VALÈNCIA (EFE). La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha pedido al Instituto de Medicina Legal de Valencia que amplíe el informe de autopsia de una víctima mortal a fin de reflejar en el mismo que estaba embarazada de más de seis meses, de tal forma que se pueda reconocer al nonato como víctima.

La instructora señala en la resolución que esta mujer "albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre que también pereció el 29 de octubre de 2024" y añade que a través de su inscripción en el Registro Civil "podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día".

La jueza argumenta que la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil establece, en su disposición adicional cuarta, la obligatoriedad de que figure en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, el fallecimiento ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, pudiendo los progenitores otorgar un nombre.

La pretensión de inclusión del nonato como otra víctima se sustenta en la modificación del Registro Civil y podrán tener un nombre, según la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública Orden 876/2023, de 31 de julio.

Entre las 228 personas fallecidas el pasado 29 de octubre figura una mujer embarazada de ocho meses, "una vida humana dependiente de su madre que también pereció" el día de la dana.

"A través de la inscripción en el Registro Civil podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día", añade la jueza.

Por ello acuerda oficiar al Instituto de la Medicina Legal de Valencia para que amplíe el informe de autopsia en relación al feto de la mujer, y que se especifique que estaba embarazada de más de 6 meses, según el parte médico aportado por sus familiares.

Paralelamente, la jueza ha dictado y notificado este jueves una diligencia de ordenación por la que se cita a declarar entre los meses de julio y septiembre próximos a una veintena de personas como perjudicadas por los fallecimientos de sus familiares, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).