VALÈNCIA. Cuatro años de espera y sin novedades al frente. Ese es el estado en el que se encuentra la creación de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero desde que el Gobierno de Pedro Sánchez prometiera en 2022 al valenciano Carlos Sanjuan, el impulsor de la campaña de 'Soy mayor, no idiota', su puesta en marcha con el objetivo de facilitar a los ciudadanos un sistema ágil para dirimir conflictos con entidades bancarias sin necesidad de acudir a la vía judicial.

Hace tan sólo un mes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trasladó (de nuevo) su promesa de que relanzaría "en el arranque de 2026" el proceso parlamentario para impulsar dicha figura, cuyo proyecto de ley ya se aprobó en dos ocasiones; la primera en noviembre de 2022 y la segunda en marzo de 2024, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley tras la paralización provocada por las elecciones generales. Sin embargo, el ministerio no concreta fechas. Pese a ser preguntado por este periódico, la respuesta se ciñe al marco temporal incierto de "inicio de año".

A partir de ahí, la sensación de bloqueo se repite. Carlos Sanjuán, rostro visible de la campaña Soy mayor, no idiota, reconoce que las promesas se han ido acumulando sin que ninguna haya llegado a materializarse. “Aseguró que tardaría muy poco y lo reiteró aquí en Sedaví, en una visita por la dana, y me nombró a mí. Yo confío plenamente en él, pero creo que tiene las manos atadas por la aritmética parlamentaria”, explica en referencia al actual ministro de Economía. A su juicio, el problema no es técnico ni de diseño normativo, sino político: “Solo se promulgan determinadas leyes. Es un mantra que se repite año tras año”.

No es la primera vez que el Ministerio de Economía anuncia la inminente puesta en marcha de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero. Ya en noviembre de 2022, el Gobierno aprobó por primera vez el proyecto de ley, presentándolo como un organismo único para canalizar reclamaciones financieras, gratuito y con un plazo máximo de resolución de 90 días. Aquella iniciativa quedó en suspenso y volvió a reactivarse en marzo de 2024, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde por segunda vez al texto tras la paralización derivada de las elecciones generales, acompañándolo de un nuevo mensaje de “pronto” que tampoco se tradujo en avances concretos.

El retraso empieza, además, a tener implicaciones más allá del ámbito interno. Desde el propio Ministerio se ha reconocido en distintas ocasiones que España arrastra compromisos con Bruselas para contar con este organismo operativo antes de finales de 2025. En diciembre de ese año, Economía volvió a admitir que la demora es un problema, subrayando que el proyecto lleva años encallado en el Congreso entre bloqueos parlamentarios y promesas incumplidas.

La futura Autoridad en Defensa del Cliente Financiero aspira a cubrir un vacío que ni el Banco de España ni el resto de supervisores pueden solventar con las herramientas actuales. A diferencia del esquema vigente, en el que las reclamaciones ante el supervisor no son vinculantes y acaban, en muchos casos, en la vía judicial, la nueva figura estaría integrada por representantes independientes y contaría con poder ejecutivo. Su objetivo es sustituir la justicia ordinaria —lenta, costosa y, en la práctica, inaccesible para buena parte de la población— por un sistema sencillo, gratuito y rápido.

El alcance de la Autoridad sería amplio: hipotecas, comisiones, mala comercialización de productos, falta de información o conflictos con seguros y entidades de inversión. “Beneficiaría a todos los usuarios financieros perjudicados”, resume Sanjuán, que insiste en el carácter social de la norma. “Es una ley que controlaría a la banca, de la que todos dependemos. Ellos dicen que son entidades privadas sin obligaciones, pero no estoy de acuerdo: todos tenemos que domiciliar nóminas, recibos, impuestos… El Banco de España lo conoce todo, pero no puede hacer nada”.

Ese desequilibrio de poder es, precisamente, uno de los argumentos que más repite el activista. “Si no se controla adecuadamente a la banca, nos convertirá a todos en trabajadores suyos sin cobrar nada y pagando comisiones. No tienen techo de beneficios y, salvo los de la alfombra roja —a los que atienden a domicilio si lo necesitan—, los de a pie les molestamos y todo se reduce a recordarnos que usemos las aplicaciones”, denuncia.

La ley que prometió la entonces vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, en 2022 sigue así siendo la gran asignatura pendiente. El proyecto prevé centralizar las reclamaciones gratuitas de clientes bancarios, de seguros e inversión, resolver conflictos sobre normas de conducta y cláusulas abusivas y dictar resoluciones vinculantes de hasta 20.000 euros, con atención especializada y una protección más eficaz del consumidor financiero. Sin embargo, pese a la aprobación del texto en el Consejo de Ministros en marzo de 2024, su tramitación parlamentaria continúa paralizada.

“Hoy, ante una queja de la banca, ya sea por falta de atención o porque ha cerrado una sucursal, no queda otra que reclamar por la vía judicial”, recuerda Sanjuán. “Con esta ley eso no sería necesario y, en un máximo de tres meses, habría una resolución independiente”. Para él, el balance de estos cuatro años desde el estallido de Soy mayor, no idiota es agridulce. “Se ha mejorado algo, sí, pero lo mejor de la campaña fue la promesa de aprobar la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero. Y seguimos esperándola”, subraya.

El activista reconoce, no obstante, avances parciales. Entre ellos, el decálogo de buenas prácticas que ha aliviado la carga de los hipotecados más vulnerables frente a la subida de los tipos de interés y la inflación. “Se ha prorrogado”, destaca en referencia al Código de Buenas Prácticas impulsado por el Real Decreto-ley 19/2022. “Es una buena medida porque permite a estas personas estudiar su caso”, concluye. Pero insiste: sin una autoridad independiente con capacidad real de actuación, la protección del cliente financiero sigue incompleta.