VALÈNCIA. La jueza que investiga la gestión de la Dana ha decidido ampliar el foco de la instrucción. Las pesquisas se habían centrado hasta ahora en lo que ocurrió en el centro de coordinación de emergencias de l'Eliana, donde está ubicado el servicio del 112 y donde se celebró el Cecopi, presidido por la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. También en los pasos y llamadas que hizo el que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y varios de sus colaboradores. Pero la magistrada ha querido saber qué indicaciones recibieron otros departamentos del Consell aquella fatídica jornada.

Así, dos de las áreas a las que preguntó la magistrada han aclarado en sendas respuestas que la Conselleria de Interior, encargada del área de Emergencias, no remitió ninguna instrucción o recomendación en relación con la emergencia, a pesar de que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) activó la alerta roja desde primera hora de la mañana. Alerta roja que primero se previó hasta las 18h de la tarde y que más tarde se prorrogó por las precipitaciones torrenciales que acabaron inundando numerosos municipios de la provincia de Valencia.

La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, había solicitado que se informara sobre las solicitudes de cooperación y de medidas de protección a la ciudadanía que, con ocasión de la Dana, se realizaron desde la Conselleria de Justicia e Interior y desde la Secretaría Autonómica de Emergencias, así como las respuestas que dieron los respectivos departamentos receptores a esas eventuales peticiones y comunicaciones. Pues bien, ni la Conselleria de Educación ni la de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca registraron ninguna comunicación aquel día.

Por una parte, la Secretaría Autonómica de Educación consultó a los diferentes departamentos dependientes de ella y, en el informe remitido a la jueza de la Dana y que firma el responsable, Daniel McEvoy, constata que "realizadas las oportunas comprobaciones en los registros y sistemas de gestión, no consta la recepción de solicitud de cooperación, solicitud de adopción de medidas de protección ni comunicación alguna procedente de los órganos mencionados en relación con los hechos indicados, ni, en consecuencia, la emisión de ninguna respuesta".

Una consulta que también efectuó, con motivo del requerimiento judicial, la Subsecretaría de Agricultura. Su contestación es muy similar a la anterior. "Remitido el mencionado oficio a los distintos órganos directivos y superiores [...] al objeto de recabar la información solicitada, [...] le comunico que no consta recibida solicitud de cooperación ni de adopción de medidas de protección a los ciudadanos por la Dana de 29 de octubre de 2024", reza el escrito que suscribe el subsecretario, José María Benlliure.

La jueza hizo estos requerimientos motu proprio, sin que ninguna de las acusaciones pusiera sobre la mesa estas diligencias, con la excusa de cuestionar las tesis de algunas partes y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre lo imprescindible que era la declaración de la emergencia nacional. Una posición que, según la jueza, es una "realidad paralela" que busca desviar la responsabilidad al Gobierno central. Tras dos páginas para desmontar dicho "andamiaje argumental", la jueza consideró preciso, "teniendo en cuenta el marco competencial autonómico anteriormente expresado en la gestión de la emergencia", analizar la "coordinación y actuación que tuvo lugar dicho ámbito".

Así pues, hizo el requerimiento tanto a las consellerias de Agricultura como de Educación, pero también a las de Servicios Sociales y Medio Ambiente. Se ha recibido contestación de las dos primeras mientras que la titular del juzgado sigue a la espera de conocer si hubo esa coordinación con las dos restantes.