VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha sacado a consulta pública su intención de modificar la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud, con el objetivo de reforzar la prevención y la respuesta frente a las agresiones que sufren los profesionales del sistema valenciano de salud. Las medidas, que pretenden ser incluidas en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para el ejercicio 2026, busca actualizar la normativa ante el incremento de casos registrados en los últimos años.
Según los datos de la Administración sanitaria, en 2024 se notificaron un total de 1.356 incidentes violentos contra personal sanitario en la autonomía. De ellos, 1.135 correspondieron a agresiones verbales y 221 a agresiones físicas. Desde el departamento de Marciano Gómez advierten que estas situaciones tienen consecuencias negativas no solo para la salud y seguridad de los afectados, sino también para el funcionamiento global del sistema sanitario.
A día de hoy, las agresiones sanitarias se regulan a través del Decreto 159/2009 para establecer protocolos de prevención y atención a las agresiones. En 2018, se implementó el Plan Integral de Prevención de Agresiones en el Entorno Sanitario, actualizado en 2022. Sin embargo, la Conselleria considera que los cambios sociales producidos tras la pandemia han incrementado la necesidad de reforzar estas medidas y dotarlas de un respaldo legislativo más sólido.
Entre los objetivos de la reforma se encuentra impulsar un cambio de tendencia mediante la implementación de medidas concretas que permitan reducir y minimizar la violencia en el ámbito sanitario, así como garantizar sanciones proporcionales para quienes cometan este tipo de conductas. Aunque todavía no se han concretado las disposiciones exactas que se introducirán en la Ley de Salud, a falta de la consulta pública, la conselleria sí menciona la necesidad de sancionar de forma adecuada y proporcionalmente dichas conductas. A día de hoy, no se dispone de una normativa autonómica concreta que determine sanciones económicas por tipo de agresión.
