VALÈNCIA. Hace más de dos años y medio que los bomberos provinciales de Valencia presentaron en la Agencia Valenciana Antifraude una denuncia ante los excesos de horas extras que estaba haciendo la plantilla del Consorcio Provincial, dependiente de la Diputación de Valencia. Un tiempo en el que el organismo encargado de investigar el fraude en la administración pública valenciana no ha resuelto el caso que, a la postre, está detrás de las quejas que han motivado los paros de horas extra de estas semanas, que están suponiendo el cierre de entre 2 y 4 parques diarios en plena temporada de incendios.

Los sindicatos denuncian la falta de personal, que obliga a la plantilla a hacer numerosas horas extra, por encima de las permitidas por la ley. El preacuerdo alcanzado el pasado mes de marzo suponía un incremento del presupuesto de 9 millones de euros pero un informe del interventor alertó de que obligaría a la Diputación a vulnerar la regla de gasto, por lo que la corporación provincial, con el diputado Avelino Mascarell al frente del Consorcio Provincial de Bomberos, ha lanzado varias alternativas, la última a finales de julio con un aumento de 6 millones a lo largo de los próximos años, insuficiente para las organizaciones sindicales.

Lo cierto es que este problema viene desde hace tiempo, como atestigua la denuncia ante Antifraude presentada por el sindicato STAS-Intersindical en 2022, y que tras dos años y medio sigue sin tener una resolución, pese a la aportación documental realizada por el sindicato hasta el pasado año. Pero ya hacía tres años la denuncia aseguraba que se estaban realizando "horas extraordinarias estructurales en todas las categorías" sin que la administración "hubiera tomado las medidas pertinentes y suficientes para revertir" la situación. En ese sentido, el sindicato exponía que la corporación provincial había sacado varios procesos selectivos pero sin "la celeridad debida" y sin ser "continuados en el tiempo según la necesidad", con múltiples consecuencias tanto para el servicio público como para el buen uso de los recursos públicos.

Una de ellas es de carácter normativo, pues el sindicato denunciaba que el número de horas extraordinarias era "muy superior" al que marca la legislación sobre retribuciones de funcionarios en las entidades locales. En concreto, la norma a la que señala la denuncia fija que la cuantía global destinada a las gratificaciones -otorgadas por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo- no puede superar el 10% del presupuesto dedicado a los salarios.

El escrito presentado a la Agencia, al que ha tenido acceso este diario, ya denunciaba en 2022 que las plazas que figuraban en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consorcio no se estaban cubriendo con personal "sino con horas extraordinarias estructurales". Exponía que, tras solicitarlo las organizaciones sindicales, el organismo llevó a cabo un estudio de necesidad de personal, según el cual "eran necesarias 6,7 personas por puesto de trabajo". Y ponía de ejemplo, entonces, que de las 105 plazas con categoría de cabo en la RPT, tan solo había cubiertas 85.

Por otro lado, ponía de relieve el "elevado porcentaje de interinaje" que estaba viviendo la plantilla "debido, entre otras cosas, a la cobertura de plazas de mandos de manera provisional, dado que no se sacan suficientes procesos ni con la agilidad debida para ser eficientes de modo que se reduzcan las plazas interinas en mandos, y además poder liberar plazas en la escala básica". Así, apuntaba que se habían disparado los interinos en la categoría de bombero desde los 22 en 2016 hasta los 125 en ese año.