, y esas son las que salen en prensa. Pero la mayoría funcionan muy bien porque el gestor actúa correctamente, la instalación está bien construida y tiene tecnología de última generación.

-¿Existe mayor oposición por parte de ayuntamientos de algún color político?

-No, es algo generalizado que se utiliza como arma contra el adversario político. Así que da igual que sea de uno que de otro. Partiendo de que todo se politiza, esto es un tema más que se ha politizado.

-¿Qué impacto real pueden tener estas instalaciones en olores, tráfico pesado o ruido?

-Estas instalaciones no hacen ruido ni tampoco generan olores y si lo hacen es porque se están gestionando mal, pero no por la propia planta. Son construcciones que no ocupan mucho terreno y que tienen forma de cúpula y son cerradas. Un tema en el que sí incidimos porque puede ser un problema es en el tráfico de camiones que necesitan. Por eso, somos favorables a rutas que eviten pasar por los núcleos urbanos. De hecho, tiene más sentido que estén lejos porque las plantas de biogás o biometano deben estar próximas a los residuos de las granjas por un tema de ahorro de costes. Por tanto, cuando se habla de 'macroinstalaciones' que van a provocar residuos no es así, el residuo ya se genera en esa zona.

-¿Existen riesgos ambientales asociados a fugas o contaminación del suelo?

-Ni uno. Y el que dice eso, ¿piensa alguna vez si una gasolinera puede estar contaminando el suelo? Porque debajo tienes varios depósitos que han cumplido con unos certificados y una normativa. La misma norma hay que cumplir con los proyectos de biogás, que están impermeabilizadas, no tienen ningún tipo de fuga ni contaminan el suelo. 

-¿Este rechazo está frenando proyectos?

-Estas instalaciones son necesarias y al final lo que puede pasar es que otras comunidades apuesten por esta tecnología y al final la granja se vaya a esos territorios porque en ellos tienen solucionada la gestión de sus residuos. Es que eso puede pasar. Hay que pensar que estas instalaciones son seguras y están sometidas a una autorización muy exigente y regulada y si no cumples se sanciona. De hecho, en Europa hay más de 15.000 instalaciones de este tipo. Están totalmente reguladas y sometidas a condiciones muy estrictas.

-¿Cuál es entonces la estrategia de la Generalitat Valenciana para acelerar esta energía y movilizar proyectos? ¿Cuál es el objetivo de despliegue que se han fijado?

-Por lo menos nos gustaría cumplir con los proyectos que están en trámite. Es cierto que la Ruta del Biogás es del anterior gobierno, pero es un documento de partida que es válido y marca una hoja de ruta con el potencial que tenemos. Nosotros ahora vamos a tramitar el Plan Integral de Residuos en el que hay un apartado para la gestión de los residuos agroalimentarios y agropecuarios en los que también se habla de la necesidad de este tipo de instalaciones. En cualquier caso, si tienes un buen proyecto que cumple con la ley no hay más ruta. Esa es la ruta de la ley como cualquier otra industria. Cualquier actividad que esté sometida a una autorización tiene que tener unos informes favorables de todos los departamentos que intervienen y si lo tienes, no puedo desautorizar. 

-Cambiando de asunto, su departamento también tuvo que afrontar la gestión de las miles de toneladas de residuos de la descomunal Dana de octubre de 2024. ¿Cuántas toneladas fueron y cómo se trataron?

-Se generaron ingentes cantidades de residuos que llegaron a ser entre 1,2 y 1,3 millones de toneladas. Por tanto, en una sola noche se generó casi lo mismo que en un año produce la Comunitat Valenciana, que son cerca de 2 millones. En voluminosos, es decir, sillas, colchones, mesas....Normalmente se generan unas 180.000 toneladas al año, pero esa noche se multiplicó por cinco.

-¿Qué residuos predominaron?

-Principalmente, vehículos y voluminosos mezclados con lodo. Los 137 centros autorizados para tratar vehículos en la Comunitat Valenciana -lo que se conoce como un desguace- tienen capacidad para tratar 210.000 coches al año. Solo en una noche se generaron 140.000. ¿Qué hicimos? Sacamos una resolución para autorizar a esos centros a aumentar su capacidad. Al final, fue una ola de barro que arrasó con todo, por lo que autorizamos a los ayuntamientos para que pudieran hacer acopio de esos residuos en parcelas dentro de los municipios, lo que se denominaron puntos de acopio local (PAL). No obstante, nos dimos cuenta de que había que sacar esos restos de los núcleos urbanos, por lo que habilitamos tres grandes puntos de transferencia: uno en Catarroja (Pista de Silla), otro en una antigua cantera en Picassent y un tercero entre Quart de Poblet y Manises. Fue un sistema en el que durante meses Tragsa fue acumulando ahí el material.

Más tarde, sacamos un contrato de emergencia por el que adjudicamos a tres empresas especializadas en esta materia como son Urbaser, Paprec y PreZero y cada uno empezó a gestionar uno de esos tres puntos con trituradoras, cribas y maquinaria especializada.

-¿Se pudo valorizar parte del material?

-Sí. Lo fácil habría sido enviarlo todo a vertedero, pero decidimos hacerlo bien y, por eso, se apostó por hacer un contrato con unas directrices que adjudicamos a empresas especializadas. Lo que se ha conseguido es separar en torno a un 40% de tierra, que tuvo una segunda vida.

-¿Qué uso se le ha dado?

-Las propias empresas se la han llevado a sus vertederos como capa de cobertura, ya que muchas veces tienen que comprar tierra para cubrir las capas de residuos. También se utilizaron cerca de 10.000 toneladas en el sellado de la baseta lámica, un vertedero situado en Riba-roja, cuyo sellado ha supuesto una inversión de casi 15 millones de euros por parte de la Generalitat.

Además, en la Llosa, donde estaba previsto habilitar un pequeño parque, era necesario rellenar una parcela y se trasladaron allí otras 5.000 toneladas. La arena utilizada en ese parque procede precisamente del material reutilizado gracias al sistema de cribas y trituradoras, que permitía separar la tierra de los residuos.

-¿Cuánto tiempo ha llevado la retirada completa de los residuos y su valorización?

-El punto de transferencia de Catarroja, en la Pista de Silla, quedó vacío en mayo. El de Picassent, a finales de julio, y el de Quart de Poblet, a mediados de septiembre. Es decir, en nueve o diez meses todos los residuos generados aquel día estaban ya gestionados.

-¿Se ha podido dar una segunda vida a otros materiales?

-Sí. Las trituradoras incorporan un imán que permitió separar metales. También se recuperaron numerosos neumáticos y colchones, que se enviaron a gestores autorizados para su tratamiento.

-¿Existe una estimación de cuánto de esos cerca de 1,2 millones de toneladas de residuos se ha podido reutilizar?

-En torno al 45%, aproximadamente. Durante el proceso, se llegaron a acumular montañas de residuos de hasta 26 metros de altura, lo que equivale a ocho o nueve pisos de un edificio. Esa acumulación hacía que la humedad se mantuviera en el interior: la superficie estaba seca, pero en profundidad el material conservaba humedad. Cuando la excavadora retiraba el material seco, las cribas y trituradoras funcionaban con gran eficacia. Sin embargo, en cuanto el residuo estaba húmedo, el rendimiento disminuía. Con más tiempo y dejando secar mejor el material, se habría podido separar todavía más tierra.

-¿Qué aprendizajes deja esta experiencia y qué medidas se van a adoptar a futuro?

-Una de las medidas en las que estamos trabajando es disponer de un vertedero de emergencia en cada provincia, aunque todavía no puedo concretar su ubicación. La idea es aprovechar huecos mineros ya existentes o una cantera que haya finalizado su actividad extractiva. Es decir, contar ya con el 'agujero' y acondicionarlo como vaso de vertido, cumpliendo todos los requisitos técnicos e industriales que marca el real decreto que regula este tipo de instalaciones. El objetivo es tenerlo preparado por si fuera necesario, de modo que se puedan derivar allí los puntos de transferencia y montar en 24 horas un sistema de cribas y trituradoras para separar la tierra de los residuos.

La intención es adquirir estos espacios, aunque todavía no hay una fecha cerrada. Se trata de una medida de adaptación al cambio climático para estar preparados para la siguiente emergencia. Si contamos con ese espacio, cuando se genere una cantidad extraordinaria de residuos tendremos un lugar donde gestionarlos y eliminarlos de manera segura. Otra medida, incluida en el plan Endavant, es buscar contenedores más resilientes ante episodios de inundaciones, para evitar la imagen habitual de contenedores flotando por las calles.

En cualquier caso, quiero destacar que la gestión de los residuos de la Dana, desde el punto de vista técnico, se hizo muy bien porque se separó todo lo que era posible y se actuó de la manera más eficiente posible. Administrativamente, el contrato también se tramitó correctamente. Conviene poner en valor el trabajo de todo el personal implicado. Ha sido el contrato más importante derivado de la Dana, con más de 200 millones de euros: inicialmente 180 millones, ampliados posteriormente en 25 millones más.