VALÈNCIA. La Conselleria de Servicios Sociales ha propuesto una modificación legislativa que elimina de varias leyes la ampliación de créditos para ayudas sociales como la Renta Valenciana de Inclusión y la Atención a la Dependencia. Así lo recoge el proyecto de Ley de Acompañamiento, presentado la pasada semana junto a los presupuestos para 2025, y que platea una modificación en la Ley de Renta Valenciana de Inclusión que introdujo la ex consellera Mónica Oltra durante el Govern del Botánic.

La norma, que tendrá que debatirse en Les Corts, plantea eliminar el artículo 44 en el que se señala que, los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones económicas reguladas en la mencionad ley, tendrán el "carácter de créditos ampliables" en el presupuesto de la Generalitat. Un cambio que suma una segunda modificación al artículo 32 de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana. Actualmente, esta norma también establece que las prestaciones garantizadas del sistema público valenciano deben contar con créditos ampliables. Sin embargo, con la nueva redacción, se mantiene el reconocimiento de estas prestaciones como "derechos subjetivos", pero sin la garantía de financiación adicional.

En opinión del sindicato UGT, la eliminación de esta disposición supone un retroceso en la cobertura social, ya que, sin la condición de ampliables, las ayudas quedan sujetas a la dotación presupuestaria aprobada anualmente, sin la certeza de que todos los solicitantes recibirán la prestación. El artículo 77 del proyecto de ley también afecta a la Ley 3/2019, eliminando el apartado segundo del artículo 105, que establecía que los créditos destinados a la financiación de las prestaciones garantizadas de los servicios sociales debían ser ampliables. Unas modificaciones que han generado alarma en el sindicato UGT, desde donde señalaban que esta reforma puede suponer un "perjuicio sin precedentes" para la sociedad valenciana, ya que los derechos de protección social quedarían a merced de las decisiones presupuestarias del Consell. 

Sin embargo, desde el Consell aseguran que los cambios responden a la Ley 1/2015, de Hacienda Pública de la Generalitat, la cual establece criterios sobre la ampliación de créditos en los presupuestos públicos. En este sentido, han especificado que la ley del sector público instrumental y de subvenciones "establece en su artículo 48 que tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a atender obligaciones específicas del ejercicio que, de modo taxativo, se relacionen en ley anual de presupuestos de la Generalitat".

Al respecto, han apuntado que la cuantía de dichos créditos "podrá ser incrementada hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones". En este punto, han indicado que el proyecto de ley de presupuestos para 2025 recoge en su artículo 25 que los créditos destinados al reconocimiento de las prestaciones económicas de dependencia "tienen la consideración de ampliables", por lo que han subrayado que está "garantizada la existencia de crédito para todas las personas que tengan derecho a una prestación económica durante 2025".

Más cambios en Servicios Sociales

Para UGT, "el tijeretazo a los derechos sociales va más allá", ya que se introducen otros cambios en la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de manera que se elimina la obligación en las residencias y centros privados de acción concertada de reservar el 85% de sus plazas como plazas públicas. Esto en la práctica "implica la reducción de plazas públicas residenciales si en las convocatorias de concierto se redujera el porcentaje de reserva de las mismas". Respecto a la cuestión, la consellria ha señalado que cada concierto "está abierto a establecer un porcentaje específico de plazas públicas", lo que permite "que todos los centros puedan tener plazas públicas sin obligarles a que haya una reserva de la mayoría de sus plazas".

En cuanto a la ampliación de la competencia exclusiva de la Generalitat para la provisión y gestión de centros de servicios sociales a las entidades locales, han asegurado que el Botànic también "impidió a entidades locales gestionar servicios sociales como venían haciéndolo hasta el momento". Frente a ello, han defendido que el actual Consell "amplía la competencia de la gestión que tiene la Generalitat y también a los ayuntamientos, permitiendo gestionar un centro a aquellos que tienen capacidad y voluntad de hacerlo". Mientras, desde el sindicato que la modificación abre la puerta a que la atención específica de servicios sociales, los centros y residencias de la cartera básica de prestaciones, sean de titularidad municipal, siendo esta una competencia impropia de las administraciones locales y por lo tanto no tienen obligación de garantizar su financiación, lo que rompe con el principio de igualdad en el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales específicos.