ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), imprime otro movimiento a cuenta de la controversia desencadenada por la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar municipal situado en el distrito de Playa de San Juan subastado entre 2018 y 2022, después de que haya trascendido que la ya exconcejal de Urbanismo, dos hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna y dos arquitectos municipales resultasen adjudicatarios de viviendas de esa promoción, como socios de la cooperativa Residencial Les Naus que asumió su construcción.
Ese nuevo movimiento, al margen de la apertura de un expediente de averiguación de hechos anunciado por el alcalde, Luis Barcala, el pasado jueves, consiste en el registro de otra denuncia ante la Fiscalía -que sería la cuarta, tras las presentadas por Sumar, PSOE y la Conselleria de Vivienda- con el objetivo de que se esclarezca si pudo haberse cometido algún tipo de irregularidad constitutiva de delito y, además, para que se determine si la finalidad de la subasta convocada por el Ayuntamiento se ha cumplido. Es decir, si las viviendas han sido compradas por las personas que cumpliesen las condiciones establecidas para poder comprar una VPP.
Así lo ha concretado este martes el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local. En esa comparecencia, Villar ha insistido una y otra vez en que el ayuntamiento ha actuado bajo el uso de sus competencias con la convocatoria de esa subasta, sin que quedase bajo sus prerrogativas la posibilidad de controlar quién resultaba beneficiario de la compra de esos inmuebles, toda vez que la propia normativa autonómica (el reglamento 90/2009) que regula el régimen de las viviendas protegidas establece que es la cooperativa de viviendas quien decide quiénes son sus socios cooperativistas que pueden adquirir esos pisos, sin que el ayuntamiento hubiese intervenido en su adjudicación, y que, después, es la Conselleria de Vivienda la que se encarga de visar los contratos para precisar si los compradores cumplen los requisitos económicos establecidos como valores límite. Al respecto, ha incidido en que nadie había modificado esos aspectos en ese reglamento desde su aprobación, "tampoco el Consell del Botànic", ha enfatizado.
Sin control sobre la posible reventa
A partir de ahí, según ha indicado, el ayuntamiento no puede conocer si posteriormente esas viviendas se han podido ofrecer en alquiler o tratar de revender de forma fraudulenta, por lo que se ha decidido acudir a Fiscalía para que sea esa instancia la que inicie las averiguaciones pertinentes en ese sentido, después de que haya trascendido la publicación de anuncios en distintos portales inmobiliarios en los que se ofrecían algunos de esos pisos con precios superiores a los pagados en su adquisición en el seno de la cooperativa, de entorno a 215.000 euros, según precisaron fuentes de su entidad gestora.
Por lo pronto, lo cierto es que los pisos de VPP si pueden revenderse a terceros, aunque para ello se debe contar con autorización previa de la propia Conselleria de Vivienda que, además, es quien marca un precio máximo tasado. De ahí que cualquier otro mecanismo que trate de revender esos inmuebles bajo otras condiciones -se ha llegado a difundir intentos de venta mediante pagos no declarados- constituiría como mínimo una irregularidad administrativa.
Sea como fuere, sobre la denuncia presentada por el equipo de gobierno, Villar ha apuntado que en ella se expone una correlación de hechos, sin llegar a precisar qué tipo de delito podría haberse cometido, con el fin de que fuese la Fiscalía quien abordase las averiguaciones que considerase oportunas. Eso sí, ha insistido en que el objetivo de esa denuncia era "ver y comprobar la actuación de los posibles implicados" entre los funcionarios municipales, y sea la Fiscalía quien certifique "que la finalidad para la que se licitó ese suelo público haya llegado a las personas indicadas", de forma que la subasta tuviese los fines de favorecer el acceso a la vivienda a personas con un nivel de recursos económicos concretos para los que se licitó el solar. Además, ha apuntado el objetivo es que la Fiscalía "investigue todo el procedimiento donde el ayuntamiento no puede llegar, desde la venta de la parcela hasta la escrituración de las viviendas y cualquier circunstancia que haya pasado, incluida, la casuística de la reventa posterior", ha precisado.
Al tiempo, Villar ha indicado que ya se había concluido la instrucción del expediente de averiguación de hechos aperturado a instancias del alcalde y que también se ha convocado ya el pleno extraordinario solicitado por las tres formaciones del eje progresista que ejercen funciones de oposición para que el propio primer edil ofrezca explicaciones sobre lo sucedido. Esa sesión se celebrará este próximo jueves. Así, ha emplazado cualquier avance respecto al contenido de ese informe a la intervención de Barcala, sin llegar a concretar si se ha podido constatar que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, hubiese tenido algún tipo de participación en el expediente relacionado con la venta de la parcela a partir de junio de 2023, cuando se convirtió en edil, como el trámite de la concesión de licencia.
Villar sí ha concretado que Gómez había registrado su renuncia efectiva al acta de concejal en la mañana de este lunes y que, a partir de ahora, se deberá concretar si el número 16 de la candidatura electoral del PP, Luis Morata, está en disposición de asumir el puesto, sin que por el momento se haya planteado una posible redistribución de las competencias de las que disponía Gómez (asumidas provisionalmente por el propio Villar desde hace cerca de de cinco meses, cuando la ya exedil registró su baja médica) ni las del resto de concejales que forman parte del equipo de gobierno.
Sin expedientes a funcionarios
Además, el vicealcalde también ha apuntado que, por el momento, no se había adoptado ningún tipo de medida disciplinaria respecto a los funcionarios de los que se tenía constancia que habían tenido algún tipo de vinculación con la compra de esas VPP. Así, ha señalado que la exdirectora general de Organización Interna sigue desempeñando su puesto anterior al que ha regresado tras el registro de su renuncia al puesto de directora general como jefa del área de Contratación. De hecho, Villar ha señalado que, de lo actuado hasta el momento, "no consta que haya cometido irregularidad" que motivase la posibilidad de relegarla de esa responsabilidad concreta. Como máximo, Villar ha dicho que "valoraremos a nivel interno" esa hipótesis "pero de todo lo que tenemos no nos consta que ella haya cometido irregularidad", ha añadido.
Tampoco se ha abierto todavía ningún expediente disciplinario respecto a los dos arquitectos municipales que también habrían adquirido pisos de la promoción como socios cooperativistas. En todo caso, Villar ha apuntado que se estaba a la espera de conocer la identidad de la arquitecta casada con el funcionario de la Conselleria de Vivienda expedientado por el departamento autonómico después de que se constatase que había validado sus condiciones para convertirse en compradora de un piso de Residencial Les Naus, ocultando que él mismo formaba parte de la unidad familiar y que, por tanto, no podía cumplir los requisitos económicos establecidos como límite (6,5 veces el IPEM).
En cualquier caso, Villar sí ha anticipado que se preveía cotejar la relación de adquirientes de las viviendas de la cooperativa con la relación de nombres de los funcionarios municipales con el fin de evaluar si pudo haberse cometido algún tipo de anomalía y, en ese caso, actuar "con la máxima contundencia", ha señalado. Eso sí, ha asegurado que no se trataba de poner en marcha "una caza de brujas", sino de comprobar si pudo existir irregularidades que mereciesen la apertura del correspondiente expediente.
Reacciones políticas
La comparecencia de Villar ha propiciado valoraciones políticas posteriores como la ofrecida por la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, quien ha señalado que si Barcala comparece el jueves en el pleno extraordinario no es de forma voluntaria, "sino porque la oposición le ha forzado a dar explicaciones en una sesión extraordinaria". "Los hechos son cada vez más graves y hoy hemos conocido que incluso se ha producido reventa de pisos y de garajes. Los audios no es que sea un escándalo, es que son un fraude a la hacienda pública y a la Administración, son de una gravedad extraordinaria. No nos vale con que Barcala diga ahora que no tenían la obligación de controlar las adjudicaciones porque no lo dice la ley. Deben existir controles en la adjudicación de viviendas que se han construido sobre una parcela pública, y esa es una responsabilidad del Ayuntamiento y, por tanto, del alcalde, que ha hecho una dejación de funciones total y absoluta", ha considerado.
Barceló ha recordado que el PSOE ha interpuesto una denuncia por la supuesta comisión de hasta cinco delitos (prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal). "No nos vale con que Barcala diga ahora que ha ido a la Fiscalía y ni siquiera ha calificado los hechos con los presuntos delitos que se pueden haber cometido, cuando el Ayuntamiento tiene la suficiente capacidad con abogados y técnicos para hacerlo de forma rigurosa", ha añadido.
Por último, para la portavoz socialista, "es inadmisible que desde Génova se lance el mensaje de que Barcala está actuando con diligencia, cuando todo el mundo está viendo cómo el escándalo aumenta día tras día con nuevas informaciones que ponen en entredicho la absoluta falta de controles por parte del gobierno municipal del PP". "Las dimisiones no son suficientes. Se ha hecho una dejación de funciones indecente y vamos a exigir responsabilidades penales y políticas", ha considerado.
