VALÈNCIA (EP). La situación de las personas migrantes en los municipios de Valencia afectados por la dana "sigue siendo preocupante" porque la catástrofe actuó como "amplificador de desigualdades estructurales", según han advertido las entidades que acompañan a esta población, que lamentan que el proceso de regularización extraordinaria ha resultado "ineficaz", se ha limitado "aún más su acceso a derechos básicos" y han proliferado los discursos de odio en redes sociales.

Así lo recoge el III Balance Anual Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en Valencia, que ha presentado este martes las entidades Campaña CIEs NO, CEAR-PV, Convive Fundación Cepaim, Elche Acoge, Movimiento Por la Paz, Regularización Ya, Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes, AIPHYC, Rumiñahui y València Acull. En nombre de ellas han intervenido Víctor Navarro, Silvana Cabrera y Esther Mamadou.

Los portavoces han advertido que la situación de las personas migrantes "ha empeorado" en los municipios afectados por la dana y han lamentado "el gran desconocimiento" que existe dentro de las administraciones de sanidad, educación, servicios sociales y ayuntamientos sobre la Ley de Extranjería, al tiempo que han denunciado la dificultad para recibir atención y episodios de racismo.

Así, han señalado que la regularización extraordinaria de personas migrantes con motivo de la dana "no ha sido suficiente" debido a las trabas de las personas migrantes para empadronarse y "la poca voluntad por parte de servicios sociales y de los ayuntamientos de trabajar en conjunto para poder otorgar un certificado de residencia efectiva".

Las entidades han expuesto que el año pasado Oxfam Intermón cifró en más de 40.000 las personas extranjeras en situación administrativa irregular en la zona dana, pero solo cerca de 23.000 se acogieron al procedimiento.

Según el informe, el motivo por el que las personas han quedado fuera ha sido la imposibilidad de empadronarse o no cumplir con los requisitos adoptados para que Servicios Sociales elaborara un Informe de Residencia Efectiva. Las entidades critican, por ejemplo, que el uso de correo electrónico sea obligatorio en la tramitación cuando hay personas sin conexión a internet, lamentan la "falta de información clara y en varios idiomas" y el "insuficiente acompañamiento institucional".

Acceso limitado a ayudas y derechos

Cabrera ha destacado además que en los territorios afectados quienes trabajan en sectores como la construcción, el empleo doméstico y los cuidados son personas migrantes. Muchas de ellas, ha añadido, no tienen contrato laboral ni han podido regularizar su situación.

La falta de empadronamiento dificultó el acceso de las personas a prestaciones sociales, atención sanitaria y escolarización, según el informe. En el ámbito educativo, han lamentado las dificultades para reescolarizar a los menores que han tenido que cambiar de centro por los daños en las infraestructuras educativas. Las entidades denuncian además la ausencia de protocolos antirracistas en las aulas.

Sobre la vivienda, "no hubo un plan de reubicación para las personas durante la dana", lo que, según ha expresado Cabrera, "ha generado que las personas sigan viviendo hacinadas, malviviendo". Los portavoces explican que algunos propietarios de vivienda han hecho a sus inquilinos extranjeros pagar las reparaciones y han hablado de situaciones como la de un garaje reconvertido en 14 viviendas donde viven 27 personas en condiciones inadecuadas.

El informe añade que ha habido una "carencia de inspecciones post-emergencia en zonas vulnerables, lo que permitió que se perpetuaran condiciones insalubres". También reprocha la "falta de coordinación institucional entre ayuntamientos, servicios sociales y entidades del tercer sector, que retrasó la respuesta".

Cabrera ha insistido en que la situación "sigue siendo bastante preocupante al día de hoy". "Se habla de la negligencia con la que se ha actuado, pero nunca se tiene en cuenta que las personas más afectadas son las que se encontraban en situación administrativa irregular, porque no han recibido ningún tipo de ayuda ni autonómica ni estatal y al día de hoy siguen viviendo las consecuencias en todos los niveles", ha agregado.

Estigmatización

Más allá de las consecuencias materiales, el informe se refiere a un "aumento de los prejuicios raciales y étnicos", "una estigmatización generalizada y a una pérdida de confianza hacia las instituciones públicas".

Entre los hechos más relevantes, afirma que "proliferaron en redes sociales mensajes que culpabilizaban a las personas migrantes de la saturación de recursos públicos o cuestionaban su derecho a recibir ayuda humanitaria".

Asimismo, las entidades han denunciado "actuaciones policiales selectivas basadas en la apariencia física o el origen étnico", incluso durante el reparto de ayuda. También ha alertado de "exclusión institucional" porque "algunos servicios sociales y centros educativos actuaron bajo criterios no objetivos, priorizando la atención a personas nacionales frente a migrantes, o exigiendo documentación no requerida legalmente".

Padrón y protección internacional

Además de las consecuencias de la dana, el informe expone los incidentes discriminatorios y racistas registrados por las organizaciones sociales, principalmente en el área metropolitana de València, durante el año 2025. Esther Mamadou ha advertido de que "no hay ninguna mejoría" respecto a años anteriores porque "faltan políticas públicas que desenquisten las mismas problemáticas que se denuncian año tras otro", ha subrayado.

En especial, ha puesto el foco en las dificultades de las personas migrantes en situación de sin hogar y que habitan infraviviendas para acceder al empatronamiento especial que permite el acceso a derechos fundamentales. Los portavoces de las entidades han incidido en que en el mes de agosto se denunció una baja masiva de 8.594 personas extranjeras del padrón del Ayuntamiento de València.

También ha denunciado "las trabas y los obstáculos" para acceder al procedimiento de protección internacional y obtener una cita porque, "a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges, la Policía Nacional no ha dado una respuesta que sea eficiente y permita que las personas puedan acceder al procedimiento".

"Nos hemos encontrado con casos de personas que han perdido sus empleos, oportunidades laborales o se les ha bloqueado sus cuentas bancarias porque no han podido simplemente renovar su documento caducado", han explicado, y han adbertido que incluso se ha formado un mercado negro en el que se venden citas para el procedimiento de protección internacional por mil euros.

En el ámbito educativo, ha señalado "dificultades de los padres, de entender los procedimientos administrativos" y "falta de acompañamiento en casos de bullying, de racismo en las aulas".

El informe se detiene en episodios específicos como el presunto caso de violencia policial hacia una familia de nacionalidad colombiana el pasado 14 de mayo. Igualmente, se advierte de episodios racistas en administraciones públicas, que para las entidades evidencian la necesidad de formar más al personal. Las entidades denuncian también la violencia que sufren las personas en situación de calle y la falta de plazas de albergues, con una lista de espera de cuatro meses.