VALÈNCIA. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este jueves el decreto del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por el que se rediseña la organización del Consell con la integración de las áreas de Servicios Sociales, Familia e Infancia en el departamento de Justicia.
Una modificación que surge del cese obligado de la responable autonómica, Elena Albalat, para encabezar la lista del PP por Castellón al Congreso en las próximas elecciones generales. El presidente de la Generalitat ha optado por no designar a un nuevo titular, sino que ha preferido disolver la conselleria para dirigir estas competencias a la cartera de Justicia bajo el mando de Nuria Martínez Sanchis.
De esta manera, la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación pasa a denominarse de Servicios Sociales y Justicia. Un cambio que ha causado preocupación en las organizaciones próximas al tercer sector, como es el caso de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), que consideran que este área posee una dimensión y una complejidad que justifican una conselleria con dedicación exclusiva y capacidad para impulsar las políticas que requiere el sector.
"Nuestra preocupación no tiene que ver con la Conselleria que asuma las competencias, sino con la necesidad de que los servicios sociales tengan el peso político y la atención que merecen dentro del Gobierno Valenciano", señalaba estos días su presidente, José María Toro.
Una percepción sobre la que Presidencia de la Generalitat ha tratado de apelar a la calma. De hecho, el propio Pérez Llorca contactó a esta organización para garantizar que la estructura se mantendría igual con el objetivo de que continuaran todos los temas puestos en marcha en el área.
En esta línea, este mismo jueves el Gobierno valenciano emitió un comunicado destacando que la nueva cartera se convertía en "el tercer departamento con más presupuesto del Consell", además de subrayar que la reorganización de estas áreas se ha realizado "bajo el principio de continuidad de la gestión administrativa, con el fin de no interrumpir la tramitación de los procedimientos administrativos y garantizar la agilidad en la prestación de los servicios públicos".
No obstante, estas dos áreas, Servicios Sociales y Justicia, no son dos competencias que acostumbren a concurrir en una misma cartera, dado que no poseen demasiada relación en sus contenidos, más allá de cierta conexión administrativa en ocasiones. Prueba de ello es que tan sólo en una ocasión han formado parte de la misma conselleria en la Generalitat: un experimento que no duró mucho y que, por diversas circunstancias, tampoco terminó demasiado bien.
Fue en la última legislatura con el PPCV al frente del Consell antes de la llegada del Botànic. En 2011, Francisco Camps volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta y designó un ejecutivo en el que, esgrimiendo una intención de austeridad con la reducción de carteras, precisamente fusionó Servicios Sociales y Justicia, situando al frente al fiscal alicantino Jorge Cabré.
- Jorge Cabré, en su día conseller de Justicia y Bienestar Social. Foto: EP
Sin embargo, apenas unas semanas después de los comicios, Camps se vio obligado a dejar su cargo por la apertura del juicio de los trajes, siendo sustituido por el hasta entonces alcalde de Castellón, Alberto Fabra, que heredó el gobierno diseñado por su predecesor, con un reparto de competencias y selección de perfiles que tuvo que aceptar inicialmente.
Así, esta Conselleria de Servicios Sociales y Justicia permaneció vigente tan sólo 1 año y 5 meses. Al margen de las pocas sinergias entre ambas materias, este periodo coincidió con una fuerte crisis económica que llevó a la Generalitat a un estado casi de quiebra técnica. Las listas de dependencia engordaron sin que las ayudas se agilizaran, se retrasaron los pagos en centros de mayores y residencias y también en otras ámbitos como en las farmacias.
Una situación crítica que sufrió el mencionado conseller, si bien el problema radicaba en que Hacienda no le transfería los fondos necesarios, lo que provocó numerosas manifestaciones de distintos colectivos en aquel periodo: plataformas de dependientes y familias, entidades sociales del sector de la discapacidad como Cermi CV, las ONGD, trabajadores de centros de menores y residencias, entre otros.
A ello se sumaron otras circunstancias que contribuyeron a que esta cartera se situara en el punto de mira. Por ejemplo, el estallido del denominado caso Cooperación, un escándalo sobre las ayudas al Tercer Mundo que, aunque procedía de una etapa anterior con el conseller Rafael Blasco al frente, que terminó en prisión, obligó al titular en ese momento, Jorge Cabré, a lidiar con la oposición y los medios respecto a esta crisis reputacional.
Por si fuera poco, también se produjeron problemas internos dentro de la conselleria. Las tensiones entre la secretaria autonómica de Familia y Solidaridad, Gotzone Mora, y el propio conseller fueron aireadas por los medios de comunicación, lo que contribuyó a la inestabilidad de un departamento que había sido creado por Camps y no por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
Finalmente, el jefe del Consell decidió abordar una crisis de gobierno a finales de 2012 con una fuerte remodelación en la que se prescindió, entre otros, de Cabré como responsable autonómico y mediante la cual se decidió volver a separar estas dos competencias, quedando la Conselleria de Justicia en manos de Serafín Castellano y la de Bienestar Social, en las de Asunción Sánchez Zaplana.
Prueba de las dificultades de esta etapa y en un discurso poco habitual, Cabré reconoció públicamente en su despedida que se marchaba "descontento" en especial del área de Bienestar Social por no haber logrado la financiación suficiente para los colectivos que más la necesitaban, además de expresar su confianza en que si él y su equipo eran "el problema", la Generalitat encontrara la solución con su sucesora. En esta línea, subrayó su deseo de volver a su trabajo como fiscal y "desaparecer" de la vida política: "Me voy con menos en lo económico de como vine, pero con muchas más amistades y cariño", subrayó.
Una reflexión que ponía en evidencia las dificultades de aquel gobierno y, en concreto, de aquella fusión inédita de competencias. Una situación que no tiene por qué repetirse en la actualidad, puesto que las circunstancias no son las mismas, pero que sí reflejan que el único precedente de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social —así se denominaba entonces— resultó indudablemente fallida.
