VALÈNCIA (EP). El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV) ha presentado un paquete de alegaciones al borrador del proyecto de decreto que regulará la Tipología y Funcionamiento de los Centros, Servicios y Programas de Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana, así como a su Anexo detallado, con el objetivo de exigir mejoras que garanticen los derechos de estas personas.

En total han sido 95 alegaciones al decreto y 68 alegaciones al anexo de centros, servicios y programas de los servicios sociales de atención primaria básico (APB), de carácter específico (APE) y de Atención Secundaria (ASec), ha detallado Cermi-CV en un comunicado.

Cermi-CV ha valorado el esfuerzo normativo, pero considera "imprescindibles modificaciones sustanciales" para asegurar que la nueva regulación "se alinee plenamente" con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la legislación española vigente, especialmente la Ley 8/2021 sobre el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica.

Las alegaciones de Cermi-CV se centran en varios ejes fundamentales para garantizar una atención social verdaderamente inclusiva y basada en derechos: Por un lado, pide que la accesibilidad universal (física, sensorial, cognitiva y de la comunicación) sea un requisito transversal y verificable en todos los centros, servicios, programas, procedimientos e instrumentos, incluyendo formatos como la Lectura Fácil, Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), Lengua de Signos (LSE) y estenotipia.

Además, se insta a una "revisión sistemática de todo el texto para eliminar cualquier vestigio del anterior modelo de sustitución de la voluntad, asegurando el respeto absoluto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre su propia vida y su proceso de intervención social".

Recursos suficientes

Por otra parte, Cermi-CV alerta que la efectividad del modelo depende críticamente de la dotación de recursos suficientes y exige que la financiación sea adecuada y que los mecanismos (como los módulos económicos) permitan diferenciar según la intensidad de apoyo.

Asimismo, reclama que la perspectiva de la discapacidad debe incorporarse en todos los servicios (generales y específicos) y programas, no solo en los destinados explícitamente a este colectivo. Se requiere una atención verdaderamente individualizada, basada en un enfoque de capacidades y en los apoyos necesarios para cada persona, y un enfoque interseccional que considere la confluencia de la discapacidad con otros factores como género, origen, orientación sexual, etc.

Crítica al modelo residencial tradicional

En sus alegaciones, la entidad critica el modelo residencial tradicional y exige priorizar alternativas basadas en la comunidad, como las viviendas con apoyo y la asistencia personal. Pide la transformación de recursos obsoletos como los centros ocupacionales hacia servicios de apoyo a la inclusión sociolaboral en entornos ordinarios. Además, aboga por "reducir drásticamente" el tamaño de las residencias.

Igualmente, Cermi-CV solicita mayores garantías en procedimientos clave como el consentimiento informado, el internamiento no voluntario, la baja forzosa de centros, el acceso a la información (HSU), la participación en órganos como los Consejos de Centro, y la gestión de sugerencias y quejas. Exige formación obligatoria y continua para todo el personal en derechos humanos, modelo social de la discapacidad y comunicación accesible.

Asimismo, se insiste en la necesidad de protocolos claros, mecanismos operativos y herramientas compartidas para asegurar una coordinación real y evaluable entre niveles, entre demarcaciones territoriales y con otros sistemas públicos.

Por último, Cermi-CV exige una garantía de financiación suficiente para implementar las mejoras y pide participación efectiva de usuarios, profesionales y entidades en el desarrollo de las Órdenes posteriores.

La entidad ha instado a la Conselleria competente a estudiar detenidamente estas propuestas y a "seguir con el diálogo constructivo para lograr una normativa final que esté a la altura de los retos y compromisos adquiridos en materia de derechos e inclusión social".