VALÈNCIA. Tras poco más de un año desde que la Dana asolara decenas de municipios en la provincia de Valencia, los expertos siguen inmersos en las exigencias para que las administraciones públicas implementen las medidas de protección necesarias para la población. A corto plazo, con obras hidráulicas que permitan laminar y canalizar las riadas y sistemas de alerta temprana para predecir el comportamiento del agua. Y a largo plazo, con un gran abanico de cambios urbanísticos que van desde revisar la regulación de las zonas inundables hasta el cambio en las exigencias para la construcción de edificaciones.

Todo ello salió a relucir este martes en una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos bajo el título 'Se sabía y se ignoró, ¿y ahora qué?', que si inialmente pretendía contar con la presencia de la administración central y la autonómica, sólo contó con representación de esta última, a través del vicepresidente segundo del Consell y conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus. El título del encuentro,con un tono ciertamente crítico, también se tasladó a la intervención del presidente del colegio, Miguel Ángel Carrillo, quien reivindicó la defensa de las infraestructuras hidráulicas como solución frente a las inundaciones y "la aplicación de criterios técnicos" para "preservar la seguridad e los ciudadanos". Porque, dijo, "un año despés, puede volver a repetirse". Así, lamentó que, cuando sucedió la gran avenida, el Gobierno central no hubiera ejecutado las actuaciones más importantes, valoradas en cerca de 2.000 millones de euros. Una cifra mucho menor respecto a los 8.000 millones gastados hasta ahora por el Ejecutivo en la reconstrucción. "No puedo entenderlo, se me cae la cara de vergüenza", llegó a decir.

Un año después, sin embargo, tampoco se han empezado a ejecutar. "Lo advertimos porque hay un riesgo elevado de que pueda suceder un desastre como el que hemos vivido" dijo, para añadir que, aunque "la reconstrucción avanza, quizá más lenta de lo necesario", estas actuaciones no "solucionan el problema" sino que rehacen lo afectado por la riada. De esta manera, criticó duramente el criterio seguido por las administraciones para esta reconstrucción, que calificó como una "barbaridad" porque da "una millonada" a los ayuntamientos pero "no saben como manipularla". "Les pone en una tesitura tremenda", aseveró. Y apostilló que hubiera sido mejor una licitación por la vía de urgencia con "criterios de adjudicación para que todas las empresas puedan trabajar" en lugar de, como se ha hecho, "una subasta encubierta" a través de la empresa estatal Tragsa.

En cuanto a las obras previstas tanto en el Plan del Gobierno para barrancos y cauces como el de la Generalitat no vayan a ver la luz hasta al menos 2030. "Hasta entonces, seguimos con riesgo de que haya grandes daños", insistió, para recalcar la necesidad de llevar a cabo además de todo ello "alguna presa como la de Montesa", que no está contemplada y que podría "servir para proteger a la provincia de Valencia". Aprovechó aquí para resaltar la importancia de las infraestructuras que sí estaban ejecutadas como la presa de Forata, que aunque "no estaba pensada para lo que vino, funcionó y resolvió un gran problema" laminando la avenida en el río Magro; o el cauce del río Túria, que evitó "una tragedia mayor". "Es increíble que todavía se discuta esto, no lo puedo entender", agregó.

La cita contó con la presencia del vicepresidente segundo del Consell y conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, que lamentó la ausencia de la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, y agradeció el trabajo realizado por el colegio y sus asociados. El conseller señaló que "los fenónemos extremos ya no son excepcionales" y que lo ocurrido el pasado año fue "una circunstancia que no es fácil de controlar" con escorrentías superiores a 4.000 m3/s. A ello, dijo, "hay que sumar un desastre medioambiental" y resaltó que el mayor trabajo de su conselleria se ha centrado en el tratamiento de residuos.

"Tuvimos que actuar sin esperar a nadie y sin excusas", aseguró el conseller en su intervención, y se mostró molesto por el hecho de que "haya tenido que pasar un año" para adentrarse en el debate sobre las obras que no estaban hechas. "Han pasado polémicas de toda clase, desde el restaurante al minuto, pero este es el debate real", dijo, para calificar a continuación como "una vergüeza" que se haya licitado este lunes la redacción de los proyectos que estaban pendientes por el Gobierno central: "No tiene un pase, hemos perdido un año y hay una población valenciana que no duerme".

En cuanto a los trabajos de reconstrucción de la conselleria, aseveró que "todo" está finalizado excepto las pistas forestales, que están encargadas a Tragsa y "no acaba de funcionar como gustaría". "Hemos terminado con el metro, con las carreteras, con las depuradoras, hemos repuesto todas las líneas de transporte, todas las obras iniciadas están con la solución definitiva y en aquellas en las que el contrato nos lo ha permitido, hemos mejorado un poco lo que había, aunque no a nivel óptimo", expuso el responsable autonómico, que se mostró favorable también a una "revisión" de la normativa de contratos para las contrataciones de emergencia. Y exigió al Ejecutivo central finalizar los trabajos que restan por hacer.

"Los proyectos previstos en 2010 hubieran funcionado"

En la jornada, intervino el decano de la Demarcación de la Comunidad Valenciana del Colegio, Javier Machí, quien defendió que las obras hidráulicas previstas en 2010 "hubieran podido funcionar" para mitigar los efectos de la riada. Explicó al respecto que los siete proyectos que estaban en marcha hace tres lustros incluían no solo una zona de reforestación en la cabecera del barranco del Poyo, en la zona de Buñol y Godelleta, que "hubiera retenido caudal y la punta de caudal no hubiera llegado a Chiva", sino también una zona de laminación "antes de llegar a la 'zona crítica'", l'Horta Sud, donde estaba proyectado también un canal de derivación. En el barranco de l'Horteta, tributario del Poyo y el primero en desbordarse aquella tarde, "lo que estaba proyectado era suficiente", porque podría haber llevado hasta 1.500 m3/s. Y en el barranco de Gallego, aunque "sí se habría desbordado", esa agua "habría quedado laminada".

Eso sí, el plan previsto, dijo, no tenía prevista ninguna "zona de retención" de agua en Chiva, aguas arriba del barranco del Poyo porque "el embalse con dos presas en Cheste se descartó por la contestación ciudadana". Eso hizo, según explicó, que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) elaborara un plan "basado en la naturaleza" más que en actuaciones de obra dura. Al respecto, recalcó que la presa de Forata "consiguió laminar de manera importante el caudal" al recibir 2.400 m3/s y evacuar por otro lado 1.100. Esto ayudó a evitar las catastrófcias consecuencias aguas abajo. "Pero la presa está sola, no tiene ayuda y lo pasó muy mal", relató Machí, que instó a "no dejar que ella tenga que soportar todo el peso" y trajo a colación soluciones que están implementando en países como Francia, con zonas de laminación controladas y "segundas líneas de protección" con diques y taludes para proteger a las poblaciones.

Además, explicó, en el país vecino cuentan con un sistema de alerta temprana que "enlaza las predicciones meteorológicas con modelos de simulación del territorio", lo que permite predecir "cómo los episodios [meteorológicos] influirán en el desarrollo de la sinundaciones". Así, explicó que este sistema les permite tener, cada 15 minutos, mapa de riesgo que se comunican rápidamente a las administraciones. "Son mapas que evolucionan según se desplaza la realidad meteorológica con aproximaciones cada vez más reales", aseguró.

El sistema de alerta temprana

Precismente la Confederación Hidrográfica está trabajando para la implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que permita tomar decisiones con mayor antelación. Aunque hay un primer programa piloto, el organismo ha de implementarlo en toda la cuenca, como ya lo tiene la del Ebro. Para hablar de este último, el Colegio invitó a Sergio Morant, responsable de sistemas de alerta temprana frente a inundaciones en Idrica, una compañía del grupo Global Omnium. El ingeniero explicó detalladamente el funcionamiento del sistema en el Ebro, para ofrecer avisos hidrológicos, y una segunda fase de este sistema, con el que ya cuenta el Gobierno Foral de Navarra, para la gestión de emergencias.

Así, expuso que el sistema cuenta con diferentes programas informáticos encargados de cada una de las fases de la gestión de la información. Por una parte, para la predicción meteorológica y recogida de datos de precipitaciones; por otra, para una previsión hidrodinámica que pueda traducirse, en un tercer paso, en la generación de incidencias y la identificación de riesgos que, a su vez, puedan trasladarse mediante mensajería para la mejor toma de decisiones. De esta manera, el software que han desarrollado elabora hasta 51 escenarios hidrológicos según su probabilidad estadística a partir de los datos meteorológicos y los modelos diseñados previamente. Esto, dijo, permite elaborar predicciones mediante "modelos de transmisión de la onda" para "adelantarse al problema.

Es así cómo esa predicción puede servir para convertirse en información útil para la gestiónd e una emergencia porque la información recabada "se liga con umbrales definidos en base al conocimiento de la zona". Eso es "fundamental para tener mapas que informan de cómo van saltando los avisos en cada una de las zonas", incluyendo pluviómetros y estaciones de aforo. Combinando estos umbrales con los que están fijados en los planes de gestión de riesgo de emergencias municipales, se consigue que ya no se tang "un simple aviso por superación" de umbrales, sino traducir esto en alertas con diferentes colores. Grados que "tienen asociadas unas acciones a acometer" y que van, desde la activación del Cecopi hasta el envío de alertas a la población.

Con todo, el experto sí señaló que el sistema "necesita ir acompañado de coordinación entre administraciones". "No basta con tecnología y conocimiento", insistió, porque "las personas y la formación son fundamentales para salvar vidas".

Repensar el urbanismo y los usos

La cita también abordó el aspecto urbanístico, sobre el que intervino el representante provincial de Alicante del Colegio Andrés Rico, quien planteó la necesidad de repensar la gestión del territorio. "¿El territorio afectado por la Dana no es la manifestación de que hemos sobrepasado la capacidad de acogida del territorio?", se preguntó al inicio de su ponencia, en la que se cuestionó si el territorio "es capaz de soportar" el incremento de las zonas industriales y de la población, dado que "el suelo es un recurso no renovable". Así, aunque admitió que hay obras como las actuaciones hidráulicas que prmiten "adaptar el territorio a la realidad", insistió en que hay un "territorio ocupado sin control" y "lleno" de elemtnos que "impiden que funcione solo".

En ese sentido, hizo referencia expresa a los vehículos, que supusieron un obstáculo evidente para el agua durante la riada del pasado 29 de octubre. "Si tenemos bloqueado el flujo de agua por vehículos, al final este circula por calles con menos impedimentos y a mayor velocidad", expuso, además de que el nivel del agua llega a cotas más elevadas en zonas con más obstáculos. "Hemos generado una serie de barreras y presas con los vehículos", llegó a aseverar, para pronunciarse también sobre los problemas que hay en las edificaciones, donde se ha actuado en ocasiones bajo la "estupidez humana". Puso como ejemplo, al hilo de esto, la existencia de garajes solo con ascensor y escalera: "¿Cuánto cuesta una escalera, que son ocho metros cuadrados?", planteó el también exconstructor, que instó a hacer "una norma urbanística común".

Así pues, en cuanto a las soluciones, planteó la necesidad de "hacer un estudio serio del territorio", además de llevar a cabo las obras hidráulicas previstas. Una de las medidas que puso sobre la mesa es la creación de "puntos seguros" en los municipios como colegios, hospitales y centros públicos, que han de ser "los puntos más seguros del pueblo" y la población ha de conocer eso para acudir a ellos en caso de emergencia. Insistió en la urgencia de trasladar "todas las instalaciones" en las plantas superiores para que "no afecten los cortes de luz y agua" y las plantas bajas han de ser "diáfanas para que pase el agua, aunque haya que construir un piso más".

La planificación y gestión del territorio también en el dominio público hidráulico y las zonas inundables y de flujo preferente fue otras de las cuestiones tratadas en el encuentro de la mano del vocal de la junta rectora de la Demarcación José Vicente Benadero, quien planteó muchas de las dificultades en esta tarea, sobre todo en la delimitación de lo que es un cauce, la zona de dominio hidráulcio y las zonas de flujo preferente. Recordó al respecto que el Gobierno está trabajando en un real decreto para revisar las prohibiciones de usos en estas zonas pero instó a "entender cómo es el territorio" para regular todo esto y no tener una visión demasiado rígida de los cauces. Al final, tal como explicaba su presentación, "los deltas interiores y abanicos fluviales contienen cauces o vías de intenso desagüe secundarios" y "hay poblaciones enteras que van a estar dentro de zonas de flujo preferente".