VALÈNCIA. Vox ha conseguido en los últimos días, merced a sus acuerdos autonómicos en Extremadura y Aragón, imponer en la agenda política española su debate en torno al concepto de 'prioridad nacional'. Una visión que ha incomodado al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, provocando ciertas discrepancias en las posiciones de los distintos barones autonómicos de la formación de la gaviota.

Así, mientras en algunas de las comunidades autónomas donde se ha llegado a pactos de gobierno o allí donde los votos del partido de Abascal son necesarios (como ocurre en la Comunitat Valenciana) se ha optado por asumir la premisa de Vox o al menos tratar de navegar junto a ella, en otras regiones donde el objetivo es mantener la mayoría absoluta como Andalucía o Madrid, toman distancia o critican abiertamente la mencionada 'prioridad nacional'.

En este contexto, resultan relevantes las manifestaciones del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, pronunciadas este lunes en el desayuno informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea.

Así, el representante empresarial se mostró crítico con el concepto impulsado por Vox y lo consideró de "dudosa constitucionalidad". Además, animó al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a lograr un acuerdo para sacar adelante los presupuestos, pero con matices: "Lógicamente, los tenemos que sacar con respeto a las personas y esa prioridad nacional en este momento es muy discutible. Situaciones como esta nos llevan a lo de las dos Españas", argumentó.

En esta línea, Lafuente insistió en que su "prioridad nacional" es "recuperar el diálogo". "No soy jurista, pero por lo que oigo, la dudosa constitucionalidad está encima de la mesa. Por lo tanto, algo que es dudoso yo no lo continuaría, y lo que sí que pedimos es que sepan negociar y ceder", comentó.

Una postura que, en cierto modo, se alinea con otras declaraciones públicas que han realizado referentes del PP en los últimos días. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda la legalidad del concepto de prioridad nacional establecido en el pacto extremeño. "No puedes dejar a nadie ilegalmente fuera de requisitos para los que tiene derechos. Pienso que muchos de esos requisitos no son legales y se va a tener que cumplir la ley. El tiempo lo pondrá todo en su sitio", señaló días atrás. 

También otros barones como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su homóloga balear, Marga Prohens, han puesto distancia con estos acuerdos y con el concepto de prioridad nacional. "Ahora se han sacado la prioridad nacional, que lo va a solucionar todo", criticó en un mitin reciente esta última, que además tildó la iniciativa de "populista".

Unas posiciones tanto en el PP como en la patronal valenciana que evidencian la distancia con el concepto impulsado por Vox y que obligan al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a navegar puesto que necesita de los votos del partido de Abascal para aprobar los presupuestos. De hecho, en los últimos días el jefe del Consell ha tratado de mostrar cierta equidistancia y evitar en la medida de lo posible una posición clara sobre esta cuestión en sus declaraciones públicas.