VALÈNCIA (EFE). La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha trasladado el rechazo de la Generalitat a participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, cuya convocatoria ha calificado de “ilegal”, y ha denunciado un "reparto irresponsable" de menores no acompañados.

Susana Camarero también ha advertido de que de haberse celebrado la Conferencia Sectorial "todos los acuerdos adoptados serían nulos de pleno derecho”, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La Comunitat Valenciana, al igual que el resto de autonomías gobernadas por el PP, no ha asistido al pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocado este jueves en Madrid.

Al respecto, Camarero ha señalado que el Gobierno central "ha vulnerado el procedimiento establecido al convocar la conferencia sin un orden del día acordado en la comisión preparatoria de directores generales".

“Esta reunión se convocó de forma unilateral y sin consenso. Le advertimos a la ministra mediante un requerimiento sobre esta cuestión, como paso previo a un contencioso administrativo, y no ha respondido”, ha lamentado.

Tras conocer que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado el traslado, a partir del próximo 28 de agosto, de hasta 3.975 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a distintas comunidades autónomas, la vicepresidenta ha cuestionado al Gobierno por “seguir adelante con su hoja de ruta sin aval, sin consenso y sin respeto a los menores”.

Además, ha asegurado que en la Comunitat Valenciana “no vamos a ser cómplices del atropello del Gobierno a las comunidades autónomas en esta materia”.

Una decisión basada en la responsabilidad

La vicepresidenta ha remarcado que la ausencia de la Comunitat Valenciana no obedece a una falta de solidaridad, sino a una "cuestión de responsabilidad" debido a que el Gobierno de España está llevando a cabo un reparto de menores no acompañados de forma "discrecional, inconstitucional e irresponsable” y está imponiendo un reparto de casi 5.000 menores “sin planificación, sin criterios claros, sin financiación y de manera inhumana”, ha asegurado.

En concreto, ha informado de que el Gobierno pretende asignar a la Comunitat Valenciana 571 menores adicionales sin haber establecido una hoja de ruta, sin indicar cuándo ni en qué condiciones llegarán, y con una dotación económica que apenas cubre el 16 % del coste real.

“Nos ofrecen 7,4 millones de euros para tres meses cuando solo su atención básica costará 45,5 millones”, ha señalado Camarero, quien, ante esta situación, se ha preguntado de dónde pretende el Gobierno que la Comunitat Valenciana recorte presupuesto para atender ese gasto. “¿De la dependencia? ¿De las políticas sociales?”, ha cuestionado.

Sistema de protección al límite

El sistema valenciano de protección de menores se encuentra al 160 % de su capacidad, según las fuentes, que indican que en el último año, "se han incrementado las plazas un 63 %, con un esfuerzo económico de más de 9 millones de euros, y se han atendido más de 760 menores en lo que va de año".

“Nuestro sistema no puede absorber más presión sin romperse. Las entidades que gestionan estos recursos ya nos han dicho que no hay infraestructura ni personal suficiente”, ha informado la vicepresidenta.

Además, ha criticado que el Gobierno de España invada las competencias autonómicas porque “la protección de menores es competencia de cada comunidad y el Estado no puede decidir unilateralmente cuántos menores podemos acoger”.

Falta de política migratoria real

La vicepresidenta también ha acusado al Gobierno de utilizar este reparto como “cortina de humo” para desviar la atención de sus problemas políticos y ha lamentado que no exista una política migratoria efectiva.

En su opinión, “el problema no se resuelve trasladando menores de Canarias a otras comunidades, sino con actuaciones en origen y combatiendo a las mafias”, ha señalado.

Por otra parte, ha recordado que la Comunitat Valenciana trabaja en cooperación internacional para prevenir la migración infantil forzada y ha implementado programas de emancipación para los jóvenes tutelados que han permitido que más 400 jóvenes hayan sido acompañados en su transición a la vida adulta en pisos tutelados, y más de 2.300 han recibido formación y orientación para acceder al empleo. “Mientras tanto, el Gobierno de España ha hecho cero en esta materia”, ha recalcado.

Acciones institucionales en marcha

Respecto a las acciones institucionales iniciadas por la Generalitat para evitar este reparto, la consellera ha informado de que se han remitido sendas comunicaciones al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges, además del requerimiento formal al Ministerio como paso previo a un contencioso administrativo.

“Lo primero para nosotros es el interés superior del menor, pero también debemos proteger la calidad de nuestro sistema”, ha concluido Camarero.

Por último, Camarero ha reiterado la voluntad del Consell para colaborar en la búsqueda de soluciones consensuadas, con recursos adecuados. Pero ha incidido en el rechazo a cualquier imposición “que ponga en riesgo la dignidad de los menores y la sostenibilidad del sistema de protección”.