VALÈNCIA. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes en rueda de prensa la propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica, que afecta a todas las CCAA excepto País Vasco y Navarra.

Un nuevo modelo que, siendo complejo, es más simple que el actual y que tiene las siguientes características, a falta de conocer detalles que el Ministerio de Hacienda no ha querido revelar:

Bases y principios

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios:

1. Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables que dan respuesta al reto de la despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.
2. Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.
3. Se amplia, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente.
4. La nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas sociales.
5. La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.
6. El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático
7. Garantía de statu quo, por el que ninguna CCAA recibe menos que con el anterior modelo.
8. Mecanismo complementario de financiación.

Nuevos criterios en la población ajustada

Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada. Este determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación. 

Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar. 

Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno es la siguiente:

1. Población padrón. Una de las variables más relevantes. Supone el 30% de la ponderación de la población ajustada, igual que en actual modelo.
2. Población protegida equivalente. Pretende representar el gasto sanitario, partida presupuestaria más amplia en el ámbito autonómico. Su peso es del 38%, igual que en el actual modelo, pero para su cálculo se divide en 20 grupos de edad, frente a los siete del modelo vigente. Esto permite una mayor fiabilidad en la delimitación de los recursos necesarios para los distintos grupos de población. Es decir, los costes sanitarios se aproximan en función de la edad de los beneficiarios. 
3. Educación. Para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17%. Y, además, se introducen otros dos nuevos criterios, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Esto reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables suman una ponderación del 3,5%. En el actual modelo solo cuentan los habitantes de 0 a 16 años con una ponderación del 20,5%.
4. Servicios sociales. La base es la población mayor de 65 años, que utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. La novedad es que se desglosa el 8,5% de ponderación actual en dos tramos, entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7% (no se ha especificado cuánto pesa cada una). El 1,5% restante se aplica a una nueva variable: el número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social.

Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada, el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos y que afectan especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la despoblación:

1. Superficie. Los kilómetros cuadrados de cada comunidad suponen un 1,6% de la ponderación, frente al 1,8% actual.
2. Dispersión. Tiene un peso del 0,5%, frente al 0,6% actual. Se determina en función de las entidades singulares de población habitadas.
3. Insularidad. Supone un 0,5% en el cálculo, frente al 0,6% actual.
4. Costes fijos. Se trata de un nuevo criterio defendido por numerosas CCAA. Cuenta con una ponderación del 0,4%, beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas comunidades para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.

 

Incremento de la capacidad tributaria

La mayor parte de los recursos de las comunidades autónomas proceden de los impuestos cedidos y la propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades, lo que se traducirá en más ingresos y autonomía. 

Actualmente, la capacidad tributaria de las comunidades se determina por la recaudación normativa de los siguientes impuestos: 

1. El 50% del IRPF y el IVA.
2. El 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e Hidrocarburos.
3. El 100% de Impuestos como Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y el Impuesto sobre la Electricidad.

La modificación más significativa es el incremento de la cesión por IRPF e IVA. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%.

Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

Con ello, los recursos aumentarán en 15.756 millones de euros en 2027.

Nivelación horizontal

Se garantiza que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado determinada a partir de su capacidad tributaria.

Para ello, las CCAA que superen la media aportarán el 75% de la cantidad que supere esa media a una cesta común, de la que recibirán más recursos las que estén por debajo.

De esta manera, las comunidades con financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema. Esto sirve para, por un lado, garantizar la solidaridad interterritorial y, por otro, reducir las distancias en financiación por habitante. 

Nivelación vertical

La Administración Central del Estado aportará 3.000 millones de euros más con el objetivo inicial de reducir en 2/3 la distancia de cada CCAA respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid. Este cálculo permitirá que aquellas comunidades más alejadas reciban más recursos frente a las que gozan de una mejor posición. 

Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las comunidades respecto a la que tiene mayores recursos. 

Resto de elementos

Todos los parámetros anteriores suponen casi el 99% de los recursos autonómicos, que han quedado asignados tras determinar la capacidad tributaria y establecer los mecanismos de nivelación horizontal y vertical. El modelo contempla otros elementos, que tienen menor importancia económica.

Mecanismo IVA Pymes. Para avanzar en una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal, a la vez que se incentiva el desarrollo económico, las CCAA podrán recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio. Con esta medida, que deberá ser solicitada por las autonomías, se reconoce el esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La cantidad surge de calcular la diferencia que existe en la comunidad entre el peso relativo del IVA liquidado por las pymes de ese territorio y el índice de consumo. Si el IVA de las pymes supera el índice de consumo, la comunidad recibirá una transferencia positiva por la diferencia. En caso contrario, el importe será negativo. Según el Gobierno, los fondos de esta fase no son competitivos, por lo que un aumento de recursos en un territorio no implica detraerlos de otro. 

Fondo climático. Ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones millones de euros. 2/3 del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada. 

Garantía de statu quo. Existirá un elemento de cierre para garantizar el statu quo, para que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, reciba menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará a este fin 404 millones que beneficiarán especialmente a Cantabria y Extremadura. El statu quo es el último elemento del modelo de financiación y que actúa como cierre.

Competencias no homogéneas

El modelo propuesto establece que la financiación de las competencias no homogéneas -no incluidas en el sistema de financiación autonómica- pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. Esa cesión adicional se fijará en el año base en función de las que tenga asignada cada comunidad autónoma. 

Se trata de un mecanismo opcional. Por lo tanto, si las comunidades lo desean podrán optar por recibir como hasta ahora la financiación de las competencias no homogéneos a través de una transferencia evolucionada por el índice de los ingresos del Estado (ITE).

Como sucede en el caso del IVA Pymes, nuevamente se da a la opción de elegir, lo que refuerza la autonomía de las comunidades y refleja la flexibilidad del nuevo modelo de financiación.

En todos estos casos de elección por parte de las CCAA, la decisión en uno u otro sentido tendrá una vigencia de cinco años, para evitar las dificultades técnicas que supondría variarlo cada año.

Fondo de Compensación Interterritorial

El nuevo modelo reduce a la mitad la brecha de financiación por habitante ajustado entre la comunidad que más recibe y la que menos, pero no la elimina. 

Según Hacienda, las diferencias entre la comunidad con más y con menos recursos por habitante ajustado pasa de 1.500 euros con el modelo actual a 477 euros con el sistema propuesto antes de la fase de statu quo. Tras la corrección para que ninguna comunidad reciba menos dinero que con el anterior modelo, las diferencias se sitúan en 700 euros.

Por ello, la intención del Ejecutivo, según Montero es habilitar un tramo específico en el Fondo de Compensación Interterritorial para reforzar la financiación de las CCAA y garantizar una aportación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúen por debajo de la media en la financiación por habitante. El importe, destinado a inversiones, sería el equivalente a la brecha que les separa de la media por habitante ajustado en el sistema de financiación.

También se beneficiarían las CCAA que con el nuevo sistema perdían recurso, como Cantabria (46 millones) y Extremadura (216 millones). 

Sería una aportación fuera del sistema de financiación, ya que el Fondo de Compensación Interterritorial no está dentro del sistema. Se estima que el Estado debería destinar 3.300 millones de euros.