VALÈNCIA. Ya ha pasado casi año y medio desde que se conociera la sentencia de la pieza de los zombies de Imelsa y Ciegsa dentro del conocido como caso Taula. Aquel fallo de la Audiencia de Valencia condenó 19 personas por contrataciones de empleados en ambas empresas públicas que no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto. Entre los condenados se encontraban el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el exgerente de Imelsa, Marco Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero'. Pero quedaba una persona por juzgar 'en diferido'.

Se trata de uno de los empleados zombies que había estado supuestamente trabajando en la compañía pública dependiente de la Diputación de Valencia pero que, según declaró, realmente prestaba sus servicios en el PSPV. Había quedado apartado de la causa porque en la primera sesión del juicio sorprendió pidiendo cambiar de abogada alegando que había sido contratada por el PSPV y no defendía sus intereses. Así, para evitar una dilación en el procedimiento, la Audiencia acordó que sería juzgado en una pieza separada más adelante.

El momento de juicio para este exempleado de Imelsa, Francisco Cañizares, había llegado este miércoles, cuando según ha podido saber Plaza de fuentes próximas, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y ha asumido los hechos que se le imputaban. Ha seguido así el camino que ya eligieron en su momento once acusados en una situación similar, que confesaron los hechos y obtuvieron un atenuante de la pena por confesión. De hecho, sus testimonios aparecen como fundamentales a la hora de establecer las condenas. 

La oncena de zombis fueron condenados finalmente a siete años de prisión y a la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En ese sentido, según han confirmado a este diario las fuentes consultadas, se le aplicará a Cañizares una pena similar, aplicándole además del atenuante de confesión, también el atenuante de dilaciones indebidas y de reparación de daño.

En el fallo de 2023 la Audiencia consideró probado que el exalcalde de Gestalgar, Raúl Pardos (PSPV), consejero de Imelsa entre 2013 y 2015, firmó dos certificados manifestando que Cañizares era un asesor que estaba adscrito a su cargo. Certificaciones que la Audiencia considera "mendaces" dado que, realmente, no prestaba los servicios para la compañía pública. Cañizares llegó a confesar que no conocía al consejero para el que aparentemente asesoraba. De ahí que condenara al dirigente socialista por el delito de falsedad a cuatro meses de suspensión de empleo o cargo público.

El fallo condenó al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, a cinco años de prisión y otros 14 de inhabilitación; a cinco años de cárcel tanto al exgerente de Imelsa, Marco Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero', y al exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla. El que fuera jefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis, fue condenado a un año de suspensión de empleo o cargo público. Con todo, les absolvió de pertenencia a organización criminal.

Además, fueron condenadas otras 15 personas: entre ellas, los que fueran directora de Recursos Humanos y director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc respectivamente (cuatro años y cuatro meses de prisión); José Estarlich, considerado como testaferro de Benavent, y un empresario, estos dos últimos a siete meses de cárcel.