VALÈNCIA (EP). Intersindical Valenciana y CCOO PV han reclamado la dimisión de los responsables de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval) por "no abonar a todos los trabajadores los atrasos generados por el incremento salarial del 2,5%, sino solo a los empleados en las estaciones adheridas al acuerdo firmado por UGT PV".

Las críticas de estos sindicatos llegan después de que UGT firmase en solitario un acuerdo con la empresa pública, tras el Tribunal de Arbitraje Laboral celebrado el 29 de enero, que conlleva un incremento salarial del 2,5%, los correspondientes atrasos del año 2024 y el ajuste de la estructura salarial.

Los sindicatos CCOO PV e Intersindical han denunciado que en la nómina de febrero solo se ha pagado los atrasos generados por el incremento salarial del 2,5% con efecto del 1 de enero a "algunos trabajadores" ya que la empresa ha "condicionado" el pago al acuerdo que ha firmado UGT.

Para CCOO, "es inaudito que una empresa pública no cumpla lo que dice la Ley de presupuestos y no abone a todo el personal los incrementos salariales". "El motivo es que estos trabajadores no han admitido el chantaje al que los quería llevar la empresa" para adherirse a un acuerdo que "perjudica ampliamente las condiciones del personal después de la reversión y pone un obstáculo insalvable al cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial, firmado en noviembre de 2023, y que completaría esa equiparación en 2026".

Para CCOO PV, se trata de una "situación de chantaje y mala fe negociadora". Ha lamentado que la empresa pública proponía "negociar la estructura retributiva del personal a cambio de abonar las cantidades pendientes de regularizar", a lo que el sindicato se negó.

"Es un incumplimiento flagrante con pleno conocimiento por parte de los gestores de Sitval y posiblemente se está incurriendo en un posible caso de prevaricación", ha aseverado CCOO, antes de exigir la dimisión inmediata o cese de los responsables de la empresa.

En términos similares, a través de una carta abierta a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, Intersindical ha denunciado que en la nómina de febrero solo se ha pagado los atrasos generados por el incremento salarial del 2,5% con efecto del 1 de enero a "algunos trabajadores" ya que "la empresa condicionó el pago de estos atrasos a un acuerdo de eficacia limitada firmado con un único sindicato, UGT.

A su juicio, se trata de "un acto de muy dudosa legalidad". Intersindical ha subrayado que "el cobro del salario devengado es un derecho indisponible del trabajador" y que "ni el mismo trabajador de forma voluntaria puede renunciar a él ni reducir su importe por debajo de la legalidad".

Incluso, ha aseverado que "podría suponer un delito de prevaricación al no abonar a los trabajadores que no suscriban este acuerdo su salario correspondiente en forma de atraso". También ha lamentado la "coacción a los trabajadores, al ligar unas tablas salariales no aceptadas por la mayoría sindical, a la firma de este pacto de eficacia limitada".

Intersindical ha apuntado que Sitval acumula "al menos cuatro demandas de conflicto colectivo "por la nulidad de este acuerdo; por vulneración del derecho sindical a la negociación; por incumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, para el nombramiento de cargos, que se han realizado a dedo; y por lo ya citado de limitar el pago de los atrasos a los trabajadores que firmen un acuerdo sobre futuros salarios que no se ha acordado en mesa negociadora y, en nuestra opinión, es perjudicial para los trabajadores".

Por todo ello, ha solicitado el cese del director de Sitval y "de las personas que puedan haber tenido responsabilidad en llegar a esta situación" y pide a la consellera que aclare si el objetivo es generar una "situación caótica que permita la aceptación social de una posible reprivatización".

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Innovación han subrayado a Europa Press la "legalidad" del acuerdo con UGT y han indicado que el motivo por el que no se ha aplicado la subida a toda la plantilla es porque el resto de sindicatos han planteado un conflicto colectivo que deberá resolverse en los cauces correspondientes. Con ello, se ha abonado a un total de 373 trabajadores de una plantilla de aproximadamente 900 personas, casi el 40%, "y el resto tienen que esperar a que se resuelva el conflicto laboral", algo que está previsto para el día 1 de abril.

Desde la administración autonómica han manifestado que respetan que los otros sindicatos no hayan suscrito el acuerdo. "El resto de sindicatos y trabajadores que pertenecen a estos sindicatos han decidido no adherirse porque no están de acuerdo con las condiciones" y plantean "un conflicto laboral que se resolverá, que nos parece lícito, lógico, legítimo y que seguirá los cauces adecuados".

Desde la Conselleria han manifestado no entender por qué se piden dimisiones "cuando lo único que se ha planteado es un conflicto laboral y que hay un sindicato, que es UGT, que ha firmado el acuerdo y ya está". Sobre las acusaciones de presunta prevaricación, el departamento autonómico considera que son "un absurdo, con ánimo de llamar la atención y de abundar en una guerra sindical en la que están utilizando a la dirección como arma arrojadiza".

Asimismo, Sitval considera que "una de las pruebas es que es un buen acuerdo, es que más del 40% de los trabajadores se han adherido a través del sindicato UGT.