VALÈNCIA (EP). Piquetes informativos y manifestaciones en València, Alicante, Castelló de la Plana y Elx marcan la agenda del primer día de huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, que arranca este lunes, 11 de mayo, convocada por cuatro organizaciones sindicales --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- y con el apoyo también de ANPE.

El calendario de acciones para la primera semana de la protesta prevé que mañana lunes se concentren piquetes informativos a primera hora en los centros educativos. A mediodía, habrá manifestación en Elx, Alicante, València y Castelló.

Ya el martes, por la mañana se llevará a cabo una pegada de carteles reivindicativos y, por la tarde, encierros en los centros. La hoja de ruta sindical ha programado concentraciones el miércoles 13 de mayo a las puertas del Palau de la Generalitat y las delegaciones del gobierno autonómico --Casa de las Brujas en Alicante y Casa de los Caragols en Castelló-- a las 12:00 horas.

Para el jueves, las concentraciones se trasladarán a la Conselleria de Educación y a las Direcciones Territoriales provinciales, a las 12:00 horas, y el viernes 15 de mayo se desarrollará una "gran manifestación unitaria" en València, a las 12:00 horas, que saldrá de la Plaza de San Agustín.

La huelga indefinida llega tras semanas de desencuentros entre la administración y los sindicatos docentes, que acusan a la Conselleria de Educación de "burlarse" del colectivo docente y negarse a entablar una "negociación real" sobre sus reivindicaciones. Estas peticiones pasan por una mejora de sus retribuciones --ya que los profesionales valencianos se encuentran a la cola de las retribuciones en España y la parte autonómica de su salario no se actualiza desde 2010, recalcan los convocantes del paro--, pero van más allá, puesto que reclaman actuaciones en infraestructuras, bajada de ratios o protección de la lengua valenciana, entre otros puntos.

El pasado jueves, la Mesa Sectorial de Educación, convocada en principio para hablar de burocracia pero ampliada a otros temas a petición de los sindicatos, se había planteado como un "último cartucho" para llegar a un acuerdo que evitara la huelga. Esa entente no se produjo al rechazar los representantes del colectivo docente la propuesta económica de la Conselleria: una subida progresiva de 75 euros brutos al mes hasta 2029, lo que supone unos 25 euros más al mes cada año. "Indigna e irrisoria" fueron algunos de los calificativos que se escucharon por parte de los sindicatos tras la reunión.

Esa misma tarde, se conoció que la consellera, Carmen Ortí, se había dirigido por carta a las familias para señalarles que "hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable". "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", recalcaba en el escrito.

Y es que los servicios mínimos fijados por la Generalitat incluyen que en 2º de Bachillerato tendrán la consideración de servicios mínimos las "actuaciones imprescindibles para la evaluación final tanto ordinaria como extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para acceder a la EBAU".

Recurso a los servicios mínimos

Esta exigencia ha sido una de las que más críticas ha generado entre las organizaciones sindicales, que han tildado de "abusivos" los servicios mínimos fijados y han decidido recurrirlos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

A la espera de la respuesta del Alto Tribunal, STEPV --que presentó el recurso el viernes y señala que el TSJ tiene 48 horas para contestar-- ha hecho llegar al profesorado de segundo curso de Bachillerato un modelo de reclamación de concreciones respecto a los servicios mínimos, ante su "indefinición y ambigüedad". En opinión de esta organización, la resolución, "no especifican los 'actos imprescindibles', lo cual genera incertidumbres e inquietud entre el profesorado afectado".

CSIF informó asimismo el viernes de que su demanda la realiza por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales previsto en los artículos 114 a 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA). Lo hace contra la resolución de servicios mínimos de la Generalitat en Educación y pide adoptar medidas cautelares al amparo del artículo 135 de la mencionada ley.

Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha sostenido que no puede entender que los sindicatos "no estén de acuerdo en proteger" a los alumnos de Segundo de Bachillerato que "necesitan esta protección porque lo que va a pasar en sus vidas en estos días va a ser un condicionante para toda su vida".

Además, la autoridad laboral determina que en todos los centros públicos deberá permanecer una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas y en los de Infantil y Primaria, además, un docente por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades. En primer ciclo de Infantil, acudirán dos educadores/as o técnicos/as de gestión cuando el centro tenga cinco o menos unidades, y tres en el caso de más de cinco unidades.

Por su parte, en los colegios que impartan enseñanzas de 2-3 años, se determina la presencia de un docente o educador o técnico de gestión por cada etapa educativa. En los centros específicos de Educación Especial, serán tres educadores por cada cinco unidades.

En los centros en Secundaria, Bachiller, FP, enseñanza de idiomas y artísticas, además, un profesor/a por etapa educativa, con un mínimo de uno/a por cada diez unidades.

En los centros de enseñanza con internado, además de los servicios establecidos de acuerdo con la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de un día festivo. En los centros educativos que cuenten con servicio de comedor escolar gestionado por personal empleado público, debe garantizarse un mínimo del 60 por ciento del personal de cocina, al objeto de asegurar el funcionamiento básico del servicio y las condiciones de seguridad alimentaria. No obstante, en centros educativos de Educación infantil de primer ciclo y en específicos de Educación Especial, se garantizará el menos el 80% del personal habitual asignado, por tratarse de colectivos de especial protección.

Por último, en todos los centros tendrá que permanecer una persona con funciones administrativas con la finalidad de asegurar el desarrollo del proceso de matriculación y admisión del alumnado para el curso 2026/2027.

Posición de las familias

Entre las familias, la Confederació de AMPA de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' --la mayoritaria de asociaciones de la escuela pública-- ha manifestado su "apoyo" a las movilizaciones. "Las familias apoyamos las protestas porque nos preocupa el futuro de nuestras hijas e hijos, vivimos diariamente los retrocesos en la escuela pública y padecemos la inoperancia política que se arrastra desde la etapa de (José Antonio) Rovira y que continúa ahora con la consellera Ortí".

Desde la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana (Covapa), sin embargo, no se comparte la convocatoria de huelga indefinida y se advierte del "impacto" que puede tener sobre el alumnado.

La última palabra de este conflicto aún no está escrita. De hecho, la consellera Ortí señalaba el viernes que, a pesar de no haber llegado a un acuerdo con los sindicatos, no da por "rota" la negociación, aunque asumía que la huelga indefinida empezaría este lunes.