VALÈNCIA. La extraordinaria Dana del pasado 29 de octubre puso a prueba de nuevo la preparación del territorio ante inundaciones y riadas en una zona, la fachada Mediterránea, que sufre catástrofes de este tipo cada cierto tiempo. En este caso, la inusual intensidad del temporal sobrepasó cualquier previsión y los expertos auguran que fenómenos de esta envergadura serán cada vez más frecuentes. Y en ese sentido, la tragedia ha invitado a repensar la ordenación territorial de las zonas inundables, además de la forma en que se construyen las infraestructuras y los proyectos antiriadas a ejecutar en las cuencas y barrancos.

Sobre estas cuestiones reflexiona un informe del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana, publicado el pasado mes de junio, que pone sobre la mesa un Plan de Regeneración Territorial que, más allá de priorizar las actuaciones de renaturalización de cauces frente a obras hidráulicas, incluye un "genuino repliegue" de la sociedad. Un movimiento que debería ser "ordenado, progresivo, inclusivo y no discriminatorio" y que debería llevarse a cabo en muchos ámbitos: desde la relocalización de infraestructuras y servicios imprescindibles hasta la adaptación arquitectónica de los municipios, pasando por un replanteamiento de los planes urbanísticos e incluso el realojo de la población de las zonas inundables o la reducción del vehículo privado y la reestructuración de las actividades económicas.

El informe, suscrito por el biólogo Ricardo Almenar, sostiene que "más no es necesariamente mejor" y cuestiona "una expansión como la del pasado" que, expone, operó "de forma irrestricta" y ha "transferido notorios costes a nuestro presente y a nuestro futuro". Algo que se evidencia "nítidamente" en catástrofes como la Dana, por lo que señala, citando a un geofísico que examinó el desastre del Katrina, que es el "momento de deconstruir constructivamente en lugar de construir destructivamente". Sobre todo teniendo en cuenta que se esperan fenómenos así cada vez más frecuentes y que, el pasado 29 de octubre, la riada alcanzó incluso zonas que no estaban calificadas como inundables.

En la práctica, el informe traduce esta filosofía a actuaciones concretas en materia de urbanismo. Por un lado, pide la revisión de las cartografías de peligrosidad calculadas con modelos que minusvaloran el riesgo y, a partir de ahí, paralizar los proyectos urbanísticos en marcha que contemplan la edificación en zonas inundables y volverlos a examinar con los nuevos criterios. "Son indicaciones de lo más razonables, por más que algunos se opongan frontalmente a ellas por menoscabar sus intereses y aspiraciones que, al parecer, permanecen incólumes pese a los desastres de las recientes avenidas", asegura el documento.

Al respecto, el informe apunta que el 90% de los planes urbanísticos son previos a la última versión del Plan de Acción Territorial sobre el Riesgo de Inundaciones (PATRICOVA), por lo que "se entiende así que múltiples zonas inundables sigan, pese a ello, apareciendo como urbanizables en el planeamiento municipal vigente". El Plan, cabe recordar, califica 290.000 hectáreas de la Comunitat Valenciana como inundables (el 12% del territorio), de las cuales 50.000 presentan una peligrosidad alta o muy alta. En estas últimas zonas, dice el documento ,"parece obvio" que "no se tendría que haber construido en ningún caso" y que, en el resto de zonas inundables, "debería haberse hecho solo con unas directrices arquitectónicas progresivamente exigentes en función del peligro".

El documento también recuerda que, aunque el PATRICOVA impedía ampliar la edificación a zonas con alto peligro de inundación, también "respetaba lo ya construido en núcleos urbanos consolidados aunque se encontraran en peligro". Una excepción que "ni puede ni debe mantenerse ya de cada al futuro". Los datos de la última versión del Plan recogen que 650.000 personas viven en zonas inundables y de ellas, 200.000 lo hacen en enclaves de alta o muy alta peligrosidad. Por ello, dice el informe del Colegio, "no basta ya con la mera prohibición de nuevas edificaciones" sino que hay que plantearse al realojo de la población ya asentada en zonas de alta o muy alta peligrosidad, que es cerca del 4% de la población valenciana.

"Suena tremendista, pero no lo es", insiste el documento, según el cual se trataría de un "desplazamiento" ordenado y progresivo -no una "retirada más o menos brusca e indiscriminada" ni una "desbandada demográfica"- para "evitar un mal mayor" al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de la población afectada. Además, esto permitiría "restituir" la red hidrológica para devolverle "su razón de existencia" y no implicaría, sostiene, que la sociedad dejara de utilizarla sino que lo haría "de otra manera".

Relocalización de infraestructuras y actividades

El Plan que propone el Colegio de Biólogos pide la relocalización de infraestructuras cuando "su mera remodelación resulte inviable técnicamente o inasumible económicamente" por su influencia en fenómenos meteorológicos adversos. Así, señala que su reconstrucción o modificación puede "no ser suficiente para evitar sus negativos efectos hídricos". "Carece de sentido obstinarse en mantener determinados tramos de la red viaria o ferroviaria cuando los mismos son manifiestamente lesivos con el único argumento de que existían previamente", insiste.

En ese sentido, insta a buscar alternativas para evitar el "efecto de contención, incluso rebote, de las aguas de inundación" de algunas infraestructuras y "evitar tales embalsamientos". Aquí, por ejemplo, aunque considera suficiente en la V-31 (Pista de Silla) sustituir la mediana de hormigón por una instalación metálica, en el caso de la línea de ferrocarril, cuyos muros facilitaron inundaciones de tres metros, "no ha de ser remodelada sino relocalizada, sea aérea o subteráneamente".

En el caso de servicios vitales, el informe resalta la "paradoja" que en algunos casos, fueran los "primeros en inundarse". Algunos ayuntamientos como Paiporta, Alaquàs o Carlet han decidido reubicar instalaciones de primera necesidad en emplazamientos más seguros, celebra el documento, que por otra parte lamenta que "la mayoría de municipios acabará optando por la reparación o incluso la reconstrucción [...] sin cambios o con modificaciones solo puntuales [...] pese a la evidencia de que lo que ha sido inundado muy probablemente se inundará de nuevo".

Por otro lado, el Plan englobaría también una "reestructuración de las actividades económicas" y sus emplazamientos. Polígonos industriales anticuados (de los años 60 y 70 del pasado siglo), además de infradotados, y centros comerciales sobredimensionados e inadaptados a los episodios inundatorios, constituyen ciertamente, cuestiones urgentes a afrontar", apunta, para decir a continuación que se están dando pasos "tímidamente" en ese sentido, y pone como ejemplo a Riba-roja, que ha ofrecido 360 hectáreas a la Generalitat en zona no inundable para reubicar diferentes industrias.

La movilidad

Este gran "repliegue" también debería llegar al campo de la movilidad, con un "reajuste" del transporte, "reduciendo el actual parque de vehículos privados, primando el transporte público, y fomentando en todo lo posible la accesibilidad frente a la movilidad, particularmente la motorizada". Recuerda aquí los cerca de 140.000 vehículos afectados por la riada, de los cuales 120.000 se calificaron como siniestro total, y las imágenes de las "barricadas de automóviles dificultando la evacuación de las aguas e impidiendo el acceso a las viviendas" así como las de los "vehículos apilados, unos sobre otros en campas improvisadas".

El Colegio de Biólogos cita estudios que aseguran que la mitad de las víctimas mortales en catástrofes naturales "están ligadas diracta o indirectamente al automóvil". Y ello es, sostiene, por "lo imprescindible que para muchas personas representa el vehículo propio y la equívoca sensación de seguridad que da". A juicio del redactor, "lo que en su orígen representa un ejercicio de racionalidad individual -el uso del vehículo privado-, cuando se generaliza, se convierte en toda una muestra de irracionalidad colectiva". A lo que se suma, la "innegable deficiencia" de las localidades densamente pobladas y con "una exacerbada densidad automovilística, manifiesta y ampliamente visible en aparcamientos, garajes y calles".

Así, insta a "primar aquella accesibilidad que menos movilidad requiera" frente al modelo actual que hace que en l'Horta Sud, sea "muy difícil" llegar a lugares de trabajo, puntos de venta y otros servicios públicos "sin movilidad". Con todo, de cara al transporte que deba existir, exhorta a priorizar el transporte no motorizado y, si es necesario el motorizado, primar el transporte colectivo. Una estrategia que, hasta ahora, se ha visto "lastrada por el predominio casi absoluto de la ciudad de València como nodo central" de la movilidad. "No deja de ser sorprendente que localidades -y aún más, polígonos industriales- que resultan ser espacialmente adyacentes carezcan de comunicación entre sí, salvo en todo caso la que precisa pasar por la propia ciudad central", expone.