La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, un informe técnico en el que se identifican 357 "fallos críticos" e incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones (PEI) por parte de los responsables autonómicos durante los días previos y, especialmente, el 29 de octubre de 2024, jornada central de la riada en la provincia de Valencia.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, que ejerce la acción popular en el procedimiento, esta cifra se basa en un análisis elaborado por personal técnico de la organización, a partir de documentación oficial, cronogramas, avisos institucionales y registros del 112. Entre ellos, cita la no constitución de Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), ya que únicamente se constituyeron dos (en València y Algemesí) de los 129 previstos en la provincia, lo que supone 127 infracciones, "al no haberse activado ni requerido su activación por parte del director del Plan".
Asimismo, falta de seguimiento de alertas y comunicaciones desde el 112 ya que 145 llamadas al 112 relacionadas con el barranco del Poyo no fueron gestionadas "adecuadamente", en zonas que "ni siquiera estaban clasificadas como de alto riesgo"; hubo 35 puntos fijos de medición no monitorizados y 41 carreteras con incidencias "sin seguimiento operativo", por ejemplo la A-3 en Chiva. Esto suma un total de 221 incumplimientos.
El sindicato cita igualmente un despliegue operativo "deficiente" porque no se movilizaron las 26 unidades de bomberos forestales de la provincia ni los cuatro helicópteros y drones disponibles, así como maquinaria pesada, y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desmovilizada "erróneamente" a las 15.00 horas y hubo que emitir una nueva comunicación posterior.
Otro incumplimiento apuntado en el informe es el "retraso" en la activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Según el sindicato, el director del plan, Emilio Argüeso, no llegó al Centro de Coordinación de Emergencias hasta las 14.45 horas y este órgano no fue convocado hasta media hora después.
En cuanto a los Puestos de Mando Avanzados (PMA), no se activaron en la Ribera Alta ni Utiel-Requena pese a estar en situación 1 ó 2, lo que "impidió que recursos como la UME llegaran directamente al terreno afectado".
Para el sindicato, la alertas meteorológicas fueron además "imprecisas y tardías" ya que a las 14.15 horas se envió un SMS a Utiel-Requena "que solo recomendaba activar planes, sin requerimiento formal", y 30 minutos después" ya estaban en situación 2". De igual modo, apunta a un incumplimiento de las obligaciones del PEI "al no emitir instrucciones claras a los alcaldes para activar planes locales".
En esta línea, añade que hubo una "inexistencia de seguimiento efectivo de cauces, puntos críticos, carreteras y avisos hidrológicos, a pesar de las previsiones de alerta roja". Otros errores documentados que traslada el sindicato es la "falta de coordinación" con la Subdelegación del Gobierno y "ausencia de medidas preventivas en municipios aguas abajo de cuencas críticas".
Análisis de documentación y cronologías
Según detalla el sindicato, este informe, que señala que está ya incorporado al procedimiento judicial en curso, "se basa en el análisis detallado de documentación oficial, cronologías operativas, registros meteorológicos y avisos institucionales".
A su juicio, estas conclusiones son "contundentes" porque reflejan que la respuesta institucional "no solo fue tardía y descoordinada, sino que incumplió de forma sistemática las obligaciones establecidas en el propio Plan de Emergencias". Desde FETAP-CGT se considera que estos hechos constituyen "una grave quiebra de los deberes públicos de anticipación, coordinación y protección civil", y que la "inacción institucional agravó las consecuencias humanas, materiales y ambientales de una catástrofe que pudo haber sido gestionada con mayor eficacia".
FETAP-CGT ha recalcado su "compromiso con la defensa de los servicios públicos, el cumplimiento de la legalidad y la memoria de las personas que sufrieron las consecuencias de esta catástrofe", que dejó 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia y daños multimillonarios. Por ello, ha subrayado que seguirá personada como acusación en la causa penal "en defensa del interés general, del valor social de lo público y de una gestión de emergencias que responda con responsabilidad, eficacia y transparencia".
