VALÈNCIA (EP). El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) ha presentado formalmente un paquete de más de 400 alegaciones a los tres proyectos de orden que desarrollan el nuevo decreto de tipologías de centros, servicios y programas en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de exigir a la Generalitat que "el nuevo modelo de servicios sociales se base en los derechos y no en el bajo coste".
Las propuestas, dirigidas a las órdenes de plantillas y ratios de personal, documentación e infraestructuras, suponen una enmienda integral que busca transformar un modelo con riesgo de ser meramente administrativo en un sistema que garantice los derechos, la dignidad y los proyectos de vida de las personas con discapacidad, mayores y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, explica la entidad.
El comité valenciano de la discapacidad valora el esfuerzo normativo de la Generalitat, pero alerta que "sin las modificaciones propuestas, el nuevo sistema podría consolidar un modelo de atención de baja intensidad, con ratios insuficientes, infraestructuras que perpetúan un modelo institucional y una burocracia que no siempre redunda en la calidad de la atención".
"Estamos ante una oportunidad histórica para diseñar los servicios sociales que queremos para las próximas décadas, pero esta oportunidad conlleva un enorme riesgo: crear un sistema de cartón piedra, con centros y servicios que tienen el nombre correcto, pero sin los recursos humanos, materiales y económicos para hacer su labor. La calidad tiene un coste y los derechos no son opcionales", manifiesta el presidente de la organización, Luis Vañó.
Con estas más de 400 alegaciones, fruto del consenso y la experiencia de las entidades adheridas al Cermi, no solo se señalan las "carencias", sino que se proponen "soluciones concretas y viables para cada artículo": "Exigimos un modelo basado en la persona, en sus derechos y en su proyecto de vida, y no un sistema pensado desde la contención del gasto o la simplificación administrativa".
Plantillas y ratios
Las alegaciones presentadas se estructuran en torno a tres grandes ejes, uno por cada orden. En la de plantillas y ratios, con 195 alegaciones, Cermi CV exige como alegación fundamental la garantía de una financiación suficiente por parte de la Generalitat para cubrir el coste de las plantillas que se exigen. Se denuncia que muchas de las ratios propuestas son "manifiestamente insuficientes, especialmente en recursos de alta complejidad como las residencias para personas con gran dependencia , los centros de día o los centros ocupacionales".
Se proponen, además, perfiles profesionales clave omitidos, como la persona facilitadora para el apoyo en la toma de decisiones, y se pide flexibilidad para adaptar los equipos a las necesidades reales de los usuarios y no a un corsé normativo rígido.
Infraestructuras
Respecto a la orden de infraestructuras, con 157 alegaciones, Cermi CV reclama un cambio de paradigma para superar definitivamente el modelo institucional y hospitalario, apostando por el "ambiente de hogar". Se rechazan soluciones que recuerdan a un modelo "carcelario", como el anclaje de mobiliario , y se propone la supresión de espacios como la "habitación de bajo riesgo" por considerarse una forma de aislamiento coercitivo.
Se exige que los nuevos centros incorporen principios de diseño para todas las personas, accesibilidad cognitiva y sensorial, y tecnologías como la domótica para fomentar la vida independiente. También se denuncia "la grave omisión de no regular viviendas con apoyo para personas con discapacidad física, lo que supone una discriminación inaceptable".
Documentación
En la orden de documentación, con 52 alegaciones, la principal demanda es la garantía de la accesibilidad universal de toda la información a través de formatos como la lectura fácil y un lenguaje claro. Se insta a actualizar toda la terminología para adaptarla a la Ley 8/2021 sobre capacidad jurídica, eliminando términos obsoletos como "cargo tuitivo".
Además, se exige que la elaboración del plan de atención individualizado (PAI) no sea un mero trámite, sino que se deje constancia documental de la participación activa del usuario, "convirtiendo el documento en un verdadero contrato de apoyos mutuos".
Cermi CV confía en que la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales sea sensible a estas propuestas y las incorpore en la redacción definitiva de las órdenes, "demostrando un compromiso real con un sistema de servicios sociales de alta calidad, centrado en la persona y garante de derechos para toda la ciudadanía".