VALÈNCIA. El juicio de una de las piezas del caso Taula que sigue estas semanas en la sección quinta de la Audiencia Provincial ha contado este miércoles con una intervención sorpresa. El que fuera secretario general de Podem en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, ha comparecido como testigo para validar la legalidad de uno de los contratos presuntamente amañados en la concejalía de Cultura durante al época de Rita Barberá.

El exdirigente, con dilatada experiencia como funcionario y secretario municipal, es además abogado especializado en derecho administrativo y profesor universitario, y ha sido contratado por uno de los acusados en esta causa, la pieza E de Taula, el empresario Carlos Turró, para elaborar un informe sobre el contrato que se llevó Cleop para actuaciones en las Torres de Quart. Es una de las adjudicaciones consideradas irregulares de la época de María José Alcón al frente de la concejalía de Cultura de Valencia, si bien la pericial elaborada por el experto defiende las tesis de la compañía.

El informe aportado analiza el procedimiento administrativo y la composición de los órganos que intervinieron en la tramitación, adjudicación y seguimiento de la ejecución del contrato y concluye que no se favoreció a la empresa para resultar la ganadora y no pudo haber ninguna interferencia en la decisión técnica para que así fuera. Unas conclusiones que Montiel ha defendido este miércoles ante la sala de la sección quinta-

"Mi experiencia es que el impulso político lo marca el equipo político" pero los criterios técnicos son de los funcionarios, ha asegurado a las preguntas del abogado del Ayuntamiento de València, personado como acusación. Así, ha recordado que en el expediente analizado se contaba con el aval del secretario. ¿Se pueden favorecer a determinadas empresas en los criterios fijados en los pliegos?, se le ha preguntado, a lo que ha dicho que hubo siete licitadores y "ninguno impugnó".

La acusación ha intentado ahondar en las vinculaciones que podía haber entre los políticos y los técnicos porque, ha recordado, "los jefes de servicio están propuestos por el concejal" y "más en esa época". Ello después de que el perito defendiera la autonomía con la que actuaron los técnicos en aquella adjudicación. Así, ha recordado que el órgano competente en la adjudicación fue la Junta de Gobierno, donde no estaba la concejala de Cultura entre 2003 y 2007. "La concejala de cultura no fue designada como miembro de la junta de gobierno", ha explicado.

En esa línea, ha abundado, durante el interrogatorio de la Fiscalía, en que la composicion de las mesas de contratación es "técnica". Solo formalmente estan presididas por alclade o concejal -en este caso, el edil Félix Crespo-, y conformado por funcionarios de carrera de alto nivel", ha expuesto, para insistir en que los integrantes "no estan designados ad hoc y menos por la concejala delegada, que no tiene esa autoridad". Tampoco tenía, dijo, "competencias en la valoración" de las ofertas, que le correspondió a la comisión de valoración.

En esa comisión, ha dicho, "hacen la ponderación desde su perspectiva técnica" y "hay una absoluta autonomía del personal funcionario". No solo en la valoración, sino también en la elaboración de los pliegos, donde había un "margen de discrecionalidad mínimo" dado que debían estar "acotados" a un informe de la universidad. En este caso, la UTE de Cleop se llevó el gato al agua gracias a una mejora en el programa de trabajo, que incluía un mantenimiento integral del monumento durante dos años adicional a la garantía. Era un aspecto que "no tenía ninguna otra oferta", ha defendido el perito.