VALÈNCIA. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) incrementó en más de 22 millones de euros los bienes y servicios recibidos sin expediente de contratación durante 2024, alcanzando los 118,5 millones de euros, frente a los 96,2 millones registrados en 2023, según refleja el informe de auditoría emitido por la Intervención General de la Generalitat Valenciana.

Este aumento del 23,1% se considera una de las principales incidencias recogidas en la auditoría de cumplimiento y operativa elaborada en colaboración con Gesem Auditores y Consultores, dentro del Plan de Auditorías del Sector Público 2025.

La auditoría califica como desfavorable la gestión en el área de contratación. Entre las incidencias señaladas se encuentran incumplimientos en los plazos de pago a proveedores -afectando al 37,04% de los contratos revisados-, carencias en la documentación justificativa, y ausencia de firmas en actas de la mesa de contratación. No obstante, el pasado año, a pesar de ser una cantidad menor, suponía el 48% del total de presupuesto ejecutado en bienes y servicios.

Asimismo, se indica que en varios expedientes no consta la verificación del cumplimiento de condiciones especiales de ejecución por parte del contratista, ni se justificó adecuadamente el valor de mercado de los contratos.

Tesorería y control interno desfavorables

En el área de tesorería, la valoración también es desfavorable. Se han detectado pagos realizados sin la autorización previa correspondiente y documentación firmada manualmente sin cumplir los requisitos de identificación ni trazabilidad establecidos por la Ley 39/2015.

En cuanto al control interno, el informe señala la ausencia de un mapa de riesgos, un código ético y una política de conflictos de interés, lo que limita la capacidad de la entidad para prevenir irregularidades y garantizar la integridad en la gestión.

El informe propone medidas como reforzar los controles en la contratación pública, firmar declaraciones de ausencia de conflicto de interés en momentos procesales adecuados, y formalizar procedimientos para la gestión de pagos y tarjetas de recarga. También se aconseja revisar la justificación de convenios y reforzar los informes jurídicos.