VALÈNCIA. El exdiputado autonómico y exconcejal del Ayuntamiento de València Jorge Bellver ha recurrido la providencia por la que la jueza del caso Azud acordó recibirle declaración en calidad de investigado. En un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 13 de València, la defensa del actual director general de Relaciones con Las Cortes de la Generalitat Valenciana solicita dejar sin efecto la resolución y reclama el archivo de las actuaciones al considerar que la decisión es “nula de pleno derecho” y “lesiona gravemente sus derechos”.
Bellver fue citado a declarar como investigado en el marco de la pieza principal del caso Azud, la presunta trama de mordidas y regalos a cambio de beneficios urbanísticos y adjudicaciones en el Ayuntamiento de València al conglomerado empresarial de Jaime Febrer durante los mandatos de Rita Barberá, donde Bellver ejerció como concejal de Transportes y edil de Urbanismo hasta 2012. Con todo, el recurso del exedil, presentado el pasado viernes y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, sostiene que su imputación se ha acordado “sin fundamentación de ningún tipo” y “atendiendo únicamente a la solicitud del Ministerio Fiscal”.
Según la representación de Bellver, dicha petición parte de una “premisa errónea”, pues la Fiscalía hace referencia a un auto de 2019, cuando el político popular era diputado de Les Corts Valencianes y, por tanto, aforado. Por ello, entonces no era "posible" que el juzgado de instrucción pudiese acordar su investigación porque "no tenía competencia para hacerlo”, apunta el escrito. Solo el Tribunal Superior de Justicia podía investigarle.
Así pues, la defensa adjunta al recurso una certificación del secretario general de Les Corts que acredita que Bellver ostentó la condición de diputado desde 2011 hasta 2023, al formar parte de la Diputación Permanente. “Durante este período el juez de instrucción carecía de competencia para acordar la investigación del señor Bellver”, se recalca en el escrito, que cita además doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre la tramitación de causas que afectan a aforados.
La letrada subraya también la falta de motivación de la providencia impugnada, que, a su juicio, "no solo silencia totalmente cuáles serían los indicios que justificarían en este momento, tras más de ocho años de investigación", dirigir la investigación contra el dirigente sino que tampoco explica “qué ha cambiado” desde 2021, cuando el juzgado consideró que no existían indicios suficientes para elevar exposición razonada al TSJ. “Semejante cambio de consideración procesal habría merecido una motivación respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva”, añade la defensa en ese sentido.
Asimismo, el recurso invoca la prescripción de los posibles delitos pues los hechos se situarían en el año 2007, de manera que. En ese sentido, y como la investigación solo podría entenderse dirigida contra Bellver a partir de la providencia de octubre de 2025, el escrito considera "palmario" que los hechos estarían prescritos.
La 'operación Colegios'
Según la investigación, el exedil podría haber estado implicado en una de las principales operaciones urbanísticas bajo lupa, el conocido como 'caso Colegios', una permuta del Ayuntamiento para entregar varias parcelas a una compañía del presunto corruptor, el empresario Jaime Febrer, a cambio de que esta asumiera una deuda del Ayuntamiento. Pero el intercambio se hizo, según la instrucción, adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca, y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.
La maniobra habría resultado en beneficio económico para el promotor una funcionaria del área de Urbanismo, que intervino en el expediente, acusó ante la jueza a sus superiores, entre los cuales estaba el concejal del ramo, de ocultarle información de relevancia. Lo cual habría permitido que todo siguiera adelante sin problemas.
