VALÈNCIA. Las heridas de la Dana son todavía visibles en el paisaje valenciano, a falta de una semana para que se cumpla un año de una tragedia que dejó desolada gran parte de la provincia de Valencia. Muchas calles siguen aún marcadas por la tragedia, con viviendas vacías y negocios cerrados, que recuerdan el impacto de una riada que arrasó no solo infraestructuras, sino también la rutina y la tranquilidad de miles de vecinos. Desde entonces, más de 11.000 edificios han sido inspeccionados por técnicos para conocer su estado, de los que cerca de 300 presentan daños estructurales que podrían requerir su demolición parcial o total. Además, más de 600 sótanos han sido evaluados ante el riesgo de nuevas filtraciones o colapsos. Los trabajos de reconstrucción avanzan, pero las cicatrices aún persisten.

Estas cifras son forman parte de la extensa labor de inspección y análisis realizada por la Unidad de Evaluación de Daños, gestionada por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), para conocer la situación del parque residencial de los municipios afectados para garantizar su seguridad y habitabilidad. Un equipo de profesionales ha llevado a cabo durante meses una exploración exhaustiva en 67 localidades valencianas, analizando el estado de edificios residenciales y sótanos. Esta radiografía digitalizada no solo ha permitido a muchos vecinos acceder a ayudas públicas, sino que también ha ofrecido a los ayuntamientos información clave para tomar decisiones urgentes.

Y es que la unidad del IVE acumula una amplia experiencia en la evaluación de daños tras catástrofes, gracias al desarrollo de protocolos, guías de inspección y formación técnica. Así, ha participado en otras emergencias como las de Lorca (2011), Vega Baja (2019), Bejís y La Vall d’Ebo (2022) o Villanueva de Viver (2023). En el caso de la Dana, en el operativo de inspección han trabajado 168 técnicos colegiados organizados bajo la coordinación de siete supervisores con experiencia en otras tragedias, junto a los técnicos municipales de los ayuntamientos afectados, formando un equipo de casi 270 profesionales.

Los números dibujan una clara realidad: 11.228 edificios de viviendas y unifamiliares revisados y con algún daño, de los que más de 300 precisan de algún tipo de demolición, así como se han inspeccionado 655 sótanos que quedaron inundados. Entre las actuaciones acometidas por este grupo están la redacción y seguimiento de actas de apuntalamiento, dirección de obras y certificación técnica sobre elementos estructurales dañados, como forjados y vigas.

Por municipios, el grueso de los inmuebles evaluados se ubican precisamente en los municipios de la conocida como 'zona cero', por la crudeza de los daños, como Algemesí, (1.002); Paiporta (972); Catarroja (792); Guadassuar (579); Utiel (559); Massanassa (493). Y es que en estos municipios, la riada golpeó con fuerza, anegando calles y dejando mucho dolor a su paso. La información extraída de las visitas se remite casi a tiempo real al sistema junto a fotografías sobre el estado de las viviendas, de forma que quede todo integrado en un único expediente que revisa el arquitecto municipal de cada localidad y, a partir de ahí, se toman medidas.

"Se trata de una herramienta técnica clave para la toma de decisiones, la identificación de riesgos y la implementación de medidas urgentes. Los informes elaborados no solo orientan a los ayuntamientos en sus actuaciones, sino que también quedan registrados como base documental para la gestión de ayudas", explica a este diario Begoña Serrano, directora general del IVE. De hecho, las líneas de apoyo impulsadas por entidades como la Generalitat Valenciana o Mercadona se han sustentado en este análisis detallado del impacto.

Medidas de prevención por municipios

Precisamente, de esta evaluación se identificaron diferentes medidas a adoptar como el apuntalamiento de los inmuebles, la demolición parcial o la total, así como el desescombro de las viviendas. En la mayoría de casos, unos 486, ha sido necesario únicamente apuntalar, que implica el refuerzo o acordonamiento de la estructura para evitar males mayores, mientras que 322 edificios han requerido de desescombro de enseres o desperfectos. 

Los casos más graves se dan en aquellos activos que se ha decidido que la mejor opción es demolerlos parcialmente, 294 casos de todos los evaluados, mientras que 69 unidades requieren del derrumbe total, según los datos del IVE facilitados a este diario. "Durante las laboras de evaluación teníamos el gran miedo de encontrarnos casos de colapso total de edificios, pero no ha habido daños en este sentido. En general, los deterioros son menores y los casos más graves están muy concentrados en las zonas próximas a los barrancos y que presentan una mayor antigüedad, por lo que la estructura se ha resentido", detalla Serrano. 

Las demoliciones totales se concentran, sobre todo, en zonas especialmente vulnerables por su proximidad a cauces y barrancos. El caso más significativo es el de Torrent, donde se derribarán 15 edificios o viviendas unifamiliares, muchos de ellos ubicados junto a los barrancos de l’Horteta y el Poyo. Algunos de estos derribos ya han comenzado, debido al riesgo existente para la población. De igual modo, el IVE también destaca otros puntos críticos como Chiva, con otro gurpo 8 inmuebles que deben ser demolidos; Massanassa, Sedaví y Utiel, con 6 cada uno; Picanya, con 5; y en València (barrio de La Torre) y Requena, con 3 edificios en cada caso.

En cuanto a las 294 demoliciones parciales, la mayor parte se localiza en municipios del área metropolitana más golpeados por la DANA. Encabeza la lista Paiporta, con 45 viviendas afectadas, seguida de Picanya (42), Catarroja (24), Massanassa (22) y el barrio de La Torre en València, con 17 inmuebles que requieren intervenciones parciales en su estructura.

Revisión de sótanos

Por otro lado, los aparcamientos situados en sótanos de edificios plurifamiliares fueron otra de las infraestructuras más castigadas. En muchos casos, el agua alcanzó niveles críticos, anegando por completo estas plantas subterráneas y causando daños severos en estructuras, instalaciones eléctricas, ascensores y sistemas de ventilación. Algunos permanecieron inundados durante días, convertidos en auténticas balsas bajo tierra de lodo y agua, con el problema que ello conlevaba a nivel de posibles daños en estructuras o forjados de los propios edificios. Por ello, su revisión era otra parte clave, ya que los sótanos no solo albergan plazas de aparcamiento, sino también elementos clave para el funcionamiento de las comunidades de vecinos.

El Consorcio Provincial de Bomberos realizó las tareas de limpieza de dichos sótanos y también las inspecciones previas necesarias para garantizar unas condiciones de acceso a los trabajadores. Y, una vez vaciados y limpios, esta unidad específica del IVE se dedicó a comprobar la seguridad estructural de los forjados para evitar males mayores. En este sentido, seinspeccionaron los sótanos y garajes del listado de la Diputación de Valencia, ubicados en los 10 municipios.

En ese examen se realizaron un total de 1.760 catas en elementos estructurales y constructivos en un total de 655 sótanos, mayoritariamente ubicados en Catarroja, 204, y Paiporta, 100. También se evaluaron 54 en Albal, 51 en Benetússer, 49 en Alfafar, 47 en Aldaia y Massanassa, 46 en Algemesí, 30 en sedaví y 27 en Picanya.

Tras su análisis estructural, mayoritariamente no se precisó acometer ninguna medida en específico, en 471 de los casos; mientras que en 66 de ellos fue necesario hacer una peritación más detallada; en otros 22 acordonar y en 19 casos apuntalar, de acuerdo con los datos del IVE. "Desde el punto de vista técnico, esta unidad de trabajo ha funcionado muy bien y ha reaccionado de forma diligente y eficaz", remarca Serrano. Un trabajo silencioso que ha contribuido a garantizar la seguridad de los vecinos a facilitarles la ayuda para poder retomar sus vidas.