VALÈNCIA. Una posible reforma del estatuto de los expresidentes vuelve a sobrevolar Les Corts Valencianes. Esta vez es a propuesta de Compromís, grupo que plantea que se elimine el artículo 4 de este texto por el que un jefe del Consell puede ser miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) con una retribución de en torno a 75.000 euros anuales durante un plazo que depende del tiempo que haya estado al frente del Gobierno autonómico. 

La norma establece que los expresidentes serán miembros natos de este órgano durante 15 años en el caso de que hayan sido jefes del Consell durante al menos una legislatura completa. Si no acaban la legislatura, pero están al menos dos años ejerciendo el cargo, serán miembros por un periodo igual al tiempo que hayan sido presidentes. De esta manera, si el president de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue en el cargo el próximo 17 de julio (cuando se cumplen dos años de su toma de posesión) se garantizaría poder estar, al menos, otros dos en el CJC si abandona el Gobierno valenciano antes del final de legislatura. En el caso de que acabara la legislatura, podría ocupar el citado puesto durante 15 años.

Una cuestión que Compromís quiere evitar, tanto con el propio Mazón como con las próximas figuras que ocupen la Presidencia de la Generalitat. En este sentido, el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, anunció este lunes que la formación presentará una reforma para modificar el estatuto de expresidentes y eliminar esta medida que, a su juicio, "en la calle nadie entiende". Con la modificación que plantea Compromís, "el señor Mazón, acabe o no la legislatura, no podrá ir al Consell Jurídic Consultiu y cobrar esos 75.000 euros" anuales.

Además, las próximas personas que ocupen la Presidencia del Ejecutivo valenciano tampoco se podrían beneficiar de este "privilegio", en palabras del propio Baldoví, al ser eliminado del articulado del propio estatuto. El síndic de Compromís aseguró que se trata de "una cosa que no está en muchos parlamentos, sino en una minoría absoluta" y confió en que pueda obtener el apoyo de todos los grupos políticos" al considerar que se trata de una medida "razonable" y que está "en la calle". 

El PP tendría que votar a favor para poder aprobar cualquier reforma

En cualquier caso, cabe mencionar que para llevar a cabo una reforma del estatuto de los expresidentes sería necesario contar con el respaldo de al menos tres quintas partes de Les Corts, lo que implica que actualmente solo podría salir adelante si cuenta con el respaldo del PP, atendiendo a la actual distribución de la cámara autonómica. Los populares cuentan con 40 diputados, lo que supone que el resto de grupos (PSPV, Compromís y Vox) suman 59 escaños, uno menos que la mayoría necesaria para modificar el texto. 

Además, PP y Compromís reúnen un total de 55 diputados, por lo que la propuesta también necesitaría contar con el apoyo de, al menos, uno de los otros dos grupos que forman parte del hemiciclo autonómico. Una suma parlamentaria que se avecina casi imposible para la formación que encabeza Joan Baldoví, teniendo en cuenta que tanto populares como socialistas se han mostrado en anteriores ocasiones reacios a modificar un estatuto clave para los presidentes autonómicos cuando dejan de ocupar el Palau de la Generalitat. 

Un acuerdo entre PP y PSPV días antes de que Zaplana fuera ministro

Cabe mencionar que el estatuto de expresidentes fue presentado en Les Corts en el año 2002 días antes de que el entonces president Eduardo Zapalana dejara la Generalitat para tomar posesión como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el Gobierno de España. El texto fue acordado entre el PP y PSPV, por entonces encabezado por Joan Ignasi Pla. La tramitación en el parlamento valenciano por vía de urgencia evitó la posibilidad de que se pudieran presentar enmiendas.

El estatuto establecía en un primer momento que los expresidentes podían ser miembros permanentes del CJC de manera vitalicia y no incluía ningún tipo de permanencia mínima al frente de la Generalitat para ser beneficiario de esta medida. No obstante, fue modificado mediante la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003 para establecer el plazo máximo en el Consell Jurídic y el mínimo como president de la Generalitat para poder acceder a este puesto. 

Una modificación que se produjo durante el efímero mandato de José Luis Olivas, que sustituyó a Zaplana en el Consell, pero que no fue el candidato popular a la Generalitat en las elecciones de 2003. De no haberse producido esta modificación del estatuto, Olivas podría haber sido miembro nato del CJC de manera vitalicia a pesar de haber estado al frente del Consell menos de un año. 

En cualquier caso, cabe mencionar que el cargo de miembro nato de este órgano es un cargo incompatible "con el ejercicio de cualquier puesto de responsabilidad ejecutiva en las Administraciones Públicas", así como con el resto de supuestos de incompatibilidad. "En todo caso, la percepción de las retribuciones correspondientes a la condición de miembro nato del Consejo será incompatible con la de otras retribuciones por el desempeño de cualquier cargo público", recoge la norma vigente.

Este estatuto, además, permite a los expresidentes poder tener una oficina de apoyo una vez concluido su mandato con tres puestos de personal eventual: dos con funciones de asesoramiento y uno de conductor. En este sentido, la Generalitat dispondrá de la "dotación presupuestaria" para el funcionamiento de esta oficina, un automóvil del parque móvil autonómico y "un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina".

La norma también establece que el Consell dotará de los "servicios de seguridad que se consideren necesarios" a los exjefes del Consell. Además, los expresidentes "tendrán tratamiento vitalicio de Molt Honorable Senyor/a y ocuparán el lugar protocolario que les corresponda según la normativa vigente". Mientras que en los desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana, podrán "gozar de los servicios" de la Generalitat como son las oficinas en Madrid y Bruselas.

Francisco Camps, Alberto Fabra o Ximo Puig son tres de los expresidentes que se han beneficiado de parte de este estatuto. Camps fue miembro del CJC hasta el año 2021. Mientras que Fabra y Puig rechazaron formar parte de este órgano, aunque si se han acogido a algunos de los artículos del texto, como es el caso de contar con una oficina. Por su parte, José Luis Olivas renunció a todos los honores y derechos tras confirmarse una condena de un año y medio de prisión en 2017. 

Intentos de modificación para eliminar "privilegios"

Cabe mencionar que la propuesta de Compromís no es la primera que se produce en Les Corts con el objetivo de cambiar parte del articulado del estatuto y reducir los "privilegios" de quienes han ejercido el cargo de jefes del Consell. Por ejemplo, el PSPV propuso en 2013 quitar los derechos a la oficina, asistente o chófer, los mismos de los que a día de hoy se beneficia Puig.

Ya con el Consell del Botànic, Podem planteó en diferentes ocasiones una reforma del texto para eliminar los tres derechos anteriormente mencionados y establecer que los expresidentes fueran miembros natos del Consejo Económico y Social (CES) y no del CJC. Las desavenencias en el seno del Consell fueron notorias, puesto que el PSPV se alineó con los populares y evitó los cambios normativos. No obstante, pocos días antes del adelanto electoral, la formación morada llegó a un principio de acuerdo con el PSPV para que Les Corts pudieran revocar a un expresidente por sentencia firme por un delito contra la administración ocurrido antes, durante o después de su mandato. 

Para ello, sería necesario que lo propusiera un tercio del total de los diputados de la cámara y de dos grupos parlamentarios. Y para que saliera adelante, debería ser aprobado por una mayoría reforzada de dos tercios de la cámara; es decir, 66 diputados. No obstante, el adelanto electoral dejó este acuerdo en papel mojado. Ahora, con la propuesta de Compromís se reabre por primera vez en esta legislatura el debate sobre el estatuto que beneficia a los Molt Honorable tras su salida de la Generalitat.