VALÈNCIA (EFE). La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ha presentado ante el juzgado que instruye la causa sobre la Dana un nuevo informe técnico en el que documenta el "incumplimiento sistemático" del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana durante las inundaciones del 29 de octubre.

Según señala este lunes el sindicato, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa que dirige la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, el análisis comparativo entre el Plan y el informe oficial del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha permitido detectar varias "graves deficiencias".

Entre ellas, que solo dos de los 58 municipios con riesgo alto de inundación activaron sus Cecopal (órganos municipales de coordinación), que el CCE no se constituyó como Cecopi, lo que "impidió una gestión estructurada desde el centro autonómico", y que el único Puesto de Mando Avanzado (PMA) se activó "con retraso y fuera del área afectada" el 30 de octubre.

"Esta falta de actuación tuvo un impacto directo en la capacidad de respuesta", advierte a la jueza esta acusación particular, según la cual "se obstaculizó la recepción y coordinación de solicitudes de auxilio desde ayuntamientos y ciudadanía", no se activaron rondas de seguimiento ni se compartió información crítica sobre la evolución de la emergencia, y se "ralentizó" la movilización de recursos de emergencia, como bomberos o brigadas forestales.

El informe confirma 228 fallecimientos, concentrados en municipios donde el riesgo de inundación era alto o medio según el propio plan oficial. Destacan los casos de Catarroja (25 víctimas), Paiporta (45) y Alfafar (15), entre otros.

Desde FETAP-CGT se ha solicitado al juzgado que se requiera información al Centro de Coordinación de Emergencias para esclarecer si se cumplieron los protocolos de rondas informativas con servicios básicos y municipios, y si se establecieron los procedimientos de coordinación del CECOPI conforme a lo previsto en el Plan.

“Estamos ante una falta de aplicación real de un plan diseñado para proteger vidas. No es una cuestión solo técnica o política: es un incumplimiento con consecuencias humanas irreversibles”, según fuentes de FETAP-CGT.