VALÈNCIA (EP). Compromís ha anunciado la presentación de una proposición de ley en Les Corts para modificar la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana con el propósito de que las de protección pública (VPP) lo sean "de forma permanente", así como para que tanto las promociones públicas como privadas tengan "la misma consideración y los mismos requisitos" de acceso, y para que el proceso de adjudicación se realice por sorteo público con el fin de evitar la "opacidad" del actual Consell del PP.
Así lo han trasladado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la diputada Mª José Calabuig, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, en las que han resaltado que se trata de una propuesta "sencilla, fácil, razonable, de sentido común y, en definitiva, justa". De hecho, Baldoví ha indicado que se podría aprobar en el próximo pleno y, por tanto, "estar ya en vigor a partir de abril".
"Si queremos aumentar la parte de vivienda protegida, lo que no tenemos que hacer es proteger esa vivienda. Esa vivienda se ha pagado en dinero de todos y, por tanto, ha de ser siempre vivienda protegida", ha argumentado el síndic, que ha subrayado la necesidad de que las construidas con ayudas públicas "siempre sean" de carácter público. "Si queremos tener un parque público de vivienda, lo que no podemos hacer es, cada X tiempo, desprotegerlo" para que "algunos hagan negocio", ha advertido.
Mientras, Calabuig ha explicado que el procedimiento para acceder a una vivienda de protección pública sería "sencillo" y comenzaría al apuntarse en el registro de solicitantes. Una vez inscrito y haya una vivienda pública disponible, se publicará en la web de la Generalitat, para que todas las familias a la espera de una puedan "ver las condiciones y acceder en las mismas", y se abrirá un plazo para que las que cumplan los requisitos opten a la vivienda.
Una vez finalizado, se hará un sorteo público para garantizar "la igualdad de condiciones entre todas las familias que cumplen los requisitos" y, finalmente, se adjudicará, tras lo cual se publicará en la web y se avisará por correo.
"Ahora mismo hay 76.000 familias que están esperando una vivienda pública y con este primer paso queremos garantizar la igualdad de condiciones entre todas", ha argumentado la diputada de la coalición. Pero el objetivo, ha señalado, es también "evitar lo que ha ocurrido" con el residencial Les Naus de la playa de San Juan, en Alicante, donde "cargos familiares y amigos del PP se han colado a estas más de 76.000 familias".
"Debilitamiento" del derecho a la vivienda
En la propuesta, Compromís expone que en las modificaciones introducidas por el decreto 180/2024 del Consell de régimen jurídico de las viviendas de protección pública, "lejos de reforzar el derecho a la vivienda en un contexto de emergencia residencial, han supuesto un debilitamiento de las garantías" del mismo, y denuncia que la normativa "ha eliminado el carácter permanente de la protección y rebajado los controles públicos sobre el destino de las viviendas de promoción privada".
Esta situación, alerta la coalición, "tiene como consecuencia la pérdida de las limitaciones propias de la protección pública, abre la puerta a procesos especulativos presentes y futuros y compromete la consolidación de un parque estable de vivienda protegida que dé una respuesta estructural a largo plazo al derecho constitucional de acceso a la vivienda".
Además, sostiene que la experiencia reciente "demuestra que, sin mecanismos firmes de control, seguimiento y garantía del destino efectivo de las viviendas protegidas, se desvirtúa su función social" y recalca que la vivienda protegida "no puede concebirse como un instrumento temporal sometido a dinámicas de mercado, sino como una herramienta estructural de política pública orientada a garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible".
Con todo, considera necesario impulsar una modificación legislativa que reoriente el régimen jurídico vigente hacia "la consolidación de un parque de vivienda protegida estable, suficiente y sometido a garantías públicas efectivas" para reforzar el carácter permanente de la protección, "blindándola ante procesos especulativos", y para hacerlo también con los mecanismos de transparencia, concurrencia y control en acceso y gestión, "asegurando que prevalezca interés general sobre cualquier otra expectativa".
Caso del exdirector del Cartogràfic
Por otro lado, preguntado sobre la investigación abierta por Fiscalía a partir de una denuncia de Antifraude al exalto cargo de la coalición Xavier Navarro, director del Institut Cartogràfic Valencià entre 2015 y 2023, por la adjudicación de una VPP de La Torre de València, Joan Baldoví ha insisitido en reclamar "igualdad de condiciones para todos" y en señalar que, si en este caso existe alguna irregularidad, que la Conselleria competente "lo investigue y, si alguien ha de tomar cualquier tipo de decisión, que se tome".
Y ha remarcado que en la coalición quieren "el mismo rasero para todos a la hora de otorgar o no otorgar vivienda pública". "No se puede venir aquí a tirar la piedra y después que no se sepa nada. Queremos que la Conselleria haga las averiguaciones y, si hay alguna irregularidad, que aplique aquellas soluciones o sanciones que se hayan de aplicar", ha zanjado.
