VALÈNCIA (EFE). La Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia ha pedido a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa sobre la catástrofe que impute a tres técnicos de Emergencias de la Generalitat y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Así consta en el recurso que la asociación ha presentado al auto de la jueza instructora del pasado lunes por el que imputó a la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

Además, la asociación ha pedido que al listado de 225 personas fallecidas como consecuencia de la catástrofe se añada una más, un hombre que murió ahogado y que no figura en el auto con la lista de fallecidos, una omisión que consideran "inexplicable", según el recurso al que ha tenido acceso EFE.

Tras el auto de la jueza que afirmó que "no ha lugar" a la declaración como querellados del directos general de Emergencias, del subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y del presidente de la CHJ, como pedía esta asociación, consideran "llamativo" que no se resuelva expresamente sobre su imputación, ni se disponga su citación como testigos.

La investigación practicada hasta la fecha "ha puesto de manifiesto su intervención en la gestión de la catástrofe, al contar con datos suficientes como para haber adoptado decisiones antes de lo que se hicieron", indica el recurso, por lo que piden una resolución expresa sobre si situación procesal.

Esta asociación, en la que figuran 114 afectados por las inundaciones de la dana, ve "imprescindible" que se determine si deben ser llamados a declarar en calidad de investigados, o de manera subsidiaria en el caso de los técnicos de Emergencias en calidad de testigos, a fin de que puedan aportar "información relevante la gestión de la emergencia".

En el caso concreto del presidente de la CHJ, Miguel Polo, consideran que su "negligencia" es manifiesta, pues su organismo "no realizó llamadas telefónicas de alerta durante la crecida del Barranco del Poyo, sino que se limitó a enviar correos electrónicos", pese a la gravedad de los hechos y que estaba presente en el Cecopi.

Cabe recordar que la documentación aportada a la causa por el organismo que preside Polo defendía que los datos cincominutales de medición de caudales del barranco del Poyo estaban disponibles "en tiempo real" para los responsables de la emergencia mediante el sistema SAIH, si bien no remitió ningún correo entre las 16.13h y las 18.43h alertando de la crecida. Al parecer de la instructora, "más allá de la remisión de los correos electrónicos [...] ha de atenderse a la información que proporcionaba el SAIH".

Con todo, la asociación considera que en emergencias "de esta magnitud, la comunicación activa y eficaz es un deber inexcusable; no basta con enviar emails cuando se están superando los umbrales críticos de caudal", de manera que "su omisión y pasividad en este sentido constituyen una negligencia grave" y debe ser imputado. También consideran que el autor recurrido tiene "importantes errores materiales, así como importantes errores de valoración" del resultado de las diligencias de investigación practicadas, y que no se ha motivado lo suficiente la no imputación del resto de querellados.