VALÈNCIA. La Intervención General de la Generalitat Valenciana, en colaboración con el auditor interno del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), ha emitido un informe definitivo de auditoría correspondiente al ejercicio 2024. El documento forma parte del Plan Anual de Auditorías del Sector Público para 2025 y evalúa el cumplimiento normativo y la gestión económico-financiera de la entidad.

El informe analiza áreas clave como personal, contratación, encargos, convenios, gestión de tesorería e integridad institucional. En cada una de ellas se identifican observaciones, limitaciones al alcance y recomendaciones específicas.

Contratación pública

La gestión contractual ha sido calificada como desfavorable. El informe indica la falta de planificación anual y la utilización reiterada de contratos menores para cubrir necesidades estructurales, lo que podría contravenir la normativa vigente. También se detectan retrasos en los pagos, ausencias de resoluciones formales de gasto, documentación incompleta en la fase de ejecución y carencias en la justificación de modificaciones contractuales.

Durante 2024 se certificaron 718 gastos sin expediente de contratación, por un importe de 1,17 millones de euros, de los cuales el 85 % correspondía a servicios. Tampoco se aplicaron procedimientos de revisión de oficio en estos casos, tal como establece la legislación.

El área de personal recibió una valoración de favorable con salvedades y limitaciones. Se mantiene la coexistencia de varios convenios colectivos sin unificación, y existen contratos laborales temporales que podrían superar la duración máxima legal, lo que ha generado reclamaciones judiciales. Además, debido a la falta de autorización de la masa salarial por parte de la Dirección General de Presupuestos, no fue posible emitir una opinión completa sobre la legalidad de las retribuciones.

Tesorería y control financiero

La auditoría califica la gestión de tesorería como desfavorable. Durante la mayor parte del ejercicio, IVASS operó sin normativa interna formalmente aprobada para la gestión de pagos por caja fija. También se detectan debilidades en el control de datos de terceros y en el sistema informático contable, que no permite restringir permisos entre usuarios.

El informe identifica deficiencias en la implantación de medidas de integridad, como la falta de difusión del Código Ético, la ausencia de formación al personal y la no adaptación del canal interno de denuncias a la Ley 2/2023. Asimismo, no se ha implantado de forma generalizada el uso de declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACIs) en los procedimientos de gestión.

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a corregir las deficiencias detectadas. Entre ellas se incluyen la elaboración de un plan de contratación, la mejora del control de los contratos menores, la formalización de procedimientos escritos en materia de pagos y terceros, y la implementación de medidas de integridad institucional y formativas.

El IVASS ha atendido los requerimientos de información, aunque parte de la documentación remitida resultó incompleta, lo que limitó el alcance de algunas pruebas. La Intervención General ha señalado que algunas incidencias ya se habían identificado en auditorías previas y continúan sin resolverse.