VALÈNCIA. (EFE) Las comunidades autónomas del PP -11 de las 17- acudirán al encuentro convocado para este lunes por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con pocas expectativas y con demandas de cara a una reforma del sistema de financiación que se demora desde hace más de 10 años.
Pocas expectativas en concreto respecto a los datos que van a conocer, la senda de estabilidad que el Gobierno tiene previsto aprobar el martes, y al informe sobre la modificación del sistema de financiación autonómica, que por ejemplo la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, cree "un punto de relleno" en el orden del día, incluido solo para evitar las quejas de las autonomías que llevan años reclamándolo.
El planteamiento de las autonomías del PP lo ha explicado claramente el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al calificar de "un poco secundario" el objeto principal de la convocatoria del Consejo -la senda de estabilidad- y dudar de que se vaya a tratar a fondo "lo que verdaderamente interesa: la financiación autonómica".
Directamente escéptico ante la convocatoria del lunes se ha mostrado el portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, para quien el debate sobre la senda de estabilidad y el techo de gasto presupuestario "no va a ningún sitio porque no hay apoyos parlamentarios" suficientes para sacarlo adelante.
Reclamaciones autonómicas
La cita será aprovechada por el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno para reclamar que se destinen 4.000 millones de euros en el marco de un nuevo sistema de financiación para costear los servicios públicos de su comunidad, lo mismo, ha recordado el propio Moreno, que exigió en marzo de 2018 la hoy ministra, María Jesús Montero, al entonces Gobierno de Mariano Rajoy cuando era la responsable de Hacienda de la Junta.
De forma similar, la Comunitat Valenciana demandará de nuevo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la urgente reforma del sistema de financiación y, mientras tanto, un fondo de nivelación con la suficiente dotación para igualar a las comunidades que están por debajo de la media con el resto, como ha señalado la consellera de Hacienda en funciones.
También planteará exigencias el Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García-Page, que ha señalado que su Gobierno defenderá en el Consejo, primero, que el régimen común siga "siendo común", de forma que "no haya singularidades con privilegios", y, segundo, una mayor participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado.
En el mismo sentido, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido -y lo ha hecho en Barcelona- que la financiación se debería "hablar entre todos" en lugar de pactarla solo para Cataluña de forma bilateral "en un despacho".
Desde Canarias, gobernada en coalición por CC y PP, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha adelantado que asistirá a la reunión confiando en que sea "la antesala para una reforma profunda del sistema de financiación autonómica", ya que conocer ahora los objetivos de estabilidad presupuestaria le parece "irrelevante" puesto que la mayoría de las comunidades autónomas ya han elaborado sus presupuestos con cálculos propios.
Más interesado se ha mostrado el responsable de Hacienda del Gobierno socialista de Asturias, Guillermo Peláez, que ha indicado que si el lunes se concretan los objetivos de estabilidad, entre otros datos, se "despejarán muchas incógnitas" y se podrá cerrar el estado de ingresos de las cuentas autonómicas para 2026 y presentar el presupuesto en los días siguientes.
Primer paso hacia los presupuestos
La presentación de la senda de estabilidad a las regiones y su posterior aprobación en Consejo de Ministros constituye el pistoletazo de salida hacia los presupuestos, que acumulan ya meses de retrasos.
En el encuentro del lunes, Hacienda propondrá unos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el periodo 2026-2028, tanto para el conjunto del sector público como desagregados por subsectores, que serán acordes con los compromisos europeos y que tienen garantizada su aprobación porque el Gobierno cuenta con la mitad de los votos.
Estos objetivos serán después aprobados en el Consejo de Ministros junto al techo de gasto -que no se vota- y remitidos a las Cortes, que podrán avalarlos o rechazarlos -si los aprueba el Congreso pero los rechaza el Senado, la Cámara Baja podría retirar el veto-.
En caso de rechazo -algo previsible dada la oposición de Junts, que ya tumbó la senda de estabilidad 2025-2027-, el Gobierno tendrá que volver a aprobar la senda en el plazo de un mes, ya sea la misma o una nueva, y reiniciar todo el procedimiento.
Si la segunda senda también es rechazada, entrarán en vigor los objetivos remitidos a Bruselas, sin que Hacienda haya aclarado si serán los del programa de estabilidad de 2023 (2,5 % del PIB de déficit para 2026) o los la del plan fiscal (2,1 % del PIB)
