Comunitat Valenciana

El adiós de Montero certifica el deceso de su nonata reforma de la financiación

  • La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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VALÈNCIA. La convocatoria de las elecciones andaluzas anunciada por el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla este lunes ha provocado un efecto dominó en la política española. La fecha elegida, 17 de mayo, unas semanas antes de lo que se preveía, activa distintos efectos colaterales y acelera otras decisiones políticas.

La consecuencia principal es la inminente dimisión de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hace meses fue designada candidata del PSOE en esa autonomía, por lo que dejará su cargo institucional en los próximos días. De hecho, este mismo martes ya se despidió de sus compañeros en el Consejo de Ministros, poniendo de manifiesto que esa sería su última presencia en la reunión.

Pero la salida de la ministra también certifica, o al menos lo alimenta, el deceso de la reivindicación principal de los distintos gobiernos valencianos en los últimos años: la reforma del sistema de financiación autonómica. Una remodelación que Montero, en sus casi ocho años al frente de la cartera de Hacienda, no ha conseguido implantar.

Precisamente, en los últimos meses parecía que la ministra había decidido pisar el acelerador sobre esta cuestión. De hecho, Montero llegó a presentar en enero una propuesta de reforma, algo inédito desde que caducó el actual sistema en 2014. No obstante, excepto Cataluña, las distintas autonomías, en especial las gobernadas por el PP pero también algunas del PSOE, mostraron su rechazo al modelo y, también, la fórmula elegida para escenificarlo, que incluyó una reunión previa de Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Ahora bien, la ministra anunció unas reuniones bilaterales con cada autonomía para avanzar en el sistema que no se han producido —al menos así lo aseguraban fuentes de la Conselleria de Hacienda— o, en todo caso, no han tenido resultados visibles.

Con estos mimbres y la salida inmediata de Montero rumbo a Andalucía, se antoja difícil que el nuevo ministro o ministra de Hacienda recoja el testigo y consiga realmente la implantación de un nuevo modelo del sistema de financiación, especialmente cuando el Gobierno de España viene evidenciando su debilidad parlamentaria con cuestiones que a priori deberían suscitar mayor consenso.

No obstante, fuentes del ministerio, según informaba la Cadena Ser la semana pasada, aseguraban que el objetivo sigue siendo que el modelo de financiación entre en el Congreso para su tramitación antes de que acabe el actual periodo de sesiones. En este sentido, Montero se ha mostrado convencida en diversas comparecencias públicas de que su propuesta saldrá adelante.

En la otra orilla, el PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ya alineó a todos sus barones autonómicos en la Conferencia de Zaragoza para exigir la retirada de la propuesta presentada por Montero y la presentación de un nuevo modelo en una negociación conjunta de todas las Comunidades Autónomas. Unos postulados apoyados también por el Gobierno valenciano presidido por Juanfran Pérez Llorca, pese a que la propuesta de la ministra reflejaba un aumento de 3.669 millones de euros anuales para la Generalitat.

Presupuestos "preparados"

Por otro lado, la todavía ministra manifestó este martes, en su primera intervención después de la convocatoria de las elecciones andaluzas, que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) está "preparado" para poder presentarse, pero será la persona que le sustituya en el Gobierno la encargada de hacerlo.

De esta manera, Montero se marchará sin haber podido aprobar ningunas cuentas en esta legislatura, dado que actualmente se funciona con las prorrogadas de 2023. No obstante, la titular de Hacienda, que no habló de la financiación en su comparecencia, hizo un balance positivo de su labor: "Yo he terminado mi tarea en el Gobierno de España, he dejado la tarea realizada", comentó, para subrayar que en las cuentas que ha dejado listas serán prioritarias cuestiones como "la vivienda, la formación profesional o las infraestructuras". "Son unas cuentas públicas que merece la pena poder verlas", remató.

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