VALÈNCIA. Dos meses después de que un juzgado abriera diligencias penales por la filtración de una llamada del día de la Dana entre el servicio autonómico del 112 y la Agencia Española de Meteorología (Aemet), solo se ha personado una de las dos administraciones involucradas. La investigación, abierta por un presuto delito de revelación de secretos tras salir a la luz una conversación incompleta entre una funcionaria de Aemet y una técnica del 112, sigue en el juzgado de Instrucción número 6 de Llíria pero solo la agencia estatal se ha personado como perjudicada. No así la Generalitat Valenciana.
El juzgado dictó el auto de incoación de diligencias el pasado mes de julio y en él ofrecía las correspondientes acciones legales tanto a la agencia estatal, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, como a la Generalitat Valenciana, que gestiona el servicio del 112 a través de la Conselleria de Emeregencias. Sin embargo, la administración autonómica ha decidido no personarse, según explican fuentes internas, "por el momento".
Las indagaciones emprendidas por la jueza de instrucción buscan esclarecer los hechos denunciados por la Fisalía Provincial. El audio entre una predictora de Aemet y una técnica del 112 trascendió en medios de comunicación casi tres meses después, en plena batalla por el relato sobre lo sucedido. En la llamada, la primera informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la Dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia, pero el audio que se filtró estaba recortado y solo se escuchaba a la trabajadora de Aemet asegurar que no iba a "marear con más avisos" y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior".
Figuras importantes del PP valenciano, entre ellas el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, emplearon las noticias que se hicieron eco del audio manipulado para atacar directamente el papel de la Aemet el día de la Dana. No deja de ser curioso porque, según la denuncia del Ministerio Fiscal, es la administración valenciana la encargada de custodiar dichas conversaciones: "Las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante la gestión de una emergencia son conservadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana a través del sistema informático denominado Coordom, el cual se encuentra alojado en las instalaciones del citado organismo".
En ese sentido, el escrito presentado por Fiscalía recordaba que "toda información relativa a la gestión de un incidente de la emergencia gestionado por el 112" debe ser puesta a disposición "de todos los servicios esenciales involucrados, a los estrictos fines de su gestión" pero que una vez "finalizada la gestión del incidente de emergencia, únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”. De manera que extraer estas conversaciones fuera del circuito interno sin el requerimiento de un juzgado estaría prohibido y puede considerarse delito.
Por ello, ya la denuncia, que consideraba estas conversaciones de "carácter reservado conforme a la legislación vigente", ponía en cierto aprieto a la Generalitat Valenciana porque planteaba al juzgado que ofreciera acciones "como posibles perjudicados" no solo a la Aemet sino también a la Conselleria de Emergencias. Ofrecimiento que el juzgado, al abrir la investigación, efectivamente hizo pero del que sólo se ha servido la agencia estatal. El organismo, que será defendido por la Abogacía del Estado, se ha presentado en calidad de perjudicado al considerar "evidente" que se buscó menoscabar su prestigio con la difusión del audio recortado.
Cabe recordar que la jueza titular de Instrucción 3 de Catarroja, que investiga desde diciembre la gestión de la Dana, ha solicitado abundante documentación a la administración valenciana y que, en uno de los informes remitidos por la Conselleria de Emergencias donde se transcribían llamadas con Aemet aquella tarde, no figuraba precisamente esta. De ahí que, tras solicitarlo una de las acusaciones personadas, el sindicato CGT, la instructora haya pedido "obtener testimonio de las diligencias previas" del juzgado de Llíria. La jueza destaca que "se ha omitido en las trascripciones una de las llamadas especialmente relevantes como es el caso de la que es objeto de petición [...] y cuya difusión pública alterada ha dado lugar en el Tribunal de Instancia de Llíria a un procedimiento judicial".
