VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana que preside Juanfran Pérez Llorca está a un solo paso de tener unos Presupuestos para este 2026. Si nada se tuerce, los votos de PP y Vox permitirán sacar adelante las cuentas el próximo miércoles en Les Corts Valencianes y, la semana después se producirá idéntica situación con la ley de Acompañamiento. Con ello, el jefe del Consell completará con éxito su primer, y seguramente único, examen presupuestario antes de las próximas elecciones autonómicas.
Para culminar de forma satisfactoria este proceso, el jefe del Consell ha tenido que asumir toda una retahíla de exigencias voxistas. El concepto de prioridad nacional entra de lleno en la ley de Presupuestos y en varias normas de Servicios Sociales y Vivienda. A ello se suman otra serie de concesiones a la agenda voxista como son las partidas para retorno voluntario de migrantes, las prohibiciones al burka y el niqab en espacios públicos o la reforma de la normativa de Inspección Educativa para que estos profesionales velen por la "neutralidad ideológica" en los centros.
Todas las reclamaciones de la formación de Santiago Abascal han sido acatadas por los populares salvo el 'hachazo' a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), lo que supone toda una declaración de intenciones por parte del jefe del Consell, aunque también cierta contradicción con algunas de las políticas impulsadas por el Ejecutivo autonómico. En cualquier caso, este trágala de los populares no deja de ser una fase más de todo un proceso de blanqueamiento más profundi a la agenda ultra de Vox en un contexto donde el tándem entre ambas formaciones parece imprescindible por diferentes razones que trascienden también al ámbito nacional.
La más evidente es la dependencia voxista que tienen la práctica totalidad de los barones del PP para seguir gobernando sus territorios. Tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, el PP constató que la investidura de sus primeros espadas pasaba por pactar con los de Abascal. En la Comunitat Valenciana, el entonces líder popular, Carlos Mazón, alcanzó un pacto exprés que cabía en medio folio y cuya premura -para muchos- debilitó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en plena campaña a la Presidencia del Gobierno. Posteriormente, los populares también rubricaron acuerdos en otras autonomías como la Región de Murcia o Baleares para lograr las investiduras.
- Acuerdo PP-Vox para la investidura de Carlos Mazón en 2023.
Como es bien conocido, la coalición entre ambas formaciones terminó de forma abrupta: Abascal decidió romper los gobiernos autonómicos en 2024 por el choque con el PP -aunque existía además un claro componente estratégico- sobre el reparto de menores migrantes impulsado por el Gobierno de España. Ahora bien, los populares siguieron precisando el respaldo parlamentario de Vox para seguir sacando adelante normas. Un extremo que, sumado a la mayor dependencia voxista en los comicios celebrados recientemente en diferentes autonomías, ha supuesto una progresiva asimilación de las tesis de la formación de Abascal por parte del PP.
El caso más reciente es el del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que perdió la mayoría absoluta en los últimos comicios por apenas dos escaños. La amplia victoria popular no ha evitado que los de Abascal hayan logrado un acuerdo que, entre otras cuestiones, deja en manos de Vox una vicepresidencia con competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El pacto se basa en un documento de 60 páginas que recoge buena parte de los ideales voxistas, incluida la prioridad nacional para el acceso a ayudas públicas. Así, tras una legislatura de plácido gobierno en solitario, Moreno Bonilla acabó cediendo para seguir liderando Andalucía.
Más corto - de apenas 23 páginas - fue el documento firmado por PP y Vox en Extremadura para la investidura de María Guardiola. La presidenta extremeña convocó elecciones anticipadas por falta de apoyos para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026. Los comicios terminaron con un PSOE más débil y una mayor dependencia voxista para lograr la investidura. Cuatro meses de negociaciones y una investidura fallida terminaron con Guardiola claudicando para seguir al frente de Ejecutivo: entre otras concesiones, dejó en manos de Vox una vicepresidencia y dos consejerías y aceptó la inclusión de la prioridad nacional por primera vez en un Ejecutivo autonómico.
De la misma manera, también se produjo acuerdo entre PP y Vox en Aragón y Castilla y León tras las autonómicas, de nuevo con entrada en los gobiernos del partido de Abascal con vicepresidencia y tres consejerías en ambos casos.
A ello se suma cierta asunción discursiva de los postulados de la formación ultra que se ha apuntalado en los pactos presupuestarios, lo que supone un reconocimiento -o una renuncia- por parte del PP de Núñez Feijóo a lograr una mayoría absoluta en estos territorios al menos en el corto plazo. Es por ello que también se aprecia un endurecimiento en los posicionamientos públicos de Génova, no sólo como un allanamiento del camino para un futuro acuerdo tras las elecciones generales con Vox que, según todos los sondeos será necesario para alcanzar la Moncloa, sino también como fórmula del PP que pretende evitar que se agrande la fuga de votos por su derecha y obtener una mayoría lo suficientemente amplia para 'domar' sus futuros socios de gobierno.
