VALÈNCIA. Esta vez tampoco será. La proposición no de ley (PNL) de Compromís para modificar el estatuto de expresidentes no ha logrado el respaldo de ningún otro grupo parlamentario. Aunque será votada este mismo jueves, las cuatro formaciones representadas en la cámara autonómica debatieron y expresaron su postura sobre esta PNL durante la sesión plenaria celebrada este miércoles: PP, Vox y PSPV mostraron su rechazo a abordar cualquier cambio sobre la ley que regula los derechos de los expresidentes autonómicos una vez culminan su mandato.
Lo cierto es que la coalición presentó a finales del pasado marzo su propuesta que remodelación de este estatuto con un objetivo claro: evitar que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, pueda tener una retribución de en torno a 75.000 euros anuales como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) durante un periodo que podría alcanzar los 15 años en el caso de que esté al frente del Ejecutivo autonómico durante, al menos, una legislatura completa.
En este sentido, cabe recordar que la norma, pactada por PP y PSPV en 2002 durante el Consell de Eduardo Zaplana, establece que los expresidentes serán miembros natos de este órgano durante 15 años en el caso de que hayan sido jefes del Consell durante al menos una legislatura completa. Si no acaban la legislatura, pero están al menos dos años ejerciendo el cargo, serán miembros por un periodo igual al tiempo que hayan sido presidentes. De esta manera, si el president de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue en el cargo el próximo 17 de julio (cuando se cumplen dos años de su toma de posesión) se garantizaría poder estar, al menos, otros dos en el CJC si abandona el Gobierno valenciano antes del final de legislatura. En el caso de que acabara la legislatura, podría ocupar el citado puesto durante un periodo de 15 años.
La PNL de Compromís propone que se elimine la parte del artículo que recoge la salida del CJC de quienes han sido jefes del Consell. Además, plantea suprimir otros beneficios como es que los expresidentes cuenten con dos asesores y un coche oficial con chofer de manera vitalicia. El texto sí contemplaba el "apoyo de la Generalitat" a los antiguos jefes del Consell para aquellas "actividades, conferences y publicaciones" sobre actividades relacionadas con la Presidencia de la Generalitat o el autogobierno, así como que puedan hacer uso del parque móvil de la Generalitat para asistir a actos vinculados a su condición de expresidentes.
Por otro lado, la proposición plantea que los expresidents pierdan "con carácter definitivo" todos los "privilegios" recogidos en el estatuto cuando sean condenados "por un delito contra la administración o hacienda pública, la libertad sexual, las personas o por actividades relacionadas con el ejercicio de su cargo". Durante la presentación de la propuesta, el síndic de la coalición, Joan Baldoví, defendió que la salida al CJC es "una cosa que no está en muchos parlamentos, sino en una minoría absoluta" y confió en que la PNL pudiera obtener el apoyo de todos los grupos políticos" al considerar que se trata de una medida "razonable" y que está "en la calle".
No obstante, el resto de grupos escenificaron este miércoles su negativa a que esta proposición salga adelante. Baldoví centró la defensa del texto en evitar que los expresidentes cuesten "un dineral" a la ciudadanía valenciana: "Todo el respeto a los expresidentes, pero ningún privilegio". El portavoz de la coalición defendió la propuesta por ser "equilibrada, coherente y necesaria" y remarcó que, si Mazón deja de ser presidente este mismo verano, tendría "un sueldo de 75.000 euros" durante dos años en el CJC.
Tras ello, el diputado popular Javier Gutiérrez cargó duramente contra Compromís y, especialmente, sobre la figura de Baldoví. Gutiérrez calificó de "paripé" esta propuesta, sobre la que expresó: "No es responsabilidad, es populismo". En esta línea, consideró que esta PNL se trata de "demagogia disfrazada de justicia" y calificó a la coalición valencianista como un "apéndice parlamentario de Moncloa" y una "marioneta sin hilos de Pedro Sánchez".
Desde Vox, el síndic, José María Llanos, criticó que Compromís no propusiera "nada parecido" durante las dos legislaturas del Consell del Botànic y afeó que sigan "manteniendo a Sánchez en la poltrona". Tanto Gutiérrez como Llanos se mostraron críticos con que Compromís defendiera la reforma legislativa a partir de la digura de Carlos Mazón hasta el punto que el síndic voxista tildó a Baldoví de "déspota" por poner "nombres y apellidos" durante la presentación de la propuesta en la Cámara parlamentaria.
Menos duro, aunque también crítico, fue el posicionamiento del PSPV sobre esta propuesta: la diputada socialista María José Salvador abogó por poner "luces largas y superar el cortoplacismo" y defendió que todos los exjefes del Consell "no son iguales". En esta línea, consideró que no se pueden "hacer modificaciones ad hoc" de este estatuto "pensando en una persona a la que no le queda nada de molt honorable president" y ensalzó las figuras de los expresidentes socialistas Ximo Puig y Joan Lerma.
Puig, uno de los expresidentes acogidos al estatuto
En este punto cabe recordar que Francisco Camps (PP), Alberto Fabra (PP) y el propio Puig han sido tres de los expresidentes que se han beneficiado de parte de este estatuto. Camps fue miembro del CJC hasta el año 2021. Mientras que Fabra y Puig rechazaron formar parte de este órgano, aunque si se han acogido a algunos de los artículos del texto, como es el caso de contar con una oficina. Por su parte, José Luis Olivas renunció a todos los honores y derechos tras confirmarse una condena de un año y medio de prisión en 2017.
Por otro lado, la de Compromís no es la primera iniciativa parlamentaria para reformar la ley que regula los "privilegios" de los expresidentes. Por ejemplo, el PSPV propuso en 2013 quitar los derechos a la oficina, asistente o chófer, los mismos de los que a día de hoy se beneficia Puig. Mientras que, ya con el Consell del Botànic, Podem planteó en diferentes ocasiones una reforma del texto para eliminar los tres derechos anteriormente mencionados y establecer que los expresidentes fueran miembros natos del Consejo Económico y Social (CES) y no del CJC.
Las desavenencias en el seno del Consell fueron notorias, puesto que el PSPV se alineó con los populares y evitó los cambios normativos. No obstante, pocos días antes del adelanto electoral, la formación morada llegó a un principio de acuerdo con el PSPV para que Les Corts pudieran revocar a un expresidente por sentencia firme por un delito contra la administración ocurrido antes, durante o después de su mandato. Para ello, sería necesario que lo propusiera un tercio del total de los diputados de la cámara y de dos grupos parlamentarios. Y para que saliera adelante, debería ser aprobado por una mayoría reforzada de dos tercios de la cámara; es decir, 66 diputados. No obstante, el adelanto electoral dejó este acuerdo en papel mojado.
