VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, llegó apenas hace dos meses al cargo en sustitución de Carlos Mazón. Y lo hizo con un discurso distinto al de su predecesor, acorralado y debilitado por su gestión en la tragedia de la dana, con el objetivo de ofrecer una imagen de líder dialogante y alejado de la crispación.

Prueba de ello fueron sus palabras iniciales en la investidura, dedicadas a pedir perdón a las víctimas de la catástrofe, con una postura de mano tendida que, no obstante, cada vez parece asemejarse más a un recurso formal y verbal que a una actitud real, dado que la estrategia del jefe del Consell desplegada en estas semanas no se distingue demasiado de la practicada por Mazón en sus dos años de mandato: batallar contra el Gobierno de Pedro Sánchez de cualquier manera posible, haya justificación o no.

En los últimos días, y en especial este viernes, tanto el jefe del Consell como su equipo han decidido utilizar como caballo de batalla la indemnización anunciada para los familiares de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, que ascenderá a 216.000 euros. ¿El motivo? Que los fallecidos por la tragedia de la Dana percibieron 72.000 euros.

La explicación de esta diferencia, como ya ha informado este diario, se debe a la existencia de distintos seguros y legislación vigente -aprobada en su día por el PP- que establece unas condiciones especiales -por ejemplo, sobre accidentes ferroviarios- que no aparecen para las víctimas de la Dana, que se limitan a cobrar la parte correspondiente a Protección Civil, que es exactamente la misma que percibirán los familiares de los fallecidos en Adamuz. ¿Debería replantearse esta distinción entre víctimas de una y otra catástrofe? Es posible, de la misma manera que también se podría reflexionar si la propia Generalitat Valenciana podría abonar algún tipo de cantidad por fallecimientos en accidentes de este tipo dentro de su territorio.

Ahora bien, también cabría replantearse si realmente el Consell de Pérez Llorca es quiere evitar la crispación o promoverla: "Una víctima valenciana, para Pedro Sánchez, vale la tercera parte que cualquier otra víctima", señaló el portavoz del Ejecutivo, Miguel Barrachina, este viernes. Una afirmación que, más allá del mal gusto, indica que el nuevo Gobierno valenciano tiene exactamente la misma hoja de ruta de confrontación con el ejecutivo central que trazó Mazón en su día.

Especialmente cuando el propio presidente de la Generalitat ha replicado estos mismos argumentos -con algo de mejor tono, eso sí- en los últimos dos días. Así, Pérez Llorca reclamó también este viernes que las víctimas de la Dana no sean tratadas como "de segunda". "Es un hecho muy triste y lamentable que sepamos que una víctima por los trenes va a cobrar el triple que una víctima de la dana. Eso lo ha decidido el Gobierno de España", espetó el jefe del Consell, quien curiosamente esta misma semana defendió, cuando fue preguntado, que ambas cosas catástrofes eran "dos cosas muy distintas" con "formas de actuar distintas".

En este debate, el Consell de Llorca se vio beneficiado en las últimas horas por las manifestaciones de la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, quien fue preguntada el jueves por esta cuestión y no entró a explicar las diferencias ni los motivos de las diferentes indemnizaciones: "Si de lo que estamos hablando es de confrontar normas distintas, permítanme que le diga que no tengo una respuesta, pero desde luego este Gobierno siempre está dispuesto a hacer los análisis y las reflexiones que haga falta", dijo, para manifestar que no conocía los detalles.

Más preparada e incisiva sobre el tema, probablemente tras lo ocurrido en la jornada anterior, se mostró este viernes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al ser preguntada por este asunto. "Las víctimas del accidente de Adamuz tienen sus indemnizaciones por la Ley de Transportes, que nada tienen que ver desde luego con las ayudas que se dieron a través del Gobierno de España [para las víctimas de la dana], que se multiplicaron por cuatro y, además, equivalen a lo mismo que va a poner el Gobierno con las ayudas del Ministerio de Transportes a los accidentes de transporte, que está regulado por ley y que luego tienen unas compensaciones con las aseguradoras", explicó.