VALÈNCIA (EFE). CCOO ha denunciado que la resolución aprobada por el PP y Vox que pide la realización de "estadísticas diferenciadoras" entre la población nacional y la migrante en relación a cuestiones como su contribución neta al Estado del bienestar o la recepción de ayudas "busca institucionalizar el odio".

El sindicato considera que esta iniciativa "es un intento velado de estigmatización, donde los datos se convierten en arma arrojadiza contra una parte de la ciudadanía" y cree que "no busca eficiencia, sino construir un chivo expiatorio al que culpar de problemas inexistentes", ha afirmado este martes la secretaria de Migraciones de CCOO PV, Isabel Barrajón.

Frente a esta maniobra, el sindicato destaca que según los últimos datos disponibles del INE (2024), "la población residente en España nacida en un país extranjero, tenga o no la nacionalidad española, representa el 18 % de la población total" y es, en su gran mayoría, de origen latinoamericano (47 % del total).

Además, añaden, las personas migrantes "viven de su trabajo y tienen una tasa de actividad mayor (69,3 %) que la de la población española (56,4 %), y en algunos sectores "su participación es vital": 7 de cada 10 personas empleadas como trabajadoras del hogar y cuidados son migrantes (72 %); casi 1 de cada 2 en hostelería (45 %) y 1 de cada 3 en construcción y agricultura (32 % y 31 %, respectivamente).

Los migrantes "aportan a la economía más de lo que reciben, tanto en cotizaciones como en consumo y trabajo esencial: el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social y suponen el 1 % del gasto", han señalado las mismas fuentes.

La OECD (International Migration Outlook) estima que, de media, una persona migrante supone un gasto público un 32 % menor que un español o española, lo que significa, según CCOO PV, que "por cada euro gastado en una persona de origen español, se gastan solo 0,68 euros en una de origen migrante".

Respecto al uso de servicios sanitarios, el sindicato señala que la población migrante utiliza, en general, menos servicios sanitarios, y cuando lo hace, suele enfrentarse a barreras de acceso. "Afirmar que acaparan la sanidad pública es una falsedad que solo polariza y alimenta el odio", ha asegurado la responsable sindical de migraciones.

En relación al acceso a ayudas, ha indicado que, especialmente quienes se encuentran en situación administrativa irregular enfrentan mayores obstáculos para recibir prestaciones, por lo que "si las estadísticas muestran diferencias, no reflejan abuso, sino vulnerabilidad y exclusión social, provocadas por la propia desigualdad del sistema".

Para CCOO PV, "la gravedad de la propuesta radica en que, al diferenciar estadísticamente a la ciudadanía por origen, el Gobierno valenciano se convierte en legitimador de la xenofobia".

"Los derechos a la salud, educación y servicios sociales son universales e inalienables; medirlos bajo la lupa de la nacionalidad es una violación flagrante del principio de igualdad consagrada en nuestra Constitución", ha planteado Isabel Barrajón.

En este sentido, desde el sindicado han exigido al PP que "reconsidere de inmediato su apoyo a esta medida", pues la Comunitat Valenciana "no puede ser laboratorio de pruebas de políticas de odio".