VALÈNCIA. Siguen paso a paso las pesquisas por la filtración de una llamada del día de la Dana entre el servicio autonómico del 112 y la Agencia Española de Meteorología (Aemet). La jueza de Instrucción 6 de Llíria, encargada de la investigación, ya ha tomado declaración como testigos a las dos técnicas que participaron en aquella llamada, una por parte de la Generalitat Valenciana y otra de la agencia, dependiente del Gobierno central
El juzgado investiga por presunto delito de revelación de secretos la difusión de una versión recortada de aquella llamada en varios medios de comunicación, que buscaba desacreditar la actuación de la agencia estatal el fatídico 29 de octubre. Para ello, la jueza requirió que ambas instituciones identificaran a las empleadas que participaron en aquel contacto telefónico como paso previo para citarlas como testigos/perjudicadas. Y así lo hicieron a principios de septiembre.
Se trata por una parte de una predictora de la Aemet, que responde a las siglas de E. J. S., y por otra, de una empleada de la Generalitat Valenciana que era la técnica de la Sala de Mando y Control del Centro de Coordinación de Emergencias, G. T. Así pues, las dos fueron llamadas a declarar y comparecieron este lunes ante la magistrada a través de videoconferencia, según ha podido saber este diario, si bien todavía no han trascendido sus declaraciones.
Es uno de los primeros pasos importantes en la instrucción después de que la jueza de Llíria emprendiera la investigación el pasado 9 de julio a partir de una denuncia de la Fiscalía Provincial, a su vez basada en un escrito de la Aemet. Y aunque la jueza ofreció acciones legales tanto a la agencia estatal como a la Generalitat Valenciana, responsable del servicio del 112, solo la primera se ha presentado en calidad de perjudicada, al considerar "evidente" que se buscó menoscabar su prestigio con la filtración malintencionada. Será defendida por la Abogacía del Estado. Por su parte, la administración autonómica ha decidido no personarse en la causa, como publicó Valencia Plaza. Al menos "por el momento", según explicaron en su momento fuentes del Gobierno valenciano.
En la llamada, la predictora de Aemet informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la Dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia, pero el audio que se filtró estaba recortado y solo se le escuchaba asegurar que no iba a "marear con más avisos" y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior". También se ocultaba cómo, más tarde, la meteoróloga advertía "a las 3 de la tarde empieza lo peor como hasta allá las 6 de la tarde", y que al final la técnica de Emergencias concluía: "Ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias, con todos los caudales, pero bueno, poco a poco".
Figuras importantes del PP valenciano, entre ellas el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, emplearon las noticias que se hicieron eco del audio manipulado para atacar directamente el papel de la Aemet, una de las estrategias que ha seguido el Ejecutivo valenciano hasta la dimisión del titular del Consell. Cabe recordar que es la administración valenciana la encargada de custodiar dichas conversaciones, según la denuncia de la Fiscalía: "Las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante la gestión de una emergencia son conservadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana".
En ese sentido, el escrito de la acusación pública recordaba que "toda información relativa a la gestión de un incidente de la emergencia gestionado por el 112" debe ser puesta a disposición "de todos los servicios esenciales involucrados, a los estrictos fines de su gestión" pero que una vez "finalizada la gestión del incidente de emergencia, únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”. De manera que extraer estas conversaciones fuera del circuito interno sin el requerimiento de un juzgado estaría prohibido y puede considerarse delito.
La información recabada
Lo cierto es que hasta el momento se han hecho pocas indagaciones. La magistrada requirió a OK Diario, el primer medio que publicó una pieza sobre la versión manipulada de la llamada, para que entregase "el archivo de audio publicado en dicho medio y referente a la conversación objeto de denuncia, tanto en su versión íntegra, como en la versión que fue inicialmente publicada" el 12 de febrero. Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la empresa editora del medio digital respondió que "no publicó en ningún momento 'archivos de audio'" en sus noticias.
Por otro lado, la instructora ordenó al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial para que indagase en los protocolos de conservación de las llamadas del centro de coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, así como "el método de acceso a las grabaciones y la determinación de la persona o personas que accedieron" a la grabación en cuestión entre el día de marras y el 12 de febrero de 2025.
Por el momento, el instituto armado ha aportado documentación sobre el sistema integrado de gestión y comunicaciones de emergencias, que conecta a través de la plataforma Coordcom al departamento del 112 con decenas de "agencias integradas", tanto servicios de emergencias, cuerpos de rescates, compañías públicas estratégicas y agencias como la Aemet. En este sistema se registran todos los contactos de una emergencia y, según explica la documentación recabada, "todos los datos se registran en la base de datos", que además cuenta con un plan de copias de seguridad. La plataforma "registra y almacena las grabaciones de las comunicaciones gestionadas" y quedan alojados "tanto los ficheros de grabaciones cono los ficheros adjuntos a los “casos”, de manera que toda la información reside centralizada en dicho reposltorio".
