VALÈNCIA. La descomunal Dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024 puso a prueba no solo la vida de miles de ciudadanos, sino también la capacidad de gestión de las Administraciones a todos niveles. Y uno de los ámbitos más complejos a nivel material fue el tratamiento de los millones de toneladas de residuos que se acumularon tras la riada en los municipios valencianos afectados. Torres de enseres, coches y lodo acumulados en las calles, recordando el horror. Sin embargo, gran parte de esos restos se ha podido recuperar y dar una segunda vida.

El desafío fue mayúsculo: solo la trágica noche del 29 de octubre se generaron cerca de 1,3 millones de toneladas de residuos, casi lo mismo que se produce en toda la Comunitat Valenciana durante un año, que son 2 millones de toneladas. La emergencia desbordó los sistemas habituales de gestión, ya que los 137 centros autorizados para tratar vehículos en la región, los conocidos desguaces, tienen capacidad para procesar 210.000 coches al año y solo en esa noche se acumularon 140.000 unidades. Para hacer frente a la situación, la Generalitat Valenciana autorizó temporalmente a estos centros para poder aumentar su capacidad.

Además, a contrarreloj hubo que diseñar un sistema que permitiera, por un lado, despejar las calles de basura, lodo y enseres inservibles, y que, al mismo tiempo, evitara que todo acabara directamente en vertedero. El objetivo era doble: recuperar la normalidad lo antes posible y aprovechar al máximo los materiales acumulados. Según datos de la Generalitat Valenciana, cerca del 45% de los residuos generados se ha podido reutilizar. Parte se derivó a gestores autorizados y específicos, mientras que las ingentes cantidades de tierra extraídas se aprovecharon como material de cobertura en vertederos o como sustrato para nuevos parques urbanos.

El proceso no fue nada sencillo. En un primer momento se autorizó a los ayuntamientos para que pudieran hacer acopio de esos residuos en parcelas dentro de los municipios, lo que se denominó Punto de Acopio Local (PAL), explica Jorge Blanco, director general de Educación y Calidad Ambiental. Se levantaron entre 60 y 70 puntos, pero por cuestiones de olores, insalubridad y ante el riesgo de infecciones, la Administración decidió sacarlos de los núcleos urbanos. Y es que se llegaron a acumular montañas de escombros de hasta 26 metros de altura, lo que equivale a un edificio de nueve pisos.

De este modo, se habilitaron tres grandes puntos de transferencia de estos primeros acopios de residuos: uno en Catarroja (Pista de Silla), otro en una antigua cantera en Picassent y un tercero entre Quart de Poblet y Manises.

Durante meses, Tragsa fue acumulando ahí el material hasta que se licitó un 'macroconcurso' con estas labores, que se llevaron las empresas especializadas en gestión de residuos PreZero, Urbaser y Paprec. Cada una se hizo cargo de uno de estos tres puntos de transferencia mediante cribas, trituradoras y maquinaria especializada, asegurando una separación eficiente de materiales reutilizables y valorizables. "Lo fácil habría sido enviarlo todo a vertedero, pero decidimos hacerlo bien y, por eso, se apostó por hacer un contrato con unas directrices y que adjudicamos a empresas especializadas. Lo que se ha conseguido es separar en torno a un 45% de los residuos, que han tenido una segunda vida", destaca Blanco.

Así, por ejemplo, buena parte de la tierra recuperada ha ido como capa de cobertura de vertederos. Este ha sido el caso de cerca de 10.000 toneladas que han ido al sellado de una instalación en en Riba-roja, en la que la Generalitat Valenciana ha invertido cerca de 15 millones de euros. Asimismo, otras 5.000 toneladas se han destinado a un parque urbano en el municipio de la Llosa, en Castellón, mientras que metales, neumáticos y colchones se enviaron a gestores autorizados para su reciclaje o tratamiento seguro.

"Ha sido el contrato más importante derivado de la Dana, con más de 200 millones de euros: inicialmente 180 millones, pero ampliados posteriormente en 25 millones más", remarca el director general de Educación y Calidad Ambiental, quien destaca la dificultad técnica y administrativa de la gestión para poner en valor el resultado: en diez meses todo estaba controlado.

Vertederos de emergencia 

Entre los aprendizajes de esta experiencia, la Generalitat trabaja en medidas de prevención y adaptación al cambio climático. Una de las iniciativas es la instalación de contenedores más resilientes frente a inundaciones, para evitar que vuelvan a desplazarse por las calles.

Sin embargo, el principal objetivo es disponer de un vertedero de emergencia en cada provincia, aprovechando huecos mineros o canteras ya existentes. Estos espacios se acondicionarán como vasos de vertido industriales, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y legales, y estarán listos para recibir residuos extraordinarios en 24 horas, mediante sistemas de cribas y trituradoras. "Si contamos con ese espacio, cuando se genere una cantidad extraordinaria de residuos tendremos un lugar donde gestionarlos y eliminarlos de manera segura", subraya Blanco. El reto es anticiparse a futuras catástrofes para que la Comunitat pueda afrontarlas con mayor seguridad y eficacia.