Comunitat Valenciana

El Consell aprueba la tramitación de urgencia del Decreto de Convivencia en el Sistema Educativo Valenciano

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VALÈNCIA (EP). El Consell ha aprobado este martes la tramitación de urgencia del proyecto de Decreto de Convivencia en el Sistema Educativo Valenciano, con el fin de "dotar a la comunidad educativa de una normativa clara sobre los procedimientos, derechos y obligaciones en esta materia".

La tramitación urgente está justificada principalmente por la falta de desarrollo del vigente decreto de 2022, lo que provoca que los protocolos que se aplican están basados en una orden de 2014, provocando en algunas ocasiones confusión y dificultades en la aplicación de procedimientos ante situaciones que alteran gravemente la convivencia en los centros educativos, según ha explicado el Consell.

Para subsanar esta situación, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo está redactando un nuevo decreto y, al mismo tiempo, trabaja en una Orden que lo desarrolle para que no exista un desajuste normativo como el actual. Así, la Conselleria tiene previsto llevar a Mesa Sectorial en mayo el borrador del decreto para trasladar las novedades y recoger sus aportaciones.

Además, se está trabajando en la simplificación administrativa para las direcciones y titulares de los centros educativos, de los procedimientos vinculados ante conductas gravemente perjudiciales en la convivencia.

Por otra parte, el futuro decreto de convivencia en el sistema educativo valenciano abordará diferentes aspectos no contemplados en el Decreto de 2022, como el derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación de las víctimas, el derecho a reunión del alumnado o el reconocimiento social, institucional y legal de la autoridad del profesorado, entre otros.

Otros puntos que recogerá el nuevo texto son la prevención, detección precoz, protección y reparación de situaciones o acciones violentas que pueden perjudicar el bienestar del alumnado y la protección contra toda forma de violencia, incluida la que se ejerce con las nuevas tecnologías o la regulación del uso de los dispositivos móviles (actualmente recogida en una resolución y de aplicación desde mayo de 2024).

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