VALÈNCIA. El sector del taxi no ha tardado en reaccionar al nuevo marco regulatorio del taxi y las VTC en la Comunitat Valenciana. Aunque de momento el sector sólo conoce las líneas principales del decreto aprobado el pasado viernes en términos generales, algunas asociaciones ya han advertido de que preparan demandas mercantiles y querellas penales contra el Consell por permitir que los vehículos con conductor realicen servicios urbanos y eliminar los 15 minutos de espera entre la contratación y el servicio, dos aspectos que eran líneas rojas para el servicio público.

"Vemos muy claro que todo lo que han aprobado va contra el taxi y contra el modelo actual del taxista autónomo profesional. Quieren poner el transporte urbano en manos de empresas, concediendo autorizaciones urbanas de VTC a dedo a cuatro empresas", afirma Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana. El portavoz asegura que no tardarán en reclamar indemnizaciones. "Vamos preparar querellas y demandas mercantiles. Estamos totalmente en contra de casi todo lo que pone en el comunicado", agrega.

Este representante considera que las medidas que la conselleria de Vicente Martínez Mus califica de concesiones al taxi "realmente sólo favorecen" a los grandes propietarios de licencias mientras penalizan a los autónomos: "A la mayoría de los taxistas no les dan nada. A los cuatro especuladores que hay dentro del taxi les dan la posibilidad de acumular licencias. Al noventa y cinco por ciento de los taxistas les crean otro problema", asegura. Por este motivo, también se plantean acudir a Bruselas. "Denunciaremos en Europa porque consideramos que están dando ayudas de Estado a empresas", apuntan.

Pero, ¿qué dicen los representantes e las VTC? Pese a que el contenido del decreto satisface algunas de las reivindicaciones principales del sector, las patronales Unauto VTC y Movva apuntan a que este decreto está lejos de ser una solución definitiva. "Esperaremos a la publicación oficial del Decreto-ley para hacer una valoración completa. Pero si se confirma lo que se ha trasladado hasta ahora, la Comunitat Valenciana no habrá aprobado una solución definitiva, sino una solución temporal que no resuelve el conflicto: lo aplaza", señalan.

Desde la Generalitat recuerdan que los tribunales han tumbado normativas estatales, autonómicas e incluso locales por ser especialmente estrictas con las VTC. Además de abrir definitivamente la puerta a que las plataformas como Cabify y Uber puedan operar en trayectos urbanos sin la obligación de esperar 15 minutos desde la contratación, el Consell también introduce medidas reclamadas históricamente por el taxi.

Entre ellas, destaca la congelación de nuevas licencias tanto para VTC como para taxis ante la avalancha de solicitudes registrada tras el decaimiento de la normativa anterior. La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Generalitat elabore un informe sobre la situación de la movilidad y del propio sector. No obstante, en el caso del taxi sí se contemplan excepciones cuando exista un incremento de la demanda o sea necesario ampliar la flota de vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Además, el Consell endurece el régimen sancionador para tratar de evitar incumplimientos por parte de las VTC. Las multas podrán alcanzar los 6.000 euros e incluso implicar la inmovilización del vehículo en casos como captar clientes en la vía pública sin contratación previa o prestar servicio fuera del ámbito permitido por la autorización.

La norma también modifica aspectos estructurales del taxi. Por un lado, amplía el número máximo de autorizaciones que puede acumular un titular, que pasa de una a tres licencias (o hasta cinco en el caso de vehículos adaptados), una medida con la que la Generalitat pretende favorecer la contratación de conductores y aumentar la oferta sin incrementar el número total de permisos.

Asimismo, desaparece la exigencia de dedicación exclusiva al taxi, aunque seguirá siendo incompatible simultanear esta actividad con una licencia VTC. También se flexibiliza la transmisión de licencias por herencia y se permite a los municipios abandonar las áreas de prestación conjunta si así lo deciden.

Desde la Conselleria defienden que el texto busca un "equilibrio" entre dos modelos enfrentados y sostienen que el principal beneficiario debe ser el ciudadano "en un contexto de aumento de la movilidad". Una tesis que, sin embargo, previsiblemente volverá a abrir el choque con un sector del taxi que llevaba años defendiendo mayores restricciones a las VTC, sobre todo con el impedimento de realizar servicios urbanos.

Modelo empresarial

El conflicto enfrenta también dos modelos empresariales opuestos: el taxi tradicional, sujeto a tarifas y licencias limitadas, frente a plataformas digitales con estructuras de flota y precios flexibles.

El taxi defiende su modelo tarifario regulado frente a la libertad de precios de las VTC. Critican que estas plataformas puedan aplicar precios dinámicos y modificar sus tarifas en función de la demanda.

Sin embargo, el debate sobre el precio fijo también divide al sector. La Confederación de Taxistas Autónomos teme que publicar precios cerrados facilite que las VTC ajusten sus tarifas para competir directamente con esa ventaja.