VALÈNCIA (EP). La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha presentado alegaciones a la propuesta de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana para que se "blinde" la protección a los y las profesionales de la sanidad pública frente a las agresiones y se sanciones de forma "contundente" a quien les agreda.

Según ha denunciado el sindicato en un comunicado, el aumento de las agresiones es "cada vez más grave" y otras comunidades autónomas "toman medidas más contundentes. Por ello, CCOO PV propone, entre otras propuestas, "cambios que aumentarán la protección del personal de sanidad, con sanciones que sean disuasorias, un procedimiento sancionador más ágil, una tipificación exhaustiva de las conductas constitutivas de infracción y el reconocimiento de la condición de autoridad pública para estas personas trabajadoras".

CCOO reclama la incorporación de un título específico sobre protección de profesionales del sistema sanitario público valenciano en la propia Ley 10/2014 y además, una tipificación exhaustiva de conductas constitutivas de infracción.

El planteamiento del sindicato es que las infracciones leves serían, por ejemplo, descalificaciones o faltas de respeto; las graves, amenazas verbales o daños a equipamiento y las muy graves, agresiones físicas o acoso continuado, entre otras. En cuanto al régimen sancionador, considera que debe ser "proporcionado y disuasorio", con multas que deben oscilar entre los 300 y los 3.000 euros para infracciones leves; los 3.001 y los 60.000 euros para graves y de los 60.001 a 600.000 euros para muy graves.

En caso de reincidencia, las sanciones se incrementarán en un 50 por ciento. El sindicato ha recalcado que, en estos momentos, las sanciones administrativas "no existen" y propone que, para que sean efectivas, el procedimiento "debe ser ágil y con garantías".

Observatorio autonómico

Así, el plazo máximo de resolución para infracciones leves sería de tres meses y para graves y muy graves de nueve meses. Otra de las medidas que propone CCOO es que haya "mayor coordinación" con la jurisdicción penal, es decir, entre el procedimiento administrativo sancionador y los procesos penales; mayor protección de la identidad profesional, cambiando el nombre y apellidos de la tarjeta identificativa por un código, y la creación de un Observatorio Autonómico de Agresiones al Personal del Servicio Público de Salud Valenciano.

Además, este sindicato insta a instaurar un "reconocimiento expreso" de la condición de autoridad pública para todo el personal del sistema sanitario público valenciano, y no solo al personal sanitario como hasta ahora, "así tendrían la protección reforzada prevista en el Código Penal para los atentados y resistencia a la autoridad, así como la presunción de veracidad de sus manifestaciones en los procedimientos administrativos".

La FSS CCOO PV considera que la incorporación de estas modificaciones en la Ley 10/2014 son un "paso necesario y urgente" para dotar a la Comunitat Valenciana de un marco normativo "moderno, eficaz y garantista en la protección al personal de la sanidad".